EscucharDecir que “el Estado debe pagarle a la Caja” es un error conceptual; es ignorar que las obligaciones del Estado son de todos, incluso de los empleados de la CCSS.
No existe un “páguele a la Caja”, como acción unidireccional de un Estado, con déficit fiscal, cuya única fuente sana de ingresos son los impuestos.
Asumir una deuda de ¢2,5 billones significa echar atrás el esfuerzo fiscal que el país ha hecho durante los últimos años, incrementar la deuda en 5 puntos del PIB a una tasa de interés más alta, deuda que habría que pagar con impuestos.
Es decir a toda Costa Rica que es necesario cobrar ¢2,5 billones más en impuestos y muy pocos estarán de acuerdo.
La CCSS es parte intrínseca del Estado. No podemos pensar en la CCSS sin el Estado ni el Estado sin la CCSS. La CCSS es y será siempre una pieza fundamental del contrato social.
No existe una deuda del Estado con la CCSS, sino la responsabilidad constitucional de dotar a la CCSS de los recursos necesarios para que cubra sus necesidades.
A pesar de lo señalado, debo aceptar que se ha logrado sembrar la idea de que existe una deuda, por lo que es necesario tomar acciones para eliminar la discusión y ver otras cuestiones que son realmente importantes en la CCSS, ya que afectan la vida de los costarricenses.
Por todo eso, para un no problema, paso a ofrecer una solución con bajo impacto fiscal. Plantearé un escenario para entregar a la CCSS ¢2,5 billones (2.500.000.000.000) y con ello fortalecer el IVM y el seguro de salud, y construir la infraestructura hospitalaria de Cartago, Limón, Golfito, Guápiles y el Geriátrico.
Banco Popular
Propongo devolver el banco de los trabajadores a los trabajadores, que el Banco Popular (BP) sea convertido en una sociedad anónima, con iguales derechos y obligaciones que el resto de la banca privada, y que el 100 % de las acciones pasen a ser propiedad del IVM para que las venda según le convenga en el mercado de valores. La CCSS, por medio de su IVM, es un inversionista sofisticado de los más relevantes del país.
Es un banco que los trabajadores capitalizamos mediante el ahorro obligatorio, el cual tiene que ser devuelto a cada trabajador; sin embargo, nunca hemos recibido ni recibiremos un céntimo de dividendos.
Es un banco público, pero el Estado nunca ha recibido ni recibirá un céntimo de dividendos; por el contrario, el Estado tiene un gasto tributario (dinero que no le ingresa debido a exoneraciones).
Es decir, el BP no funciona ni en favor de los trabajadores ni del Estado, a pesar de que se capitaliza gracias al dinero de los trabajadores y las ventajas otorgadas por el Estado mediante la ley y los impuestos.
A través de una modificación legal, se puede convertir el BP en una sociedad anónima, que se regirá por el Código de Comercio y el marco normativo de la actividad bancaria. El siguiente paso será inscribirlo en el mercado de valores para que sus acciones se negocien en la bolsa, de forma que el IVM venda las acciones que desee e igualmente mantenga las que quiera como inversión, en condición de inversionista pasivo.
El traslado al IVM se realizaría en acciones con un valor nominal de un colón, por el valor en libros del BP, que, según sus estados financieros al 31 de marzo del 2024, era ¢954.243.321.000. El precio de la acción se irá ajustando en el mercado de conformidad con la valoración que compradores y vendedores le vayan dando.
Con esta propuesta, aumentará un 1 % la disponibilidad salarial de los trabajadores que ya no estarán obligados a entregar ese monto al BP. Igualmente, implicará una reducción en la disponibilidad del 0,25 % en el costo de las planillas para las empresas que ya no tendrán que pagar el impuesto que por ley entregan a favor del BP, y, por otro lado, será un ahorro en el gasto tributario del Estado, ya que las empresas le trasladan actualmente el costo de ese 0,25 % mediante una reducción del impuesto sobre la renta.
Salir del FLAR
El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) presta dinero a los bancos centrales para incrementar las reservas internacionales cuando lo requieren.
Al salir del FLAR, Costa Rica podrá retirar el capital, que asciende a $563.467.131 (de hecho, somos el país con mayor capital pagado en el FLAR), y trasladarlo a la CCSS, lo que al tipo de cambio actual serían unos ¢300.000 millones.
Se podría alegar que el FLAR nos ha ayudado en dos oportunidades con créditos de $1.000 millones; sin embargo, si se observa que el capital es superior a los $500 millones, la conclusión es que nos prestaba $500 millones y nos devolvía temporalmente los otros $500 millones.
