Página quince: ¿Otro Crucitas?

Al final, quedaría únicamente miseria para repartir y por ninguna parte aparecerían, como en el caso de Crucitas, los culpables de haber enredado las entendederas.

Muchas, muchísimas cosas se han hecho mal en Costa Rica, menos crear el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), por el cual tantos suspiran hoy.

Conscientes de la insuficiencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), hace casi 20 años fue aprobada la Ley de Protección al Trabajador, junto con la cual nació la obligatoriedad de aportar para una pensión complementaria. Si no fuera una imposición, una orden, una exigencia, casi ninguno de los 1.107.096 aportantes tendrían en este momento ni un óbolo guardado para san Pedro o, peor aún, para Caronte.

La Sala Constitucional ha tramitado 263 recursos de inconstitucionalidad relacionados con el ROP —208 del 2013 a la fecha—, la mayoría de ellos de personas con pretensiones de retirar de una sola vez el total acumulado en sus respectivas operadoras de pensiones.

La Sala los rechazó porque el dinero es “propiedad privada afectada al cumplimiento de un fin: garantizar la existencia de una pensión adicional a la del régimen básico, que permita elevar la calidad de vida de los trabajadores”.

Añaden los votos que “el legislador estableció una limitación a la propiedad privada para lograr la consecución de un fin legítimo, en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Y en la resolución 2000–00643 del 20 de enero del 2000, como respuesta a la consulta facultativa de constitucionalidad del entonces Proyecto de Ley de Protección al Trabajador, la Sala explicó lo siguiente: el hecho de que sea obligatoria, en ningún momento se podría considerar perjudicial para los intereses de los trabajadores, pues se trata de dotarlos de un ingreso adicional, vía pensión, para cuando no registren ingresos ordinarios por salarios y se hayan acogido a la jubilación ordinaria. Se trata de un beneficio para el futuro, que no llegaría a plasmarse si quedara a elección del trabajador incorporarse o no.

Siempre es no. Sobre esa base, un “no” obtuvieron quien recibía una pensión del IVM de más de ¢900.000 y el ROP le aportaba ¢96.000 adicionales, y, aun así, no le alcanzaba para pagar una hipoteca y otras deudas; quien alegó recibir pensión del Gobierno de Estados Unidos y, por ello, no necesitaba el dinero en mensualidades; quien adujo querer someterse a una cirugía; la señora cuyo hijo no podía vivir lejos del lugar donde se crio y le urgía el dinero para comprar otra casa; la muchacha a la cual le aprobaron la residencia permanente en Estados Unidos y se iba con toda la familia; quien nunca estuvo de acuerdo con afiliarse a ninguna operadora de pensiones complementarias por considerarlo un engaño a los trabajadores; quien sufría altos niveles de estrés por la cuantía de sus gastos; quien se sentía discriminado porque el IVM favorece a las mujeres al permitirles pensionarse unos años antes que a los hombres; y quien debía pagar pensión alimentaria, apartamento, comida y lavado de ropa.

Y lo mismo ha ocurrido con la educadora disconforme porque la obligaron a afiliarse a una operadora para tomar una pensión y a ella no le interesaba porque había cotizado para dos más, no tuvo hijos y, si moría, el dinero supuestamente iba a quedarle a la operadora; el empleado de una empresa que luego se transformó en una transnacional y, según manifestó, a esta poco le importaba el factor humano, pues se concentraba en aumentar las ganancias de los asociados, y, al quedar él desempleado, necesitaba el dinero para honrar compromisos crediticios; el enfermo del corazón, con un desgaste en la columna y que estaba endeudado; y el cardiópata, con dos infartos, intervenido quirúrgicamente, licenciado en Administración de Negocios.

Tampoco tuvieron éxito ante la Sala Constitucional quienes alegaron necesitar los fondos del ROP para comprar medicamentos, cancelar tarjetas de crédito, pagar hipotecas, recibir atención médica, arreglar el techo de la casa, invertir en un negocio, comprar medicamentos de mejor calidad que los de la CCSS, pagar las cuotas atrasadas del colegio del hijo o completar cuotas de la CCSS para pensionarse por el IVM.

