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La economía costarricense venía mal desde antes del 2020, y las medidas sanitarias adoptadas como protección contra la pandemia de la covid-19 coadyuvaron a elevar hasta puntos socialmente insostenibles el desempleo, la pobreza, el déficit presupuestario y el endeudamiento público.
Una combinación —caída de la producción y un alto costo de la deuda pública— contribuyó a incrementar en 11 puntos porcentuales el valor de la producción nacional (PIB) y el endeudamiento del Gobierno Central para situarlo a finales del año pasado en casi un 70 %.
La carga de intereses, que ronda el 5 % del PIB, estruja más y más el presupuesto. La falta de una acción correctiva atenta contra la función del Estado.
Huelga decir que el costo de las medidas sanitarias recayó en su totalidad sobre el sector privado y su fuerza laboral. En el público todo sigue igual, incluida la defensa antipatriótica de una serie de privilegios que los servidores eufemísticamente llaman derechos irrenunciables.
En ese entorno adverso se hizo necesario recurrir al auxilio de un ente especializado como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener apoyo técnico y un préstamo con una tasa favorable. De paso, un convenio de esta naturaleza actuaría como carta de presentación para obtener otros créditos en el exterior también ventajosos, pues la calificación de riesgo soberano de Costa Rica la ubica en un escaño bajo de la categoría especulativa.
Las agencias calificadoras (Fitch, Moody’s, S&P) tienen su atención puesta en lo que ocurra en Costa Rica en el futuro cercano, porque, a fin de cuentas, lo realmente fundamental de un programa como el negociado con el FMI es cumplirlo.
El FMI envió un equipo técnico para modelar la naturaleza y magnitud del problema macroeconómico de nuestro país y escuchar la propuesta de posibles medidas correctivas.
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Propuesta. Casi con fórceps se pudo acordar con el equipo económico de la administración Alvarado el contenido de un paquete de medidas de ajuste que, actuando sobre el gasto y los ingresos fiscales, lleve a un escenario más favorable. Lo acordado por el equipo técnico fue ratificado a principios de este mes por el directorio del FMI.
A diferencia de los programas suscritos en el pasado con ese organismo, que básicamente contenían medidas administrativas bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo acordado contiene muchas acciones que son del resorte de la Asamblea Legislativa, y el planteamiento es del tipo tómelo o déjelo. Si lo deja, el país sufrirá serias consecuencias económicas.
Aunque, en otras circunstancias, habría favorecido el dar más participación al Congreso en un asunto como este, ahora no, en parte, porque el tiempo apremia y, sobre todo, porque no veo que nuestros representantes vayan a analizar con la disciplina, el rigor y la celeridad necesarios el programa acordado en principio con el FMI.
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Creo que los diputados deben aceptarlo como fue planteado, aunque signifique fuertes compromisos de política pública que van más allá de mayo del 2022.
Se trata de un programa muy fuerte y, también, es optimista en todas las aristas. Pero por razones que expongo más adelante lo considero insuficiente para hacer que el endeudamiento del Gobierno Central (relación deuda-PIB) baje al 50 % para finales del 2035, como señala el documento.
La esperanza es que el Gobierno Central consiga pasar de un déficit primario de un 3,9 % en el 2020 a un pequeño superávit primario a partir del 2023.
Crecimiento mayor. Como en el futuro previsible la tasa de interés real estimada sobre la deuda del Gobierno Central (casi un 7 %) estaría por encima del crecimiento real esperado de la economía (alrededor del 3,3 %), año tras año deberá generarse un superávit primario relativamente alto (un 2,7 % del PIB) solo para estabilizar el endeudamiento, es decir, para evitar que siga creciendo.
Eso significa un ajuste enorme, superior al 5 % con respecto a lo que en el pasado (por ej. 2016-2019) fue el balance primario. Además, reducir el endeudamiento de casi un 76 % en el 2023 a un 50 % para finales del 2035, como indica el programa, exige incrementar en un 2,2 % del PIB dicho superávit. ¡Estaríamos hablando de un ajuste superior al 7 % en una economía en la que la recaudación tributaria típica ronda el 14 %!
El supuesto de crecimiento real que considera el programa, alrededor del 3,3 % anual, no deja de ser optimista, pues los nuevos impuestos que contempla tienden a restar incentivos a la producción y al emprendimiento. También, porque las erogaciones anuales de capital previstas por el Gobierno Central (para construcción y mantenimiento de obra pública, etc.) están por debajo del 2 % del PIB. Difícilmente, una economía crece con calles angostas, llenas de huecos y puentes dañados.
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El programa negociado con el FMI no contiene medidas estructurales de gran calado para acelerar el crecimiento económico, como venta de activos estatales improductivos, fusión y reducción de empleo en entes públicos que hacen lo mismo, activa concesión de obra pública nueva y existente, depreciación acelerada de toda nueva inversión que realicen las empresas privadas o atracción de inversión extranjera bajo esquemas como el nearshoring. En estas circunstancias va a ser difícil reducir el desempleo y la pobreza en el país.
El documento publicado por el FMI sobre el programa negociado con Costa Rica no presenta cifras macroeconómicas más allá del 2026 que contribuyan a visualizar la dinámica del endeudamiento del Gobierno Central y de la carga de intereses. Lo que esté más allá del 2026 constituye terra incognita.
El autor es economista.
