EscucharHay ideas que nacen impregnadas de cierto olor a calas, porque el sentido común intuye que tienen escasas probabilidades de convertirse en realidad.
Ejemplo de lo anterior parece ser la propuesta del ministro de Transportes, Luis Amador, de cobrar una cuota por ingresar a San José en vehículo.
La intención del jerarca es eliminar la restricción vehicular, instituida en la capital en el 2004, y establecer, en su lugar, una especie de peaje de unos ¢260.
Amador alega que la iniciativa permitiría recaudar dinero para subsidiar un tren rápido de pasajeros u otra operación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles en la Gran Área Metropolitana.
Sería de esperar que la propuesta esté sustentada en estudios jurídicos, técnicos y financieros; sin embargo, de momento, se desconoce la letra menuda.
En medio de las nebulosas, una primera pregunta básica que surge es qué pasará si la aprobación de este cobro ahuyenta a los automotores de San José.
Si la intención fuera reducir las presas, podría tener mucho sentido, pero como la meta manifiesta es generar recursos, más bien puede tener un efecto adverso.
De aprobarse el proyecto, un conductor de carro particular tendría que pagar cerca de ¢5.200 al mes (¢62.400 al año) por ingresar de lunes a viernes a la ciudad.
Se trata de una suma que a más de uno podría quitarle las ganas de darse un “avenidazo” o motivarlo a utilizar con mayor frecuencia las calles periféricas.
Una caída en el flujo vehicular en San José podría comprometer los proyectos, que según el ministro se financiarían mediante el cobro propuesto.
Además, resulta curioso que se mencione el tren como un gancho, pues ni siquiera se cuenta con el diseño de la obra que la administración Chaves dice querer realizar.
Por otra parte, ¿será legal y razonable imponer a los conductores que pagan el derecho de circulación un segundo cobro por manejar en un lugar específico del país?
Esta es una duda que posiblemente terminará resolviendo la Sala Constitucional, si el plan de Amador consigue los votos requeridos para ser aprobado en el Congreso.
Ojalá el gobierno detalle pronto los pormenores de esta iniciativa que, por el momento, más parece una ocurrencia que una solución.