Le han reclamado a la Sala, entre otros, un exempleado de la Asamblea Legislativa, cuyo salario era de ¢2.231.565. Le correspondieron del ROP ¢129.600 mensuales y aseguró en su alegato que él, “al igual que otros compañeros (del Congreso), esperaba retirar todo el monto acumulado”.

Otros recursos de inconstitucionalidad fueron rechazados a la exdirectora de un área rectora de salud de la CCSS, con un monto total de ¢42 millones en el fondo; a un exempleado público, con ¢38 millones ahorrados; a un médico que solo del FCL le correspondieron ¢4.257.000; a ingenieros, abogados, dentistas y otras gentes cuyo argumento fue: “Hicimos planes porque nadie nos informó de que nos entregarían el dinero en mensualidades. Creímos que recibiríamos todo al pensionarnos”.

Por fortuna, para la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional el asunto está zanjado y han repetido, en todos estos votos, que “resulta lógico y razonable que, por regla general, no sea posible retirar la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta individual, pues se desvirtuaría la naturaleza de la pensión para convertirla en una especie de ahorro o depósito a plazo; igualmente, el cumplimiento del fin para el cual el régimen obligatorio de pensiones complementarias fue creado estaría en peligro al posibilitar a los trabajadores disponer de los recursos con un objetivo distinto”.

Aun así, el diputado Cruickshank y demás legisladores tomaron como base, y así lo presentan en la exposición de motivos del proyecto de ley, el voto salvado del magistrado Ernesto Jinesta Lobo, quien ha mantenido que “el dinero acumulado por el trabajador en sus cuentas individuales de los fondos de pensiones complementarias es propiedad privada”. Eso es populismo y demagogia.

Perjuicio para los pobres, regalo para los ricos. Quienes saldrán gananciosos serán los profesionales, especialmente médicos y exempleados del Gobierno. Personas a quienes les es posible tomar el dinero, ir de viaje, comprar un vehículo nuevo, reparar sus viviendas o regalárselo a los nietos porque seguirán laborando hasta edades avanzadas como asesoras, consultoras o en sus clínicas y despachos privados, etc., si no optan por vivir de otras rentas.

Los menos afortunados económicamente tienen necesidades inmediatas por atender. Serán como los coligalleros en Crucitas: una vez gastado el caudal, atravesarán por el resto de sus vidas muchas cuestas de enero, febrero, marzo, abril, mayo… y buscarán nuevas minas de oro para explotar. En otras palabras: Fodesaf, IMAS o, como es usual, se creará una nueva institución para salvar de la pobreza a los mayores de 65 años.

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¿Que pueden manejar mejor el dinero que las operadoras de pensiones? La inequívoca señal de la carencia de espíritu previsor de los costarricenses es el elevado nivel de endeudamiento y las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (Supén), según las cuales un 46 % de los trabajadores —informales o quienes dicen ser “sus propios jefes”— no cotizan para ningún sistema.

¿Que invirtiéndolo en un banco por cuenta propia gana más? No es cierto. Un banco estatal hizo un cálculo para este artículo y se determinó que, si hace cinco años una persona hubiera colocado ¢13 millones en un fondo de inversión a plazo, el rendimiento, al 22 de setiembre del 2019, habría sido un 6,97 %.

En los últimos cinco años, el rendimiento del ROP ha sido superior al 8 % y, en términos reales, cercano al 7,2 %, como recientemente publicamos en estas mismas páginas de “Opinión”.

¿Que el dinero mejor lo invierten en un negocio propio? La mayor parte de los emprendimientos en nuestro país no logran pasar el valle de la muerte, es decir, los tres primeros años.

Atendiendo a Plutarco: si las desgracias nos afligen y aterran, es porque no hemos tenido la prudencia de preverlas. Una depredación, ni metafóricamente hablando, como la ocurrida en Crucitas, debe repetirse nunca más.

gmora@nacion.com

Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.