EscucharCuando se hace un análisis de la distribución del presupuesto nacional, es posible llegar a conclusiones sobre la insostenibilidad del sistema como un todo. El presupuesto del 2023 asciende a ¢12,3 billones, un aumento de ¢750.000 millones con respecto al 2022, inferior a la inflación prevista de un 8,7% en este año.
El 59% del plan de gastos del próximo año se financiará con ingresos corrientes, el 0,1% con ingresos de capital y un 40,9% con deuda. Los ingresos totales (corrientes y de capital) crecerán un 19,3%, aproximadamente, y están compuestos por siete impuestos básicos que representan el 93,4% del total de los ingresos esperados y el 84% de los ingresos corrientes.
Estos son los impuestos sobre el valor agregado, renta, combustibles, consumo, servicios y vehículos. Los 110 impuestos existentes revelan una enorme atomización, los costos crecientes para el control y un desorden.
Las empresas pagan un 58% entre renta, cargas sociales y otros. Casi el 47% del presupuesto se destina al pago de la deuda, un 9,1% a pensiones, un 3,95% le corresponde al Poder Judicial, un 3,38% al Ministerio de Obras Públicas (MOPT), un 2,56% al Ministerio de Salud, un 4,76% al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 8,9% se distribuye entre otras instituciones.
Inversión pública en picada
Nuestro país invierte cada vez menos en infraestructura. Entre el 2009 y el 2021, la inversión pasó del 5,1% del PIB al 2,6%. Está claro que prácticamente todos nuestros ingresos se están yendo en el pago de intereses, comisiones, amortizaciones, transferencias, salarios y pensiones.
La falta de disciplina fiscal, el gran endeudamiento y la poca productividad nos tienen atrapados y alimentan la informalidad y la desigualdad. La infraestructura no es considerada un elemento clave para mejorar la competitividad y dinamizar la economía.
Menos del 42% de los limitados recursos en infraestructura se financian con recursos propios; el resto, con endeudamiento y concesiones. En el 2020, los gastos de capital de las instituciones descentralizadas no empresariales significaron el 23%, los gobiernos locales un 19% y los órganos desconcentrados el 26%.
Parte del problema que tenemos en este enjambre de instituciones es la ausencia de un sistema nacional sobre la inversión pública, que debería estar en el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán), para aumentar el impacto social y económico.
Tenemos que inventariar el total de proyectos del sector público para asignar los recursos de acuerdo con las prioridades, trabajar con presupuestos bien elaborados, fomentar la transparencia y el seguimiento, y fijar estándares de productividad y calendarización.
No podemos estar improvisando en infraestructura cada cuatro años. No podemos seguir gastando sin tener un plan a largo plazo bien estructurado. Tenemos que tener una política pública que dé directrices, pero respete las autonomías. El sector público debería formar parte de un ecosistema de inversión pública.
Rigidez del gasto
El 96% del presupuesto del 2023 está comprometido, solo queda un 4% para atender prioridades. El sector público está centrado en esa falta de flexibilidad, medición e inamovilidad.
El mundo está cambiando aceleradamente y deberíamos tener la posibilidad de reordenar la estructura del Estado y trasladar recursos frescos a nuevas oportunidades de inversión. Debemos lograr un acuerdo nacional para fusionar, contraer o cerrar las instituciones que no están produciendo bienestar a la sociedad y, por el contrario, requieren apalancamiento estatal.
Hay que revisar los mandatos legales en cuanto a educación y administración judicial. No podemos seguir endeudándonos sin exigir transparencia, austeridad y productividad. Los intereses y amortizaciones concentran el 46% del presupuesto (¢5,7 billones) y seguimos pagando pensiones con cargo al presupuesto, que se llevan el 9,2% del PIB (¢1,1 billones). Los destinos fijados por normas legales, vinculadas a los ingresos, representan el 7,2% de la totalidad del presupuesto del 2023.
Es importante que ordenemos la Hacienda pública y le demos mayor flexibilidad, al mismo tiempo que se combate la corrupción, se exige transparencia, se establecen prioridades y se promueve la capacidad organizativa.
No podemos quedarnos paralizados ante los cambios tecnológicos y climáticos. Hay que seguir con prudencia la lucha contra la inflación. Tenemos que acelerar las reformas estructurales pendientes y batallar de frente por una sociedad más justa y próspera.
El autor es ingeniero.
