Una de cal y otra de arena. El Gobierno anunció un proyecto de ley para poner tope a las pensiones de lujo. De aprobarse, el ahorro anual sería de ¢20.525 millones, una cifra nada despreciable pero que, vista en el contexto del déficit fiscal (¢1,7 billones), es una gota en el océano. Si bien a pellizcos se mata el burro, para enderezar las finanzas estatales necesitamos algo más que pellizcos.
Por eso decepciona el anuncio del ministro de Hacienda, Helio Fallas, de que pospondrá tomar medidas contra los excesos salariales en el sector público porque su prioridad es la “reforma fiscal”; un absurdo, ya que poner orden en el gasto debiera ser un elemento neurálgico de cualquier reforma. Más bien, parece que Fallas entiende por ese término simplemente “aumento de impuestos”.
Don Helio le achaca la decisión al Fondo Monetario Internacional, que supuestamente le advirtió que si el Ejecutivo empezaba una reforma por el control del gasto, no iba a llegar muy lejos.
Curioso, puesto que quienes deciden qué tan lejos llegan las iniciativas fiscales –los diputados– han dicho una y otra vez que todo aumento de impuestos es inviable hasta tanto el Gobierno no se ponga serio en recortar las erogaciones.
El tema de los salarios y el empleo en el sector público es indispensable para resolver la precaria situación fiscal. Un 36,9% de los gastos del Gobierno central se va al pago de remuneraciones. Otro 37,5% son “transferencias”, las cuales mayormente se destinan a pagar salarios en otras instituciones estatales.
Como ha reportado la prensa en días recientes, el abuso y los privilegios abundan en estos regímenes salariales.
Don Helio debería escuchar primero a los diputados, en lugar de escudarse en supuestos consejos del FMI, que, contrario a lo que dice el ministro, en su último informe sobre Costa Rica calificó de “crítica” la necesidad de hacer reformas en empleo y salarios. Ya Otto Guevara presentó un proyecto de ley para establecer un salario único en el sector público. Sandra Piszk también tiene un plan para ordenar los pluses. Y Ottón Solís ha venido insistiendo en que se puede ahorrar hasta ¢100.000 millones en anualidades si tan solo el presidente emite una directriz de no calificar a los empleados públicos como “muy bueno” o “excelente” al final del año.
Parece haber voluntad en esta Asamblea Legislativa. Si el Ejecutivo no se atreve es por miopía o falta de valentía. Una de las dos, o ambas.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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