EscucharGuardo en mi escritorio recortes de periódicos con noticias dignas de comentar en algún momento. Entre ellos, una nota de este diario publicada el 26 de marzo del año pasado, titulada “Japdeva acumula cinco años de pérdidas”. Quería usarla de ejemplo de cómo en Costa Rica las entidades públicas pierden su norte, su razón de ser y su viabilidad, pero insistimos en perpetuarlas con enormes costos para la ciudadanía. A la luz de las más recientes revelaciones, cuánto me arrepiento de no haber escrito ese artículo.
En días recientes, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, declaró a Noticias Monumental que la entidad necesita una inyección de ¢2.500 millones mensuales para hacer frente a sus obligaciones, supuestamente, por la caída de ingresos causada por la puesta en marcha de la terminal de contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminals.
Los problemas, sin embargo, datan de mucho antes y no pueden ser achacados a la concesionaria. Bajo esquema monopólico, es decir, sin competencia, y con un régimen regulatorio que le permite pasar sus ineficiencias a las tarifas (por el principio de regulación al costo), Japdeva dejó de tener ganancias hace muchos años. ¿Por qué? Porque, como buena parte de las empresas estatales, perdió el norte y se convirtió en una mera agencia de empleo y botín de sus sindicatos.
Despropósito. Recordemos lo que representan sus siglas: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Japdeva tiene el doble propósito de administrar los puertos y promover el desarrollo regional invirtiendo sus ganancias en proyectos de impacto socioeconómico. La administración portuaria, se supone, es la fuente de ingresos para la inversión en desarrollo.
En el 2017, destinó el 70 % de su gasto a remuneraciones y apenas un 3,4 % a gastos de capital, lo cual explica por qué Costa Rica se ubica en el puesto 89 —entre 139 países evaluados— en el índice de eficiencia de los servicios portuarios del Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial.
De un gasto total de ¢52.223 millones, se destinaron ¢4.200 millones (8 %) a la Administración de Desarrollo, departamento encargado de promover el desarrollo regional. De ese monto, las remuneraciones absorbieron ¢3.000 millones y apenas ¢10 millones fueron entregados a las municipalidades de los seis cantones que conforman la provincia de Limón. El salario promedio en Japdeva ronda los ¢800.000, pero con pluses y cargas sociales supera los dos millones. ¿Necesitamos más evidencia de que estamos ante una institución al servicio de sus funcionarios, en detrimento del servicio público que debe brindar y de la población a la que debe ayudar?
Centeno anunció, ante la comisión legislativa para la provincia de Limón, que está tramitando un crédito con Recope para pagar salarios y un presupuesto extraordinario para pagar las liquidaciones de los funcionarios que sean cesados producto de la reestructuración que debe efectuar para darle oxígeno a la institución.
La confesión de la presidenta revela cosas que están mucho más mal de lo que aparentan. En primer lugar, dejaré a los abogados la calificación del préstamo que haría Recope, pero una cosa está clara: la refinadora no refina, pero tampoco es una financiera. Resulta difícil creer que su ley constitutiva la autoriza a financiar capital de trabajo a otras entidades públicas. Tampoco es como que a Recope le sobre la plata.
Desperdicio. Segundo, la situación actual de Japdeva no sería tan apremiante si hubiese despedido oportunamente a los funcionarios que ya no necesita. Nadie puede alegar sorpresa por la entrada al mercado de la TCM, proyecto que duró más de diez años en desarrollo, lo cual me lleva a una tercera observación.
En el presupuesto nacional del 2010 (Ley 8790) se autorizó una transferencia de ¢15.000 millones del Gobierno Central para “apoyo al programa de reestructuración institucional para favorecer la competitividad” de Japdeva. Dichos recursos ingresaron, en su totalidad, a su presupuesto en la línea de pago de prestaciones legales.
