EscucharEl 2019 no ha sido un buen año para Costa Rica ni en lo social ni en lo económico ni en lo político. Tampoco en seguridad ciudadana.
En lo social, nos ubicamos entre los 10 países más desiguales del mundo, con una pobreza aproximada al 20 %, que golpea principalmente a mujeres, jóvenes y niños; en lo económico, algunos datos señalan que cerca de un millón de personas trabajan en la informalidad; medio millón laboran por menos del salario mínimo; y en un año se perdieron, cuando menos, 40.000 empleos en el comercio.
En lo político, también ha sido un mal año. La proporción de personas descontentas con la democracia aumentó, lo mismo que la desconfianza en el sistema democrático. La mala gestión económica y financiera, el alto costo de vida, la corrupción y la desigualdad han hecho estragos en la región latinoamericana y Costa Rica no escapa a este fenómeno.
Pero de todos estos temas, el de la seguridad de los ciudadanos resulta crucial. El crimen, especialmente el delito violento, afecta todo el tejido social de un país y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quién quiere vivir o invertir en una nación insegura? Una delincuencia desenfrenada es tan peligrosa como una crisis económica.
Sobre esto último, tampoco las cifras y los datos son ni siquiera alentadores para Costa Rica. La tasa de homicidios es la que mejor refleja el nivel de violencia nacional. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cada 16 horas, aproximadamente, se comete un homicidio. Asimismo, desde el 2009, y este año no ha sido la excepción, se cometen anualmente unos 500 homicidios dolosos; dicho de otro modo: 12 por cada 100.000 habitantes, lo que, según la Organización Mundial de la Salud, ya se considera una epidemia.
Formas de violencia. Lamentablemente, este año se perdió la oportunidad de prohibir en forma definitiva la posesión de armas de fuego en manos de ciudadanos. Fue una excelente ocasión para iniciar una nueva estrategia, pues más del 70 % de los homicidios se ejecutan con armas de fuego.
La cantidad de homicidios evidencia la expansión del narcotráfico, por un lado; las batallas entre grupos criminales por la distribución y comercialización de las drogas, por otro; y la ineficacia de las autoridades para detener un fenómeno criminal con una respuesta eminentemente policial.
No solo las muertes violentas dolosas son preocupantes, sino también las ocurridas en las carreteras nacionales o muertes culposas, que son otra forma de violencia y con un alto costo económico y social.
Desde el 2015, cerca de 400 personas fallecen cada año en el sitio del accidente vial. Las probabilidades de ser víctima de un homicidio doloso son casi iguales a morir en una carretera en Costa Rica. Aunado a la tasa de homicidios, los robos, y dentro de estos los cometidos en nuestras casas, resultan altamente alarmantes. Según el OIJ, suceden 20 robos en viviendas, en promedio, cada día.
Los feminicidios presentaron este año un comportamiento particular. Del 2015 al 2018 se cometieron cerca de 26 anuales en nuestro país, mientras que este año, según la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público, al 2 de diciembre, se contabilizaban 13 víctimas de este grave delito, es decir, hubo una reducción del 50 %.
Se debe explorar empíricamente las causas de esta disminución. Podría estar relacionada con la resolución de los casos y el castigo a los victimarios. Dicho de otro modo: los autores de este delito, en primer lugar, han sido descubiertos y luego han sido sancionados.
La importancia de este dato es que podría ser de utilidad especialmente para la prevención de los homicidios dolosos, que los autores sepan que van a ser descubiertos y castigados, que no haya impunidad para los homicidas, pero, sobre todo, que sean juzgados y castigados en un tiempo razonable.
Acelerar juicios. La impunidad también genera nuevos delitos, por lo cual el juzgamiento tiene que ser eficaz y en un plazo breve.
No como sucede actualmente, por la existencia de un proceso penal complejo y burocrático. Son años de espera solo para la celebración de los juicios o debates, las agendas de los tribunales de juicio están saturadas y no es infrecuente que se señale un juicio con uno o dos años de anticipación y, lo peor, que luego se suspenda en el último momento.
Luego, viene la etapa recursiva, que incluye un recurso de casación inútil e ineficaz, que debería eliminarse en aras de cumplir con los principios constitucionales de acceso a la justicia, y justicia pronta y cumplida.
Falla en educación. Otra materia crucial en la que tampoco fue un buen año para Costa Rica es la educación. Recientemente, se dieron a conocer los resultados de las prestigiosas pruebas PISA, efectuadas en el 2018 a 7.221 estudiantes de 205 centros educativos y comparadas con 79 países.
Los puntajes evidenciaron que no ha habido avances desde el 2012 en las categorías evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias. Por el contrario, hubo un retroceso y el rendimiento de los alumnos coloca al país por debajo del promedio de la OCDE, organización a la cual se desea pertenecer en un futuro próximo.
La educación es una de las temáticas transversales y siempre actuales; punta de lanza del exitoso modelo de desarrollo costarricense. Si queremos mejorar el nivel social, económico y político, y, desde luego, la seguridad ciudadana, debemos priorizar la educación.
La mejor estrategia de prevención de la violencia, la exclusión y el delito es un buen programa educativo y, principalmente, la lucha contra el abandono en primaria y secundaria.
No basta solo con aportar recursos económicos, resulta más relevante la evaluación y capacitación de los docentes, pero, principalmente, la vocación para enseñar, ahí, probablemente, radique el éxito o el fracaso de muchos niños y jóvenes.
Ante un mal año como fue el 2019, probablemente lo que se impone es el optimismo para este 2020 y ver lo pasado como lecciones aprendidas.
Sin embargo, el optimismo y las promesas no son suficientes, se necesitan estrategias inteligentes y, particularmente, trabajo en metas realizables y claras; de lo contrario, la desconfianza y el malestar de los ciudadanos aumentará y se hará sentir.
El autor es abogado.
