EscucharNUEVA YORK– En el informe del año pasado Pathways for Peace (Caminos para la paz), resultado de un estudio conjunto de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, el secretario general de la ONU, António Guterres, advierte que el mundo enfrenta un “resurgimiento dramático” de conflictos violentos que causan un inmenso sufrimiento humano y debilitan considerablemente el orden mundial.
No solo la guerra está en aumento. Según una nueva investigación de la organización Small Arms Survey, 589.000 personas (incluidas 96.000 mujeres y niñas) sufrieron en el 2017 una muerte violenta; es decir, 7,8 por cada 100.000 personas, la segunda tasa más alta desde el 2004. El incremento obedece a una oleada de homicidios.
De seguir las tendencias actuales, las muertes violentas aumentarán más del 10 % de aquí al 2030, hasta llegar a 660.000 al año. Si la mortandad en contextos bélicos sigue creciendo (debido al estallido de nuevos conflictos armados o la escalada de los actuales) y las tasas de homicidio nacionales comienzan a involucionar hacia los peores índices dentro de cada región, en el 2030 morirán en forma violenta más de un millón de personas al año.
¿Estamos dispuestos a aceptar una realidad en la que una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual en algún momento de su vida? ¿Ignoraremos a los 1.000 millones de niños que son víctimas de violencia grave cada año? ¿Podemos mirar para otro lado cuando el homicidio es la cuarta causa de muerte juvenil en todo el mundo? Y esto sin hablar de las consecuencias indirectas de la violencia, incluidas las que afectan el desarrollo económico.
El objetivo principal del orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial fue promover y mantener la paz y la seguridad en el mundo. Asimismo, una obligación fundamental de los gobiernos nacionales es proveer seguridad a sus poblaciones, lo cual incluye mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Incluso a nivel municipal, es común que alcaldes y otros dirigentes locales centren sus plataformas de campaña en la reducción de la violencia y que los votantes los juzguen según su capacidad para darle una respuesta eficaz y justa.
Conforme nos acercamos al 2020, muchos se preguntan si nuestras estructuras de gobierno están a la altura de la tarea. Pero si coincidimos en que esta escala de violencia es inaceptable, la muy buena noticia es que tenemos medios para el cambio. Hoy, más que nunca, el mundo posee conocimiento, herramientas, estructuras institucionales, instrumentos legales y capacidad de recolección de datos para alcanzar la meta de reducir significativamente “todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo”.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los ODS, provee una base para la cooperación entre países de todas las regiones y niveles de ingresos. Con su promesa de “llegar primero a los más rezagados”, alienta iniciativas puntuales que ayuden a países y comunidades cuyas sendas de desarrollo sostenible hoy están impedidas por la violencia, la inseguridad y la injusticia.
El éxito demandará estrategias de prevención de la violencia multisectoriales y basadas en las pruebas, que apelen a los datos para determinar la magnitud del problema, identificar factores de riesgo y de protección, guiar la ejecución y permitir un seguimiento del impacto y de la relación costo‑beneficio. Felizmente, ya hay marcos para esa clase de medidas.
Por ejemplo, el Informe sobre la Situación Mundial de la Prevención de la Violencia identifica seis estrategias que constituyen una “inversión inmejorable” para la prevención de la violencia interpersonal. ONU Mujeres, en cooperación con diversos organismos internacionales, propuso un marco de acción para reducir la violencia contra la mujer. Y una entidad similar identificó siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños.
También hay investigaciones que describen intervenciones basadas en pruebas para reducir la violencia en áreas urbanas, entre ellas “una vinculación proactiva con la Policía y otros actores civiles para mejorar la legitimidad y reforzar la cohesión social”. En algunos casos, esas medidas lograron una reducción de homicidios superior al 50 %.
Este creciente corpus de investigación respecto del mejor modo de encarar la violencia está dando forma a estrategias integrales en los niveles subnacional, nacional y regional que responden a las necesidades de países y regiones con distintas problemáticas de violencia. Estas estrategias combinan acciones puntuales para reducir las peores formas de violencia a corto plazo con iniciativas a más largo plazo para la construcción de sociedades más pacíficas. Su eficacia depende de que tengan en cuenta la naturaleza interconectada de las amenazas; de hecho, las soluciones mejor diseñadas previenen varios tipos de violencia a la vez.
Es una epidemia evitable. Si ponemos en acción nuestro conocimiento colectivo sobre el modo de reducir la violencia y el conflicto en los lugares donde es más necesario, reduciremos a la mitad la violencia global en los próximos diez años.
Rachel Locke: directora de Impact:Peace en el Instituto para la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego.
David Steven: investigador superior y director asociado en el Centro sobre Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, es director de la red de países pioneros para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Son coautores de la reciente serie de ensayos “Driving Transformative Change: Foreign Affairs and the 2030 Agenda”.
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