Centeno no ha detallado de cuántos funcionarios prescindirá, pero presumiendo que se desprenda de la mitad de su planilla, de aproximadamente 1.300 empleados, la reserva creada en el 2010 alcanzaría, sin sumar intereses, para repartir, en promedio, ¢23 millones a cada trabajador cesado. No es una bicoca.
¿Qué pasó con esos ¢15.000 millones? ¿Por qué solicitar un nuevo presupuesto extraordinario para la reestructuración de Japdeva?
Dinero para otros fines. Durante la administración Solís Rivera, en un acto de grave negligencia, se decidió desviar los recursos reservados para prestaciones hacia la compra de dos grúas para la descarga de contenedores: justo lo que vendría a hacer APM Terminals en condiciones de exclusividad bajo el contrato de concesión. Para mayor inri, esta decisión se tomó cuando ya no quedaba tiempo para recuperar la inversión antes de que Japdeva perdiera el negocio de los contenedores.
Ya para entonces estaba en construcción la TCM, lo cual era público y notorio. Pero lo que sucedería después parece sacado del guion de una película de Alfred Hitchcock.
Las grúas llegaron a Costa Rica el 29 de agosto del 2017. Según reportó este diario, apenas unos días más tarde, un cortocircuito las sacó de servicio por cinco meses. En febrero del año pasado, entraron en operación. En junio, un operario chocó una de las dos grúas, la cual tuvo que pasar otros 127 días fuera de servicio hasta noviembre del 2018, apenas tres meses antes de que se diera la orden de inicio a APM.
La incuria de la administración Solís Rivera no se detiene allí. El 26 de junio del 2013, La Nación informó de que el BCIE había aprobado un crédito de $55 millones para la modernización de Moín. Las obras contempladas incluían la construcción del puesto de atraque 5-7, el dragado de la dársena para permitir recibir buques tipo panamax, la construcción de los patios, de una terminal fluvial para los canales de Tortuguero y Colorado y de un nuevo edificio de administración. Justo lo que hoy propone hacer Andrea Centeno para darle nueva vida a Moín, ahora que el negocio de los contenedores se le trasladó a APM.
Más dinero. Tres años más tarde, sin que se hubiese ejecutado un centavo de dicho crédito, la entonces presidente ejecutiva de Japdeva, Ann McKinley, anunciaba un cambio de planes. El puesto 5-7 pasaría a tener 350 metros de longitud, 50 metros más que en el plan original. Un aumento lineal del 17 %, que requeriría de un incremento del 50 % en el crédito, que ahora sería de $82,7 millones. La Memoria Anual del BCIE para el 2016 da cuenta de la aprobación de este nuevo empréstito.
Otros tres años han transcurrido sin visos de que el crédito haya sido ejecutado. Surgen, entonces, múltiples dudas. ¿Qué pasó con ese préstamo? ¿Llevará el país seis años pagando comisiones de compromiso por créditos no desembolsados? ¿Por qué no se ha hecho ninguna de las obras que se pretendía financiar? ¿Por qué es ahora necesario un presupuesto extraordinario —fondeado por los pagadores de impuestos del país— para llevar a cabo dichas obras?
Con respecto a las grúas compradas con la plata de las prestaciones: ¿Eran necesarias dos grúas tipo pospanamax para un puerto que, de llegar a concretarse la construcción del puesto 5-7, apenas tendrá capacidad para recibir buques tipo panamax (de menor capacidad y calado)?
Hay que reconocer que los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla planificaron la transición de Japdeva hacia la convivencia con un operador portuario privado. Fue la incompetencia de la administración Solís Rivera la que dilapidó la reserva de recursos, desperdició la oportunidad de los créditos aprobados y, con ello, impidió la modernización de los puertos estatales de Moín y Limón. ¿Esfuerzo velado por impedir la entrada en operación de APM? ¿Tozudez ideológica? ¿Simple impericia? La Contraloría, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa deberían investigarlo.
El autor es economista.
