EscucharRÍO DE JANEIRO– La Amazonia, que se extiende a lo largo de ocho países suramericanos y la Guyana francesa, contiene más del 60 % de los bosques tropicales del mundo, el 20 % del agua dulce y alrededor del 10 % de la biodiversidad.
La especulación con la tierra y la demanda mundial insaciable de carne, soya, oro y otros productos llevaron a que alrededor del 20 % del bosque tropical más grande del mundo haya caído bajo los desmontes.
Si los niveles de deforestación aumentan otro 5 %, puede desencadenarse un proceso catastrófico de muerte forestal, que en la práctica dictaría el fracaso del Acuerdo de París del 2015 sobre el clima.
Algunos temen que haya comenzado. El pronóstico actual no es bueno: en el 2020 la deforestación de la Amazonia brasileña fue mayor que en los doce años anteriores, y cuando menos el 95 % es ilegal. Si no hay un cambio radical en la valoración que dan gobiernos y mercados a los servicios naturales de los bosques tropicales, la pesadilla será inevitable.
Un proceso de muerte forestal en la cuenca del Amazonas liberaría el equivalente a diez años de emisión mundial de gases de efecto invernadero. Además, el bosque perdería capacidad para absorber miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que alteraría los ciclos hidrológicos, la evapotranspiración y las corrientes oceánicas.
El sector agroindustrial estará en riesgo y la destrucción de la biodiversidad sería asombrosa. Centrales hidroeléctricas quedarán inutilizadas, ciudades enteras se volverán inhabitables por el descenso de las capas freáticas y habrá pérdida de recursos pesqueros.
Evaluación científica. Para evitarlo, hay que llegar al 2030 sin deforestación en la Amazonia. Eso demanda, a su vez, una evaluación científica clara y fijarse objetivos basados en la ciencia.
El Panel Científico para la Amazonia, coalición formada por unos 200 de los mejores científicos de la región, debe adquirir carácter permanente. Y, en vista del extraordinario potencial económico de la preservación de la biodiversidad forestal, el mejor modo de proteger este recurso es estimular el surgimiento de una economía verde.
Para empezar, hay que actuar contra la deforestación ilegal y las redes que la sostienen. En el 2020, el recorte de fondos y la reducción de sanciones condujeron a que la agencia brasileña de protección del medioambiente, Ibama, extendiera un 20 % menos de multas que en 2019 (y se paga menos del 3 %). Brasil tiene que reforzar la Ibama (que es una agencia federal) y apuntalar las instituciones subnacionales que están en la primera línea de lucha contra el delito medioambiental, como la policía, los bomberos y las oficinas de registro catastral.
La deforestación ilegal se da de varios modos, pero por lo general implica la ocupación ilegal de terrenos seguida de su desmonte para la agroganadería comercial. A esto hay que sumar la minería clandestina —por lo general, en busca de oro—, que atenta contra los ecosistemas locales y la salud de las personas, y el tráfico de vida silvestre —promovido por la demanda mundial incesante de aves, reptiles y mamíferos exóticos—, otro factor de deterioro de la salud forestal.
Dos tercios de las cadenas globales de suministro carecen de políticas con respecto a la deforestación ilegal. Es esencial una inversión a gran escala en sensores remotos de alta resolución y sistemas de alerta basados en inteligencia artificial, así como el seguimiento de la extracción ilegal de materias primas en las cadenas globales de suministro y el fortalecimiento de los procesos de investigación y persecución legal.
Una de las prioridades en la Amazonia es desarrollar un sistema transparente y rendición de cuentas en el registro de títulos de propiedades y demarcaciones catastrales y su adecuada supervisión a lo largo del tiempo. En vista del fraude y corrupción en los registros de tierra de la mayoría de los países amazónicos, para hacer cumplir las leyes y estimular el surgimiento de mercados legales es crucial la creación de un registro digital accesible y actualizado.
No menos necesario es el desarrollo de un proceso electrónico de resolución de disputas que facilite enfrentar conflictos no resueltos por la posesión legal de los terrenos. Crear un sistema de verificación basado en Blockchain para el registro de propiedades, que permita demostrar una cadena clara de posesión y custodia, es difícil, pero facilitaría en gran medida el desarrollo de una economía verde.
Regeneración de la tierra. Otra prioridad es acelerar la reforestación y la regeneración de la tierra. En Brasil (que alberga el 60 % de la Amazonia), un lugar obvio para hacerlo es el estado de Pará. En Colombia, Perú y Ecuador (que en conjunto incluyen alrededor del 23 % de la Amazonia) sobresalen los estados de Amazonas, Loreto y Pastaza, respectivamente. La clave es establecer una secuencia predecible y fácilmente aumentable de proyectos de reforestación, conservación de la biodiversidad y gestión forestal sostenible.
La iniciativa REDD+ (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal) aceleraría la obtención de los fondos necesarios. También, ayudarían otras fuentes internacionales de financiación, como el Fondo Amazonia y el gobierno del presidente Joe Biden, en los Estados Unidos, y herramientas como los bonos verdes.
En esto hay un lugar fundamental para la financiación local y para iniciativas como Global Commons Alliance y 1t.org, junto con el activismo financiero (que incluye los fondos soberanos y de pensiones). En el 2019, unos 230 inversionistas internacionales que administran activos por unos $16 billones pidieron que las empresas cumplan sus compromisos contra la deforestación o carguen con los perjuicios económicos.
Es fundamental buscar innovaciones que refuercen la economía verde y den apoyo a las comunidades que custodian la cuenca del Amazonas. El proceso es posible acelerarlo con un equivalente brasileño de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos que fomente las actividades de investigación y desarrollo, y con marcos regulatorios relacionados que hagan realidad una bioeconomía inclusiva en la Amazonia.
El modelo debe incluir investigación aplicada para la recolección y el registro de la biodiversidad amazónica, mediante el estudio científico de frutos, semillas, extractos vegetales y fibras (con uso de drones para tomar muestras de biodiversidad en áreas de difícil acceso); además, hay que crear plataformas digitales para la protección de los activos biológicos al servicio del bien común.
Establecer reglas. Para que las poblaciones indígenas y locales estén incluidas y participen de los beneficios, las iniciativas deben ir acompañadas de reglas claras y verificables de acceso compartido a datos y de salvaguardas que promuevan la creación y retención local de valor. Para estimular la innovación local, hay que aprovechar el conocimiento tradicional y garantizar la propiedad de las iniciativas, se puede apelar a la creación de nodos de innovación en tecnología básica y avanzada en determinados países.
Promover la economía verde y llegar a la deforestación cero en la Amazonia demanda un esfuerzo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
En Brasil, diversas organizaciones (entre ellas Concertación por la Amazonia y la Coalición Brasil por el Clima, los Bosques y la Agricultura) cumplen un papel fundamental en lo referido a definir la agenda y conectar a las partes interesadas. Dada la inacción del gobierno federal brasileño, los gobiernos locales han ocupado su lugar.
Esfuerzos internacionales y regionales concertados (como el Pacto Leticia) junto con intervenciones nacionales y subnacionales crearían un futuro mejor para la Amazonia. La salud del planeta depende de ello.
Ilona Szabó: cofundadora y presidenta del Instituto Igarapé, es investigadora afiliada en Brazil LAB (Universidad de Princeton) e investigadora de políticas públicas en la Universidad de Columbia.
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