EscucharRecientemente, el ICE, aparentemente en coordinación con la Aresep, decidió posponer el ajuste correspondiente en las tarifas como resultado del uso masivo de combustibles el verano pasado.
Los ajustes tarifarios deben aplicarse con la mayor brevedad, incluso sin esperar al ajuste ordinario de enero del próximo año. Las consecuencias para las finanzas del generador podrían ser muy significativas y, hasta donde se sabe, no son precisamente boyantes.
Ciertamente, el ICE podría recurrir al endeudamiento para aliviar el impacto a corto plazo, pero a cambio provocaría un ajuste mayor a mediano plazo, pues ineludiblemente habrá una cuantiosa carga de intereses, explícita o implícita. ¿De dónde sacará los recursos para llenar el faltante? No hay lógica en evitar un ajuste ahora si significará una mayor carga en el futuro.
Un importante principio de regulación establece que, en la medida de lo posible, el usuario o consumidor de un servicio debe ser quien lo pague, ojalá en el momento de recibirlo, a su verdadero costo y a un precio similar al resultante de un mercado competitivo.
Hueco en el ICE
Posponer un ajuste en las tarifas para, supuestamente, hacer parecer menos severo el ajuste hoy, tiene el inconveniente de diferir el cargo a los usuarios, con el grave inconveniente de terminar cargando ese pago a diferentes actores. Y cuanto mayor sea el plazo, más riesgos hay de “traslación de sujetos”.
Esa traslación puede darse en cascada. Cuando el productor traslada el mayor costo del servicio a los consumidores de los productos, cuanto más largo sea el plazo, mayor la probabilidad de afectar a consumidores distintos de los beneficiados por la posposición del ajuste. Esto desajusta todas las cadenas de producción y consumo, dando la impresión de tratar de ocultar una realidad a los usuarios.
Hay un significativo costo financiero involucrado por concepto de intereses de una deuda cargada a los usuarios, sin haberla solicitado.
Según afirma el ICE, la entidad asumirá esa carga financiera. Pero esto es falaz. Aunque la situación financiera del ICE lo permitiera, significaría una existencia indebida de rentas en sus procesos, situación que debería corregirse, en primera instancia, por el propio regulado y, posteriormente, por el regulador, devolviendo así el beneficio a los usuarios.
En ausencia de esta posposición, las tarifas deberían bajar. No nos engañemos: todos los costos, aun los escondidos, siempre los paga el usuario.
Aún más grave es si la dilución del pago se hiciera con fines políticos para trasladar el costo de imagen a futuras administraciones. Esto es indebido.
Esta posposición crea, esta vez en el ICE, un nuevo hueco fiscal, similar en naturaleza, aunque de un monto menor, al de dos administraciones atrás. En aquel entonces, el gobierno de turno planeaba trasladar el costo político a la siguiente administración, sin imaginar cuál partido político ganaría la siguiente elección. Las cosas no le resultaron. Ahora, podría resultar algo peor.
Captura del regulador
Es de esperar una actitud correcta de los reguladores. Lo contrario podría insinuar una posible captura del regulador, lo cual ocurre cuando las entidades encargadas de supervisar y regular un determinado sector terminan sirviendo a los intereses de las mismas empresas objeto de su regulación, en lugar de proteger al público y garantizar un mercado justo.
Este riesgo es especialmente alto en sectores donde existen monopolios o una empresa dominante, como en el caso de los servicios públicos y muy claramente en el de la electricidad. En última instancia, los consumidores terminarán pagando más por un problema coyuntural que elevó los costos más allá de lo planeado y ocasionado por factores bien conocidos.
Es crucial para los reguladores mantener su independencia y actuar con transparencia y responsabilidad. Esto incluye tomar decisiones basadas en datos y análisis objetivos, y resistir las presiones de otros actores del mercado para asegurar el cumplimiento de su misión de proteger al público y promover un mercado justo y competitivo.
En el caso específico del ICE y la postergación de ajustes tarifarios, las decisiones deben tomarse con una visión a largo plazo y considerar los impactos tanto inmediatos como futuros en los consumidores y la economía en general.
La posposición de ajustes puede parecer una solución atractiva a corto plazo, pero bien podría generar problemas más graves y costos más altos en el futuro. No se conocen las circunstancias propias del entorno en el futuro ni si, a la larga, este ajuste rezagado se sumará a otros similares en el momento de aplicar los aumentos pospuestos. Los reguladores deben ser conscientes de estos riesgos y actuar con prudencia y responsabilidad.
Velar por los usuarios, no por la política
La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) obliga al regulador a mantenerse ajeno a presiones de cualquier tipo. Sus decisiones siempre deben ser acordes con los principios regulatorios y la protección de los usuarios, independientemente de cualquier consideración política.
Claramente, el ICE no parece estar en condiciones de soportar por mucho tiempo la posposición del reintegro de los costos incurridos en la compra de combustibles. Todo el público está consciente de la gravedad del fenómeno de El Niño del año pasado y del buen o mal manejo de aquella situación energética.
Lo lógico es sincerarse con los usuarios y enfrentarlos a una realidad ineludible. Podría ser irresponsable dejar ese ajuste para cuando las autoridades actuales ya no estén en sus funciones.
En conclusión, la captura del regulador es un riesgo latente, con graves consecuencias para los consumidores, la economía y la sociedad en su totalidad.
Es crucial que los reguladores mantengan su independencia, actúen con transparencia y responsabilidad, y tomen decisiones basadas en datos y análisis objetivos. Solo así es posible garantizar que la regulación cumpla con su propósito de proteger al público, promover un mercado justo y competitivo, y fomentar el desarrollo económico y social.
El autor es economista y miembro activo de la firma Cefsa desde 1982. Fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas, en Bogotá, Colombia.
