Durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muchos recibieron con entusiasmo los mensajes de las autoridades costarricenses, quienes destacaron que el país podría aprender valiosas lecciones de su vecino centroamericano sobre la eficiencia en el manejo de políticas públicas y contratación de infraestructura.
Nos parece valioso profundizar en su economía antes de decidir si lo más conveniente es aprender de ellos o si, por el contrario, El Salvador podría beneficiarse de las experiencias de Costa Rica.
Bajo crecimiento económico
El Salvador se ha visto afectado por tasas bajas de expansión a lo largo de las últimas décadas, reflejando las limitaciones estructurales de su economía.
Antes de la administración Bukele, el país mostraba un crecimiento promedio de apenas un 2,5 % anual, lo que evidenciaba un desempeño modesto en comparación con otros países de la región.
Durante el mandato de Bukele, el crecimiento sufrió un fuerte impacto debido a la pandemia de covid-19, con una contracción del PIB del 7,9 % en el 2020, seguida de una recuperación significativa del 10,3 % en el 2021. Sin embargo, este rebote fue coyuntural y, en el 2022 y el 2023, el crecimiento volvió a estar en sus niveles históricos, en torno al 2,5-2,6 %.
En términos generales, el crecimiento sigue siendo insuficiente para enfrentar los desafíos del desarrollo y significativamente inferior al crecimiento de nuestro país. Desarrollarse requiere un esfuerzo mayor que creer ciegamente en el bitcoin.
Poca diversificación económica
La falta de diversificación ha sido una de las principales limitaciones del país. Históricamente, El Salvador ha dependido de sectores tradicionales de poco valor agregado, como el comercio y la manufactura ligera.
Esta escasa diversificación limitó la capacidad del país para crear empleos, aumentar la competitividad y adaptarse a los cambios en la economía global, ocasionando la migración de más de una quinta parte de su población.
Como resultado, se creó una fuerte dependencia de las remesas que envían los salvadoreños que habitan fuera del país y que representan alrededor del 20 % del PIB, que superan incluso el valor de las exportaciones.
En contraste, durante las últimas décadas, Costa Rica pasó de producir y exportar un reducido número de productos, al igual que El Salvador, a tener un catálogo de más de 9.000, con un valor cercano a los $19.000 millones, es decir, tres veces el monto exportado actualmente por ese país.
Costa Rica no solo se convirtió en un proveedor de servicios tecnológicos con alto valor agregado, gracias a su calificado recurso humano, sino también en líder en atracción de inversión extranjera directa.
En el caso salvadoreño, las exportaciones de servicios mantienen bajos niveles de sofisticación y la IED es poca si se compara con otros países.
Durante la administración de Nayib Bukele, se impulsaron proyectos como Surf City, orientado al turismo, y el tren del Pacífico, enfocado en mejorar la conectividad. Sin embargo, estas iniciativas, aunque eran interesantes, no han estado acompañadas de la transformación profunda requerida para ampliar la base productiva del país.
Elevada deuda pública
Antes de la administración Bukele, la deuda pública de El Salvador ya era elevada, rondando el 70 % del PIB. Durante su gestión, aumentó aún más, debido a los altos costos de financiamiento del déficit fiscal, los gastos derivados de la pandemia y la adquisición acelerada de deuda a corto plazo.
Aunque las estadísticas oficiales muestran una reducción en la relación deuda/PIB, esta mejora se debe principalmente a un cambio contable implementado con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Este ajuste permitió que la deuda de pensiones dejara de contabilizarse en el sector público no financiero (SPNF) y pasara al sector público financiero (SPF), junto con instituciones como el Banco Central. Sin embargo, la deuda total del país sigue creciendo y consolida a El Salvador como el país con el endeudamiento más alto de Centroamérica.
Persistencia de la pobreza
La pobreza es un desafío estructural y persistente en El Salvador, y a pesar de los esfuerzos por reducirla, sigue siendo una preocupación enorme.
Si bien la administración Bukele ha hecho esfuerzos por promover programas sociales, en el 2023 el porcentaje de hogares en pobreza aumentó nuevamente y se acercó a los índices del 2012.
El retroceso del 2023 subraya la necesidad de un enfoque integral que no solo se base en programas sociales a corto plazo, sino también en reformas estructurales.
Elevada informalidad laboral
De acuerdo con datos de diversos organismos, este problema afecta a más de dos tercios de los ocupados en el país. La informalidad laboral tiene consecuencias significativas: reduce la recaudación fiscal, limita la estabilidad laboral y dificulta el acceso al crédito para familias y empresas.
Si bien este problema no es exclusivo de El Salvador, es significativamente mayor que en otros países. A largo plazo, limita su crecimiento, pues se debilita el sistema de pensiones y de salud, lo que aumenta la presión sobre el gasto público, comprometiendo la sostenibilidad financiera del Estado y exacerbando la desigualdad.
La verdadera lección
Para que una economía crezca de manera sostenida y atienda efectivamente las necesidades de sus ciudadanos, se requiere mucho más que autoritarismo y concentración de poder.
Estos elementos pueden proporcionar un entorno de control político temporal, mas no garantizan el desarrollo económico inclusivo ni el bienestar a largo plazo de la población.
En los últimos 30 años, a pesar de nuestra burocracia, tramitomanía y costumbre de postergar decisiones, Costa Rica logró transformarse significativamente. Esa transformación permitió que más de 567 empresas operen en las zonas francas y cerca de 251.000 empleos directos e indirectos en el régimen especial. También, que las exportaciones representen más de un 40 % del PIB.
Esto plantea una pregunta interesante: ¿Es realmente tan ineficiente nuestro criticado y alambicado sistema político e institucional? Pareciera que no.
La transformación fue posible gracias a acuerdos entre los sectores políticos, sociales y económicos. Con diálogo constante y dirección política clara se pueden hacer maravillas. Si bien el cambio estructural de nuestra economía ha sido positivo, es necesario continuar el proceso para aumentar sustancialmente la productividad y, como resultado, los ingresos del régimen definitivo, que representan un 85 % de la economía.
Latinoamérica, con su rica pero compleja historia, nos ha enseñado que la concentración de poderes no es garantía para el desarrollo. Como bien decían nuestros antepasados, “pa’ empeorar la cosa, mejor no cambio de rosa”.
Así que al usar a El Salvador como ejemplo, preferimos decir a las autoridades: “Gracias, pero no gracias”.
Luis Liberman y Daniel Ortiz son economistas.