EscucharLa Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) define la seguridad alimentaria como la condición “cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”. Esta definición tiene varios elementos que destacar.
Lo fundamental es que se mide a partir de las personas. El objeto de la seguridad alimentaria son las familias, y no ganamos nada al medirla a escala nacional o mundial porque solo tendrían sentido desde el punto de vista estadístico.
Uno podría decir que, en promedio, los habitantes del país tienen seguridad alimentaria, pero hay familias con hambre.
Es bien sabido que en el mundo se producen suficientes alimentos para todos, pero claramente hay cientos de millones de personas que no tienen qué comer.
¿Qué significa el acceso físico? Que el alimento “exista”, que esté disponible. Este concepto tiene dos aristas. Por un lado, el alimento puede producirse localmente y, por otro, deja la posibilidad de que sea “importado”.
Por tanto, la definición de la FAO reconoce la preponderancia de la agricultura doméstica como proveedora de alimentos, pero, al mismo tiempo, establece la necesidad del comercio internacional como medida para garantizar la seguridad alimentaria.
El balance entre la producción local y la importación de alimentos depende de la ventaja comparativa. El pan es un elemento de la canasta básica alimentaria costarricense, pero el país no produce un solo grano de trigo desde hace unos 100 años. Así que, para que el pan “exista”, hay que importar todo el trigo.
Relación entre ingresos y precio. ¿Qué significa acceso social y económico? Esta dimensión de la seguridad alimentaria establece una relación entre el ingreso de las familias y el precio de los alimentos, sobre todo para los grupos sociales más vulnerables.
Está claro que los núcleos familiares en condiciones de pobreza gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
Se necesita entonces que las personas tengan suficientes ingresos para comprar, pero, al mismo tiempo, es preciso que los alimentos sean relativamente baratos.
Para aumentar los ingresos de las familias vinculadas con la agricultura, se requiere incrementar la productividad.
Esta es una tarea que debería liderar el Ministerio de Agricultura (MAG) con el apoyo de las universidades y la cooperación del sector privado.
Desgraciadamente, por pelearse con los molinos de viento del comercio exterior, la agenda de productividad del MAG se ha quedado en el tintero.
Para tener alimentos más baratos, no solo hay que producir más y exportar más, sino también importar más.
La facilitación del comercio y la promoción de la competencia en el mercado doméstico son acciones vitales para garantizar la seguridad alimentaria.
La pura verdad. ¿Deberíamos producir todo lo que comemos? La respuesta categórica es no. No es posible ni deseable. Desde un punto de vista físico, es imposible.
El país cuenta con un área agrícola total de aproximadamente 500.000 hectáreas. Llevado al absurdo, para cosechar todo el trigo, la soya y el maíz amarillo que consumimos, se necesitarían sembrar 330.000 hectáreas adicionales (presumiendo rendimientos como los de Argentina).
Así que, o nos comemos los parques nacionales o dejamos de producir y exportar café, banano y piña.
No es deseable producir todo lo que comemos. Significaría incrementar los costos de la comida, reducir la variedad y la cantidad de los alimentos disponibles, empobrecer a los consumidores y condenar a la pobreza a muchos productores. Más aún, causaría un daño ambiental irreversible. ¿Eso es lo que queremos?
Por otra parte, ser autosuficientes, ¿significará producir localmente las semillas, fertilizantes, maquinaria y demás insumos necesarios? Claramente, sería imposible tener una agricultura competitiva sin los insumos que importamos.
Flujo sin restricciones. La autosuficiencia es una mala idea siempre, tanto en tiempos normales como durante una pandemia. Así, lo reconocieron los líderes y ministros de Agricultura del G20 hace algunos días, reafirmando la importancia del comercio internacional de alimentos e insumos para la producción agrícola, así como la prevención de medidas injustificadas que conduzcan a una volatilidad excesiva de los alimentos en los mercados internacionales que amenacen la seguridad alimentaria de los más vulnerables.
De hecho, el gobierno de Costa Rica recién suscribió una declaración de la Organización Mundial del Comercio, donde recalca la necesidad de que las cadenas de valor de alimentos funcionen sin restricciones para preservar la seguridad alimentaria.
Por lo tanto, renegar del comercio internacional en nombre de la seguridad alimentaria no es solo contradictorio, sino ilógico.
El autor es economista.
