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Durante el 2020 y lo que llevamos del 2021, la actividad legislativa estuvo marcada por la pandemia y la necesidad de hacer frente a sus consecuencias en los campos sanitario, socioeconómico y laboral, entre otros.
En la temática ambiental, la labor del Congreso fue relativamente productiva en aprobación de nuevas normas, pero todavía queda pendiente, para el resto del año, una agenda cargada, que incluye deudas históricas con la legislación ambiental, entre las que destaco una nueva ley de recurso hídrico y la ratificación del Acuerdo de Escazú.
En términos generales, la presente y anterior legislaturas resultaron más eficiencias en cuanto a la cantidad de normativa ambiental aprobada, en comparación con algunas de sus predecesoras.
Están la ley 9929, que declara la apicultura de interés público, y reconoce su valor ambiental y socioeconómico, en especial la función polinizadora de las abejas; la 9927, que reforma la ley forestal para facilitar el aprovechamiento de madera decomisada o después de desastres naturales; la 9892, que crea el Parque Nacional San Lucas, modifica y eleva la categoría del área protegida y establece un nuevo modelo de gobernanza y usos cuya efectividad está por ser determinada; la 9985, la cual reforma la estructura legal del Parque Nacional Manuel Antonio y provee más alternativas para la utilización de los fondos que generan las tarifas de ingreso; la 9863, que modifica la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para prohibir el comercio de especies Cites con países no miembros; la 9852, para penalizar la introducción y apoderamiento ilegal de combustibles; la 9849, que agrega un nuevo párrafo al artículo 50 para incorporar expresamente el acceso al agua como derecho humano y sentar otros principios relacionados; la 9828, sobre uso de materiales reciclajes en pavimentos; la 9825, que modifica la Ley para la Gestión Integral de Residuos, con vistas a mejorar el cobro de multas por las diferentes infracciones; la 9814, para permitir y regular las actividades de salinas y camaroneras en el patrimonio natural del Estado y otras áreas; la 9766, que modifica la Ley de Biodiversidad y amplía las opciones para la prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres estatales; y la Ley de Pesca de Arrastre, vetada por el Poder Ejecutivo.
De este conjunto, es meritorio indicar la nueva reforma constitucional del artículo 50, que se une a la de 1994 en la cual se declara de manera expresa el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto es, la disposición ambiental más comprensiva de la carta magna.
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Retos y deudas. Sin embargo, los retos y las deudas pendientes no resultan menores. Pueden citarse la aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor el 22 de abril y que, luego de un procedimiento legislativo arduo y complejo, fue objeto de una inusual oposición de ciertos sectores empresariales, basados en dudas e inquietudes (mitos) que afortunadamente han sido respondidas sólidamente por la sociedad civil y la academia.
Nuestro país es uno de los principales impulsores, por lo que resulta inaceptable quedar fuera de un tratado histórico en materia de derechos humanos y ambiente.
Por otra parte, en diciembre se archivó, por vencimiento de los plazos legislativos, el expediente 20212, denominado Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
La expectativa de contar con un marco legal e institucional remozado con respecto al agua tiene ya muchos años y por uno u otros motivos no ha sido posible contar con este.
Retomar bajo un nuevo expediente una ley hídrica constituye un paso impostergable que sería aprovechado para mejorar el contenido del texto, como respuesta a las críticas hechas por una parte de los ambientalistas.
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Iniciativas de peso. En todo caso, entre las materias que conforman la agenda legislativa (convocadas en estas sesiones extraordinarias o no) sobresalen iniciativas de peso para la sostenibilidad, relativas a asuntos tan diversos como el plástico, la energía (especialmente la denominada generación distribuida, el fomento al hidrógeno verde y la reestructuración de Recope), el Fondo Nacional para los Servicios Ecosistémicos del Mar (Fonasemar) y el financiamiento mediante los bonos verdes.
También hay propuestas orientadas a incrementar la conservación de las especies y los ecosistemas marinos, entre ellas la tutela de organismos marinos de interés pesquero, pero amenazados o en vías de extinción, y para incrementar los beneficios derivados del recurso atunero y la minería, que abarcan desde regularizar la minera artesanal en pequeña escala subterránea o retornar a la de cielo abierto, que deben ser analizadas con sumo cuidado en consonancia con el modelo de desarrollo nacional.
Contamos, en definitiva, con una agenda legislativa ambiental que comprende cuestiones impostergables, que deberán ser atendidas no obstante estar inmersos en una creciente disconformidad y protesta ciudadanas, un año electoral, la recuperación económica poscoronavirus y una tendencia hacia la judicialización de las controversias ambientales.
El autor es abogado.
