EscucharAsignaciones Familiares ha dejado de recibir unos ¢340.000 millones para la lucha contra la pobreza desde el 2020, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la de control presupuestario de los órganos desconcentrados.
En el 2019, los ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) alcanzaron los ¢669.000 millones, de los cuales ¢256.000 millones provenían del IVA, equivalentes a 593.000 salarios base, pero la situación cambió a partir de ese año.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que Hacienda debe girar a Fodesaf una suma no inferior a la asignada en el presupuesto del 2019 procedente del IVA (¢256.000 millones), es decir, ya Hacienda no debía presupuestar el equivalente a 593.000 salarios base.
No obstante, en el 2020, el presupuesto vinculado al IVA fue de ¢226.000 millones y, según mi propia revisión de los presupuestos consignados en el proyecto de plan de gastos del 2024, bajará a ¢189.000 millones.
Debido a tal incumplimiento, la lucha contra la pobreza perderá alrededor de ¢250.000 millones en el período 2020-2024 procedentes del IVA, pero si se analiza la situación, en ausencia de todas las reformas aprobadas, desde el 2019 son alrededor de ¢340.000 millones.
Control de recursos del Fodesaf
La Ley 9524 para el control presupuestario implicó que el Fodesaf pasara a ser un programa presupuestario del Ministerio de Trabajo (MTSS).
Es decir, la Ley 9524 le quitó potestades —no en el papel, sino en la práctica— a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) para el control del presupuesto, el seguimiento y la fiscalización de las unidades ejecutoras, dado que ahora interviene de forma directa otro actor, Hacienda, que tiene la potestad de imponer límites o regulaciones sobre los recursos del Fodesaf que son transferidos a las distintas unidades ejecutoras.
Esto queda claro con lo planteado en el presupuesto del 2024, pues cinco transferencias que debían ir al Fodesaf serán trasladadas a los ministerios encargados de su ejecución.
El traslado de recursos en sí mismo no representaría un problema, ni debería despertar suspicacias si hubiera sido una propuesta técnica elaborada por el propio Desaf, pero en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el 26 de setiembre, el ministro de Trabajo y el director de Desaf afirmaron que Hacienda lo decidió.
Además, como indicó el director de Desaf, la titularidad de esos recursos será a partir de ahora del ministerio al cual se están trasladando, y solo en segunda instancia será responsabilidad de Desaf, lo que quiere decir que la entidad dependerá de la buena voluntad de esos ministerios para la fiscalización del uso de los recursos.
Hacienda decide la política social
La Ley 9524 pretendía fortalecer la capacidad rectora de los ministerios, pero sucedió todo lo contrario. La capacidad rectora es clave para garantizar la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos para la población en condiciones de pobreza.
Las reformas mencionadas desdibujaron la idea de un Fondo con una visión de conjunto sobre la función y el desempeño de los programas sociales selectivos, y el informe de la Contraloría pone de relieve ese debilitamiento.
En octubre del 2022, la Contraloría General de la República señaló debilidades en los procesos asociados con el control, seguimiento y la evaluación de los programas financiados por el Fodesaf, que de acuerdo con el ente contralor limita la capacidad para detectar situaciones que requieren acciones oportunas.
Asimismo, la disminución de los recursos de Hacienda —generados por la recaudación del IVA— para el Fodesaf es también ejemplo de la pérdida de control y rectoría sobre los programas sociales, y esto solo contribuye a alimentar la idea de que existe un conjunto de programas sociales desconectados y desintegrados.
Dado lo expuesto, es necesario preguntarse si Hacienda es la encargada de definir la política social del país. Parafraseando a Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación, el país logró ordenar el gasto público, pero estamos subordinando todo a la política fiscal, y abandonando la política sectorial, lo que constituye graves riesgos sociales y políticos.
Vargas cuestiona por qué el Ministerio de Hacienda tiene que decir al MEP sobre el programa de becas o a Seguridad Pública sobre las plazas que puede abrir o no. “El resultado son recortes en servicios esenciales. Entonces, ¿quién manda aquí: un plan de desarrollo o las decisiones fiscalistas del ministro de Hacienda?”, agregó durante la presentación de un libro en la Asamblea Legislativa.
Si queremos fortalecer la administración de los recursos para la lucha contra la pobreza, algo debe cambiar.
El autor es economista.
