Faltan 2.000 policías penitenciarios, 300 investigadores renunciaron y apenas hay 126 oficiales de tránsito por turno para todo el país. La sobrecarga en los tribunales de crimen organizado y el déficit de fiscales agravan el problema
El viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias, hizo ver a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la existencia de un déficit de 2.000 policías penitenciarios no solo requeridos para proveer seguridad, sino también para desarrollar los programas de reinserción social de los privados de libertad. Los oficiales son necesarios para acompañar a los técnicos en salud, educación y psicología en su interacción con los internos.
Allí mismo, en el Ministerio de Justicia, apenas hay nueve funcionarios encargados de revisar unos 380 casos mensuales de personas sentenciadas para valorar si deben completar sus condenas en regímenes de confianza o, por el contrario, es mejor mantenerlas en las cárceles.
La Policía de Tránsito disponía de 1.043 oficiales en el 2014 y ahora apenas tiene unos 700, no obstante el aumento del parque vehicular. Después de excluir a los encargados de labores administrativas, apenas hay 126 por turno para vigilar 32.075 kilómetros de carreteras en todo el país.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, se muestra alarmado por 300 renuncias recibidas en los últimos años. No son pocas si se considera que el número corresponde a personal muy especializado, como investigadores, médicos, peritos e informáticos. El jefe policial teme muchas dimisiones más, fundamentalmente por insatisfacción salarial.
La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) tiene dos tribunales, con tres jueces y un suplente en cada uno. Se encargan de juicios complejos que pueden tardar más de un año. En consecuencia, no dan abasto para atender los casos de crimen organizado, afirma el fiscal general, Carlo Díaz.
Un estudio del Departamento de Planificación del Poder Judicial calcula un faltante de 292 plazas en el Ministerio Público. Cada fiscal auxiliar debe atender hasta 560 expedientes al año, dice el mismo funcionario, para quien esa carga de trabajo triplica, cuando menos, la recomendable.
Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), hay unos 12.600 policías en servicio, pero, de conformidad con los estándares internacionales, hacen falta 4,1 policías por cada 1.000 habitantes. “Si hacemos la conversión, se requerirían 21.000 policías”, dice el exministro Gustavo Mata.
No obstante, la crisis de seguridad ciudadana tocará a su fin apenas los diputados aprueben las leyes sometidas a su conocimiento. Así resolvimos, hace años, la mortandad en accidentes de tránsito. ¿O fue ese otro sueño?
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra alarmado por 300 renuncias recibidas en los últimos años. Foto ilustrativa.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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