Existe una notable diferencia entre hablar de política pública y de gestión pública. Es común escuchar, especialmente cuando afloran de manera simultánea una serie de problemas sociales (como la calidad de la educación, la seguridad pública, el efecto del fenómeno de El Niño, entre otros) que todo pasa porque el país no tiene políticas públicas en esas áreas.
En esa expresión hay una noción de la política pública como si se tratara de la pomada canaria.
Otras veces se afirma que tenemos políticas públicas, pero que el problema es que son de gobierno y no de Estado, entonces, lo que debe hacerse es formular políticas que trasciendan los períodos de gobierno, por ejemplo, a 10 o 15 años plazo, y así se resuelve la situación.
Esta idea, no necesariamente cierta sobre el concepto de políticas públicas, no solo está presente en el imaginario popular, sino también en instancias decisoras del Estado.
La raíz de la confusión
La confusión es causada por la falta de distinción entre lo que es la gestión pública y lo que son las políticas públicas. En forma muy resumida, el Estado entrega bienes y presta servicios a la sociedad por medio del aparato burocrático que conforma la institucionalidad.
Esos bienes y servicios están contenidos en nuestra carta de derechos humanos, como el acceso a la educación, al agua, al saneamiento, al desarrollo, etc. Como se colige, se trata de una función eminentemente técnica.
Por su parte, la política pública es una definición “política” más que técnica. Implica dar una orientación intencional al rumbo de la sociedad, lo cual no se puede hacer en cuatro años, y de ahí deriva una de las falacias más frecuentes cuando se diferencia política de gobierno de política de Estado.
Las políticas públicas dan sentido de orientación a la gestión pública y por ello son fundamentales en una sociedad y para cada cuestión se debe tener una en específico. En eso radica la importancia de que los países tengan una idea de lo que desean alcanzar a largo plazo.
En un Estado sin visión de futuro, como decía el sociólogo alemán Max Weber, se corre el peligro de que el “poder del escritorio” tome en sus manos la ruta de un país.
Tecnocracia
Entonces, ¿por qué no tenemos políticas públicas claras para algunos asuntos estratégicos? ¿Por qué optamos a menudo por la segunda parte de la definición de Thomas Dye, quien decía que se trata de “todo lo que los gobiernos deciden hacer o dejar de hacer”?
Está claro que trazar un plan por una temporalidad de diez años es más fácil que alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la educación en el país, por ejemplo.
Por eso, las políticas públicas se han convertido en un ejercicio tecnocrático y abundan documentos que reciben la denominación de “política” cuando en realidad son “planes institucionales”.
Esto condujo a que la planificación y la evaluación de las políticas públicas se tecnocratizaran y, en consecuencia, estamos ayunos de reflexión sobre qué estamos haciendo, qué tan bien lo estamos haciendo y qué debemos ajustar.
Pautas para la formulación de políticas públicas
Después de repasar las mejores referencias sobre la materia y analizar iniciativas exitosas en Costa Rica y otros países, destaco cuatro elementos clave para la formulación de políticas públicas.
El primero es la clara definición del problema público, es decir, por qué determinada situación requiere una especial intervención, por qué el Estado debe asignarle recursos, por qué debe ser una prioridad, de qué tamaño es el problema, si se necesita una ley o una reforma, por qué es un problema que debe estar en la agenda pública.
Lo segundo es identificar cuáles son los actores en conflicto, porque las decisiones van a afectar su zona de confort, pues, de lo contrario, no haría falta una política pública, ya que todo el mundo está de acuerdo y solo se hace. Pero este no es el caso. Las políticas públicas suponen que las restricciones o estímulos que se darán van a provocar enfrentamiento de intereses, juegos de poder, cambios en general.
Lo tercero es prever los resultados de la política a mediano y largo plazo. Cuánto valor público va a producir. Esto concede mayor legitimidad a la decisión de hacer, pues contará con más evidencia y argumentos para la persuasión, como decía el académico italiano Giandomenico Majone.
El cuarto elemento es lo que se conoce como el curso de acción. Este señala que los cambios que traerá esta decisión de hacer requiere ajustes o nuevos arreglos institucionales, y es posible que demande ir más allá del ámbito de competencia del poder ejecutivo.
En conclusión, el país cayó en una suerte de confusión entre lo que es la gestión pública y lo que son las políticas públicas, y esto ha originado la proliferación de documentos técnicos a los cuales se les llama “políticas”; sin embargo, se obvia un elemento clave, y es el análisis del juego de actores y de poder que es lo que define la verdadera política pública.
A fin de cuentas, en palabras del especialista mexicano Luis Aguilar Villanueva, la política pública son “los hechos reales que la acción colectiva produce”.
El autor es doctor en Gobierno y Políticas Públicas.