EscucharNinguna alerta sobre la posibilidad de que un niño esté siendo víctima de agresión debe ser tomada con ligereza porque la desatención deliberada cobra un alto precio.
Todas son urgentes, y el menor debe ser llevado siempre a un hospital para un examen riguroso, por dentro y por fuera.
La cifra de denuncias por maltrato infantil calificadas de urgentes en el 2019 es escalofriante: 17.214 hasta noviembre, de las cuales fueron atendidas 15.169. Los 2.045 niños restantes lloran sin nadie que los escuche mientras son torturados, por sus padres, generalmente, y algunos hasta la muerte, como hemos sido testigos.
La respuesta de la burocracia es un cliché en Costa Rica: más presupuesto y más personal. Erradicar totalmente la violencia contra los niños es imposible; sin embargo, la falta de compromiso, no de recursos financieros, es a menudo la verdadera causa del asesinato de un menor.
Analicemos el caso de Alajuela. Me apliqué a la curiosa comprobación del problema matemático planteado por el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), Ovidio Fernández, quien en el artículo “PANI dejó sin atender 2.000 casos graves de agresión a niños en el 2019” (18/1/2020) lo puso como ejemplo.
Ovidio Fernández declaró a La Nación: "No se puede decir que la oficina de Alajuela puede dar una buena atención en tiempo y forma con 14 funcionarios, de los cuales solo 3 o 4 atienden las denuncias prioridad 1 y 2. Cerramos diciembre con 3.000 denuncias. Tome usted una calculadora y vea cuántas denuncias les corresponden a esos 3 o 4 funcionarios, y en cuántas horas deben atenderlas. Y para eso no es un ratito, deben hacer visitas de campo a escuelas, colegios, vecinos, familias”.
La calculadora habla por las víctimas. De acuerdo con la calculadora, 3.000 en un año —eliminando 104 días correspondientes a sábados y domingos— equivalen a 11,4 diarias.
Cuatro funcionarios trabajando una jornada de siete horas atenderían tres alertas al día cada uno. No parece mucho si se toma en cuenta que ni siquiera cubren la provincia completa, pues el PANI tiene sedes en Upala, Los Chiles y San Carlos, las cuales conforman la Regional Huetar Norte.
El discurso del “poco personal” desaparece cuando se suma, a todo lo anterior, el reforzamiento del Patronato de Alajuela el año pasado, después del asesinato de un niño dejado a su suerte porque los visitadores sociales alegaron no haber hallado la vivienda.
Así, pues, es necesario reflexionar sobre las medidas convenientes para evitar más muertes por desatención deliberada: ¿En qué invierten el tiempo los 10 empleados restantes? ¿Es posible asignar dos más a las tareas urgentes? El desinterés, por decirlo como el vallisoletano Jorge Guillén, se extiende, cunde y manda.
La oficina de Alajuela, de acuerdo con el grado de responsabilidades y personal, es la mejor dotada de recursos humanos y está catalogada como modelo A. Aun así, el caso de la niña asesinada a golpes, la semana pasada, fue mal calificado, no se le dio prioridad 1 y el cuerpo de la chiquita fue sometido a lesiones y laceraciones en el hígado y el corazón mientras esperaba la ayuda que nunca llegó.
Amansamiento social. Pero no solo en el PANI hay apatía, también está arraigada en otras instituciones, tan profundamente que en nuestra sección “Cartas a la columna” no es extraño publicar algún agradecimiento dirigido a la Caja Costarricense de Seguro Social por “la buena atención recibida” durante un internamiento o por un tratamiento.
A principios del mes, dos personas escribieron para dar gracias porque, después de cuatro años en hemodiálisis, les trasplantaron un riñón.
Las cartas llegaron a nuestro correo cartas@nacion.com pocos días después de una serie de reportajes en los cuales este medio reveló que en el 2018 se desaprovechó el 60 % de los donantes cadavéricos. El 45 % de las veces por la no conformación de los equipos quirúrgicos, debido a que para el personal no es obligatorio acudir al llamado “porque no se paga la disponibilidad”.
Como resultado de lo anterior, hubo un “aumento en el número de personas en el registro nacional de receptores y una prolongación en los tiempos de espera para trasplante”, admitió la CCSS.
Agradecer los derechos a la salud y a la vida pagados por 1,7 millones de cotizantes, es un síntoma de amansamiento social.
Maltrato nacional. El costarricense, en general, ha sido tan maltratado por ciertas instituciones estatales que cuando recibe un servicio público de mediana calidad o en “poco tiempo” cree que le hicieron un favor.
El país debe otorgar prioridad a los programas de ayuda a las víctimas de maltrato infantil, pero no contratando más personal o asignando más recursos a las instituciones, sino comprobando si quienes desempeñan actualmente la labor cumplen su deber o practican la desatención deliberada, en cuyo caso, el despido sin prestaciones es lo más compasivo, comparado con la forma como murieron los niños a quienes “no lograron localizar” o no supieron otorgarles la calificación adecuada.
Otro cliché costarricense es que más educación contribuye a la prevención, pero está comprobado, por los resultados de las pruebas PISA, que lo aprendido en las aulas no sirve fuera de ellas. Ahí, también, se extiende, cunde y manda el desinterés.
gmora@nacion.com
Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.
