Estamos a muy poco de que la situación de Costa Rica se torne insostenible. Dentro de apenas 15 meses, otro gobierno deberá asumir las riendas y responsabilidades del país; estoy seguro de que nadie de los que actualmente aspiran a la presidencia de la República querría hacerlo en el contexto de una «tragedia griega», haciendo alusión a la dramática experiencia vivida por aquel gran país hace unos años, cuando sonaron todas las alarmas y nadie quiso escucharlas.
El resultado fue la devastación económica, social, laboral y política de la que aún no se repone el pueblo griego. Aquí vivimos algo similar en la década de los años ochenta del siglo pasado cuando, por no actuar a tiempo, permitimos que nuestra economía y con ella la situación laboral y social del país colapsaran.
Hay que actuar ya. Es la Asamblea Legislativa la que, mediante la aprobación del presupuesto de la República, autoriza el endeudamiento del Estado.
A partir de esa autorización, el Ejecutivo negocia unos créditos que deben ser ratificados por el Poder Legislativo. No es correcto por parte del Congreso negar la aprobación de créditos a tasas razonables que sustituirán o a evitarán crédito interno a tasas más caras.
Cuantos más créditos a tasas bajas contratemos, menor será la carga de intereses de la deuda pública que tendremos que pagar.
La Asamblea Legislativa tiene en este sentido una grandísima responsabilidad y debe cumplirla. Sería inimaginable que en la presente situación permitiésemos que se perdiera un crédito como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.
Negarse a aprobar ese crédito sería una pésima y equívoca señal de los diputados al mercado financiero internacional.
Empleo público. Los esquemas de empleo público que tenemos en estos momentos son insostenibles, hay que unificar todo ese archipiélago de remuneraciones en un marco legal común a todos los empleados públicos —actuales o futuros— sin desmedro patrimonial para los ya contratados, pero sin incrementos abruptos para aquellos que deberán recibir, gradualmente, una mayor remuneración para ponerse al nivel de los que, en este momento, están mejor pagados en la respectiva categoría.
Ni nadie fuera ni saltos abruptos en las remuneraciones; racionalidad, sostenibilidad y equidad. En esto, una vez más, la Asamblea Legislativa tiene una tarea impostergable que debe incluir la eliminación de la figura de las convenciones colectivas en el sector público; ese instrumento no tiene razón cuando el patrono es, al mismo tiempo, el garante y promotor de los derechos laborales.
Acuerdo con el FMI. Creo que el gobierno hizo bien en decidir entrar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un importante financiamiento a tasas razonables a cambio de poner orden en la Hacienda pública.
Eso había que hacerlo con este organismo internacional o sin él, y sin duda es mejor con el FMI, porque da liquidez y buena imagen en el sistema financiero internacional en la medida que brinda un sello de garantía sobre la responsabilidad y disciplina de los países.
Ahora el gobierno deberá agregar a lo que ya acordó en la mesa del diálogo social otras medidas, quizá de mayor calado y que sea una juiciosa combinación entre racionalidad en el gasto y búsqueda de ingresos frescos.
No podemos pretender que el equilibrio hacendario provenga de un solo lado de la ecuación, hay que ser razonables. Estos ajustes deben darse en el monto necesario para equilibrar las finanzas públicas de manera de abatir, en la medida razonable y progresiva, el presente desajuste en esas cuentas.
Mi llamado a los costarricenses y a la política. Con una profunda convicción en que Costa Rica está primero, me siento con la absoluta libertad y obligación ciudadana de hacer un llamado a todos los costarricenses y a sus organizaciones y, de manera muy particular, al Poder Ejecutivo y a todas las fracciones que integran la Asamblea Legislativa para que actúen como estadistas, de los que ven el bosque, de los que ponen a Costa Rica por encima de sus intereses aunque sean legítimos: hay que trabajar juntos en la identificación y aprobación de decisiones que son necesarias aunque no sean populares, que nos eviten desgracias futuras aunque ahora nos provoquen irritaciones pasajeras.
Hoy, más que antes, el gobierno de la República debe dar esas señales claras e inequívocas de su responsabilidad de afrontar esta crisis.
El tiempo se agotó. Nunca será mayor el aporte que hoy demos para evitar el incendio que lo que podríamos perder si hoy no hacemos lo necesario para evitar la conflagración.
Digo hoy lo que he dicho antes: nadie pierde una elección por haber sido responsable. Este mensaje lo envío a todos, pero, con particular cariño, a mis compañeros de Liberación Nacional. Nosotros podemos hacer la diferencia.
El autor es exministro de la Presidencia.