La utilidad del FLAR es bastante cuestionable en un momento en el cual el Banco Central cuenta con las reservas internacionales más altas de la historia y cuantiosos recursos del FMI sin necesidad de aprobación legislativa.
Tener $563 millones para que sean invertidos en bonos de otros países por medio del FLAR no es una inversión eficiente, dadas las necesidades del país.
Dinero para la CAF
Mediante el proyecto de ley 23614 se plantea realizar una integración plena a la Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco de desarrollo similar al BCIE, el BID y el Banco Mundial (BM), de los cuales somos miembros con pago de capital, o la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de la cual recibimos crédito sin compromiso de capital.
Para convertir al país en socio pleno, tenemos que pagar a la CAF $303.297.800. Mi propuesta es que, en vez de gastar ese dinero, lo utilicemos para pagar a la CCSS, en las mismas condiciones en que se le pagaría a la CAF. Tiene la ventaja de que fiscalmente es un costo que ya está asumido por Hacienda y, por tanto, es un impacto fiscal neutralizado.
En Costa Rica no necesitamos capitalizar otro banco multilateral para financiarnos. Hacienda cuenta con la posibilidad de recurrir a los bancos multilaterales que indiqué o a eurobonos o al mercado de deuda interna, que es robusto y que incluso en los momentos de mayor necesidad, como durante la pandemia, mostró su capacidad para llevar la mayor parte de la carga en el financiamiento de la Hacienda pública (casi un 10 % del PIB en el 2021).
Pagar una parte de la inversión de capital
Propongo que durante los próximos ocho años Hacienda entregue a la CCSS ¢1,1 billones, limitado exclusivamente al reconocimiento de la inversión de capital realizada para construir y equipar los hospitales de Cartago, Limón, Golfito, Guápiles y el Geriátrico.
Este aporte tendrá un límite anual del 0,20 % del PIB y solo se hará por devolución de inversión de capital efectivamente realizada y certificada por la CGR.
¿Por qué sobre inversión de capital efectivamente realizada y con un tope anual del 0,20 del PIB? Para reducir el impacto fiscal negativo y porque un 0,20 % del PIB es manejable para Hacienda.
Veamos con un ejemplo: supongamos que el Estado celebra una enorme actividad de conciertos con los grupos más populares del mundo y de Costa Rica. Durante varios días, gasta una gigantesca cantidad de dinero en la fiesta. Una vez que los conciertos terminen no se genera ninguna actividad que perdure en función del gasto realizado. Si bien los conciertos tuvieron un impacto en la economía, fue por corto tiempo.
Por el contrario, cuando el Estado invierte en la construcción de hospitales (es decir, un gasto de capital), la inversión se ve potenciada en otras actividades que van a ser desarrolladas por terceros, como la construcción de consultorios médicos más cercanos al nuevo hospital, nuevas farmacias, sodas, líneas de autobuses, laboratorios clínicos, parqueos, más servicios de taxi, más servicios de electricidad, internet, agua.
Todo eso creará empleo y así, en general, un conjunto de actividades que se aceleran permanentemente, como efecto de la construcción del hospital. Es lo que se conoce como el efecto multiplicador de la inversión de capital.
En consecuencia, el Estado y las municipalidades van a obtener más impuestos por IVA, construcción, renta, valor de las propiedades, patentes y otros, impensables si no se hubiera construido el hospital.
Por esa razón, reconocer el gasto en inversión de capital tiene un efecto fiscal menor que simplemente realizar una transferencia de fondos, ya que, al hacerlo, según propongo, se generará una contrapartida en forma de impuestos para el Estado.
Cero deudas en la CCSS
Con el pago de los ¢2,5 billones deberá tenerse por saldada, eliminada y desaparecida toda deuda que pueda considerarse del Estado con la CCSS.
Será necesario interpretar auténticamente las leyes en que se haya impuesto alguna obligación al Estado (por ejemplo, la 7739 y la 8612) para que quede claro que cuando se hace referencia al Estado se entienda que es por medio de la institución creada para tales efectos, la CCSS.
En adelante, la Contraloría no aprobará ningún presupuesto de la CCSS que incluya contribución o cobro con cargo al Estado, diferente del que se incorpora para transferencia en el presupuesto general de la República. Esto obligará a una negociación, al igual que se hace con las universidades públicas, para evitar que se vuelva a mencionar la existencia de deuda alguna del Estado con la CCSS.
Alcanzado el momento de paz financiera, deberá venir el paso siguiente, que la CCSS interiorice que debe gastar más eficientemente, crecer en forma ordenada y que su administración financiera es tan relevante como su administración médica. Esta será, sin duda, la parte más difícil del plan, pero es realizable… No perdamos la fe.
El autor es abogado y fue ministro de Hacienda.
