EscucharComo consecuencia de la pandemia, la situación de las finanzas públicas se tornó sumamente grave y requiere una solución pronta y decidida para evitar un desenlace que podría golpear fuertemente el bienestar de una población ya severamente afectada por la crisis sanitaria.
Costa Rica sufrió ya una vez las consecuencias de posponer un ajuste necesario: en agosto de 1981 el gobierno cayó en moratoria de pagos y precipitó una profunda crisis.
El tipo de cambio pasó de ¢8,65 a ¢40 por dólar y, luego, a más de ¢60 en poco tiempo. La inflación alcanzó tres dígitos en algunos meses de 1982.
El alza golpeó fuertemente el bolsillo de los costarricenses, especialmente a los de menos ingresos: los salarios reales cayeron más de un 40 %. La tasa de pobreza se duplicó, y pasó a cerca del 50 %. Las consecuencias negativas sobre educación e infraestructura perviven hasta la fecha.
¿Por qué es necesario un ajuste ahora? Repasemos la historia fiscal reciente. A partir del 2008, un aumento significativo del gasto, particularmente en remuneraciones y transferencias, generó un grave desequilibrio fiscal.
Así, el gasto primario corriente (que excluye intereses y gastos de capital) pasó de un 11 % del producto interno bruto (PIB) en el 2008 a un 14,7 % en el 2010, y se ubicó entre el 15 % y el 15,5 % del PIB desde el 2013.
Los ingresos fiscales, mientras tanto, se mantuvieron relativamente constantes como porcentaje del PIB, comenzando en el 2010.
El desequilibrio entre ingresos y gastos llevó a un aumento sostenido del déficit del gobierno, que alcanzó el 6 % del PIB en el 2017, aproximadamente, y la deuda pasó de menos del 24 % del PIB en el 2008 a un 48,7 % en el 2017.
La trayectoria fiscal se volvió claramente insostenible: de no haberse hecho nada, la deuda habría seguido incrementándose en forma explosiva hasta resultar inmanejable.
Asimismo, la incertidumbre y desconfianza que el problema fiscal suscitó afectaron el crecimiento económico, que se desaceleró marcadamente desde el 2015.
Reforma fiscal. Esa es la razón por la cual en mayo del 2018 el gobierno impulsó una reforma comprensiva que, por primera vez en décadas, abordara el problema fiscal no solo por el lado de los ingresos, sino también por el del gasto.
Esa reforma integral, aprobada en diciembre del 2018 en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) fue un paso fundamental para restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Era también una medida necesaria para promover la reactivación económica.
La Ley 9635 introdujo una reforma profunda en las remuneraciones de los empleados estatales y adoptó una regla fiscal que pone techo al crecimiento del gasto para forzarlo a caer como porcentaje del PIB.
De ser acatadas estrictamente, permitirían que el gasto primario corriente del gobierno retorne gradualmente al 11 % del PIB que mostraba en el 2008. Esto es esencial para evitar que el ajuste se erosione con el tiempo debido a incrementos del gasto, como podría ocurrir con una reforma exclusivamente tributaria.
Este 2020 era el primero en que entraba en vigor la regla fiscal y en que las reformas de la Ley 9635 surtirían pleno efecto. Pero a inicios de año la pandemia azotó al mundo.
La fuerte contracción económica resultante llevó a una drástica caída en la recaudación fiscal en Costa Rica y a un PIB nominal mucho más bajo que el originalmente previsto.
Así, la situación fiscal, que apenas comenzaba a enderezarse, sufrió un grave revés. El Ministerio de Hacienda proyecta que, de no tomarse medidas, la pandemia generará un aumento en la razón deuda del gobierno/PIB de más de 20 puntos porcentuales para llevarla a casi el 90 % en unos tres años.
Consecuencias. Tal nivel de endeudamiento dispararía las tasas de interés y causaría serios problemas de financiamiento para el gobierno en mercados domésticos o internacionales.
Eso, a su vez, presionaría otros macroprecios (como el tipo de cambio y la inflación) y podría conducir a una seria crisis macroeconómica, con consecuencias muy negativas para el crecimiento económico y el bienestar de las familias, por encima y más allá del impacto de la pandemia.
Para evitar un desenlace similar al de hace cuatro décadas, nuestro país debe emprender ahora un ajuste fiscal adicional al aprobado en diciembre del 2018.
La medida debe procurar tres objetivos: contener a corto plazo el ascenso de la deuda del gobierno e impedir que supere el 80 % del PIB; llevar a un superávit primario del gobierno (esto es, que los ingresos superen los gastos excluyendo intereses) a mediano plazo; e imprimir una trayectoria fuertemente descendente de la deuda para que alcance el 50 % del PIB en una década.
Para ello, es imperativo un programa de ajuste fiscal que combine medidas temporales, orientadas a contener la deuda en los siguientes dos o tres años, y medidas permanentes, con el fin de reducir la deuda rápidamente a mediano y largo plazo.
Nuestro país enfrenta un momento histórico, no solo por el carácter insólito de la crisis económica mundial, sino también por la urgencia de abordar con seriedad y premura un desequilibrio fiscal, por segunda vez en dos años.
Esta realidad no desaparecerá solo porque se pretenda ignorarla. Postergar la adopción del ajuste indispensable haría más graves los efectos o más amarga la medicina.
Confío en que la responsabilidad y la razón se impongan, por el bien de todos los costarricenses.
El autor es presidente del Banco Central de Costa Rica.
