EscucharNUEVA DELHI– Cuando se trata de la economía global, hay medidas inmediatas que el presidente Joe Biden puede tomar para impulsar las perspectivas del mundo y, en especial, de las economías en desarrollo.
Sin duda, los límites del liderazgo global de Estados Unidos son significativos. Después de la presidencia de Trump, hasta los aliados más estrechos de Estados Unidos albergan ciertas dudas sobre su fiabilidad y valores y sobre la eficacia de su gobierno.
La respuesta fallida de la administración Trump contra la covid-19, incluida una distribución inepta de la vacuna, reforzó la percepción de descalabro nacional.
La insurrección del Capitolio —que Trump incitó, con el objetivo de alterar la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden— la llevó a casa.
Incluso en el frente económico, Estados Unidos no está ni cerca de ser tan dominante como lo era hace diez años, mucho menos hace una generación.
Si a eso sumamos una mayoría demócrata muy delgada en el Senado de Estados Unidos, la capacidad de la administración Biden de implementar políticas económicas que repercutan positivamente a escala mundial parecerían limitadas.
Pero no es así. Biden no necesita del apoyo parlamentario para tomar medidas que tendrían beneficios de amplio alcance para los estadounidenses y para el resto del mundo.
La primera es abandonar todas las objeciones a una propuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de dispensar temporalmente ciertas obligaciones de propiedad intelectual en respuesta a la covid-19.
La propuesta —presentada por la India y Sudáfrica y copatrocinada por otros países en desarrollo— apunta a eliminar barreras para un acceso oportuno a productos médicos asequibles relacionados con la «prevención, contención o tratamiento» de la covid-19.
Asimismo, la OMC estipula las emergencias de salud pública como una causa adecuada dentro del acuerdo Trips para emitir licencias obligatorias que autorizarían a más empresas para que produjeran medicamentos esenciales. Es difícil imaginar una situación más apropiada para la activación de esta cláusula.
Un precio más bajo de las vacunas y de los medicamentos contra la covid-19 beneficiaría a todos, inclusive a las economías avanzadas, cuyos presupuestos públicos están bajo una tensión considerable. Sin embargo, Estados Unidos ha liderado las economías avanzadas en la iniciativa de bloquear la propuesta. Esto beneficia solamente a un grupo: a las compañías farmacéuticas multinacionales.
No se trata de garantizar que esas empresas recuperen sus costos. Las vacunas contra la covid-19 han sido desarrolladas sobre la base de investigación pública y estuvieron financias casi por completo por presupuestos públicos.
Aun con la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual, las empresas que las han producido obtendrán una rentabilidad muy generosa.
Permitir que estas empresas retengan monopolios de patentes sobre las vacunas contra la covid-19 prolongaría la pandemia para todos —afectando de manera adversa la salud pública y la economía— solo para permitir que unas pocas compañías gigantes se llenen los bolsillos. Sin embargo, si la administración Biden lidera las economías avanzadas en un respaldo de la suspensión temporal, se salvarían incontables vidas y la recuperación económica global se aceleraría.
De la misma manera, la administración Biden no necesita la aprobación parlamentaria para permitir que el Fondo Monetario Internacional ofrezca una nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG) a todos sus países miembro.
Estados Unidos bloqueó el pedido del FMI de este tipo de asignación —por un valor de $500.000 millones— en abril pasado. (La India también bloqueó la solicitud, pero si Estados Unidos retira su objeción, es poco probable que la India se resista. En cualquier caso, la India tiene muy poco poder de voto).
A estas alturas, sin embargo, una asignación de $500.000 millones no alcanza; una asignación de $2 billones sería mucho más eficaz a la hora de impulsar la economía global debilitada.
Naturalmente, incluso los DEG por un valor inicial de $500.000 millones ofrecerían un alivio a corto plazo para un amplio rango de economías en desarrollo, especialmente aquellas con altas cargas de deuda.
Una tercera prioridad debería ser cooperar con otros países para crear un sistema global con el objeto de gravar las ganancias de las multinacionales.
Como ha demostrado la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, esto no sería difícil de hacer. El primer paso es fijar una tasa mínima efectiva del impuesto corporativo del 25 % a escala mundial.
El porcentaje de ganancias de una compañía gravado en un país particular se determinaría según una fórmula que incluya ventas, empleo, usuarios (para las empresas digitales) y capital.
De esa manera, las multinacionales ya no podrían evadir impuestos desviando artificialmente ganancias reportadas a jurisdicciones con menores impuestos.
La administración Trump se opuso vehementemente a ello. Por ejemplo, cuando Francia decidió gravar las ganancias de gigantes digitales de Estados Unidos como Facebook, Apple y Google, impuso aranceles resarcitorios, con el argumento de que el impuesto discriminaba a las empresas estadounidenses.
La administración Biden debería hacer exactamente lo contrario y trabajar con otros países para garantizar una victoria para los Gobiernos y la gente de todo el mundo.
Biden ya tomó la medida final que impulsará de inmediato la economía global al sumarse al acuerdo climático de París.
Al hacerlo, Estados Unidos se compromete no solo a cumplir las metas específicas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también a ofrecer asistencia financiera a los países en desarrollo vulnerables.
Si bien el Acuerdo de París tiene sus limitaciones, hoy por hoy es nuestra mejor esperanza para descarbonizar la economía mundial. Y la influencia de Estados Unidos es esencial para que funcione.
Por cierto, después de que Trump anunció en el 2017 que estaba retirando a Estados Unidos del acuerdo —con el argumento de que colocaba una «presión económica injusta» sobre los trabajadores, las empresas y los contribuyentes estadounidenses— algunos países redujeron sus compromisos.
Más recientemente, por el contrario, economías influyentes, desde China hasta la Unión Europea, hicieron nuevas promesas ambiciosas. Hasta las empresas de Estados Unidos comenzaron a reconocer que invertir en una transición verde redunda en beneficio propio.
Al volver a comprometerse con el Acuerdo de París, Biden acelerará el progreso global en el terreno del cambio climático y ofrecerá un respaldo adicional a la recuperación económica pospandemia. Es de esperar que su administración también aproveche rápidamente las otras oportunidades.
Jayati Ghosh: secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates, es economista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.
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