El abogado costarricense Sergio Ugalde Godínez fue nombrado recientemente juez de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
No es casualidad. Quienes crean que obtener el puesto le fue fácil, poco saben de la forma como opera el tortuoso andamiaje de la política local e internacional; sin embargo, su mérito estuvo en su determinación y en el desempeño en los puestos que ha ocupado a lo largo de su carrera.
Que un costarricense lograra la elección, especialmente en una tan reñida como esta, es un triunfo nacional. Solo Elizabeth Odio Benito había ocupado el cargo en la Corte, pero propuesta por Panamá.
El buen nombre no se hace solo, precisa trabajo profesional y esmerado de quienes destacan por su extraordinaria calidad. Un ejemplo es Ugalde.
Vivió en San Carlos. Su papá era maestro y en 1978 tuvo que abandonar la comodidad de la capital para ir a enseñar en una escuela rural, de apenas dos docentes, en San Isidro de Venado, pueblo cercano a la frontera con Nicaragua.
No había agua potable, ni electricidad, ni caminos, ni centros de salud. Las escuelas eran pequeños ranchos, vitales para las comunidades. Ahí, Ugalde cursó su primer año de primaria. Posteriormente, la familia se mudó a Florencia de San Carlos, donde culminó la primaria y la secundaria.
Lo conocí cuando él iniciaba la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica. No solo era un destacado estudiante, sino que tenía una gran sensibilidad por los asuntos del país. Con otros líderes estudiantiles, nuestras preocupaciones eran que la educación universitaria fuera de buena calidad y asequible; distinto a hoy, cuando tal parece que las preocupaciones giran en torno a mantener los privilegios. Sin duda aquellos eran otros tiempos.
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Por esfuerzo personal Ugalde fue admitido en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde obtuvo una maestría en Derecho. Cuando regresó a Costa Rica, fue contratado por la Cancillería en el momento en que se preparaba la defensa de la soberanía nacional con respecto a litigios con Nicaragua.
El trabajo constante durante casi 20 años de la Comisión de Derecho Internacional de la Cancillería marcó para nuestro país un antes y un después en la materia.
Ugalde tiene una marcada vocación por la defensa de los derechos civiles, especialmente la privacidad y la protección de la persona humana.
Sus aportes más visibles se realizaron en la defensa de Costa Rica. En el 2002 se le encargó dirigir los asuntos jurídicos con respecto al caso contra Nicaragua. Junto con otros costarricenses, perfiló la estrategia que terminó exitosamente con la delimitación marítima hecha por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la histórica sentencia del 2018.
Participó en otros cuatro procedimientos contenciosos ante la misma CIJ, cuyo resultado fue la victoria nacional que confirmó la invasión ordenada por Daniel Ortega.
Como embajador de Costa Rica en los Países Bajos destacó también en los círculos multilaterales. Su mayor aporte lo hizo a la Corte Penal Internacional, donde apoyó decididamente la política de la fiscalía sobre niños y niñas. Abogó por la equidad de género y por la justa distribución geográfica en la Corte.
Ese liderazgo hizo que la Asamblea de los Estados Parte lo eligiera coordinador del Grupo de La Haya, donde se discuten dichos temas, y vicepresidente de la misma Asamblea. Ugalde sin duda realza el papel de nuestro país en el plano internacional.
El autor es economista agrícola.