EscucharNadie le toma cariño a alguien –o a algo– que no conoce. Nadie defiende a alguien –o algo– al que no le ha tomado cariño. Tampoco se desea lo que no se conoce, como no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Aforismos quizás, pero verdades casi absolutas en muchas circunstancias de la vida.
Para mí, las instituciones de costarricenses han sido lo natural. Nací en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), me vacunaron en una de las extintas unidades sanitarias del Ministerio de Salud y me atendieron las enfermedades en la CCSS. Fui a la educación pública sin saber que lo estaba haciendo. Incluso, con un poco de rubor, debo confesar que me gradué de una universidad pública, sin tener muy clara la diferencia entre la organización y financiamiento de la educación pública respecto de la privada.
He vivido en un país donde el agua es potable y se puede beber de casi cualquier tubería.; donde la electrificación ha llegado a casi todos los rincones; donde hasta en los poblados más impensables, hay una escuela, y aunque fuera administrado, había un teléfono público desde el que se podía hablar al resto del mundo. Simplemente, lo he vivido, la mayor parte de mi vida, de natural, sin saber cómo o por qué.
En la coyuntura actual, en que las instituciones que cimentan el Estado social de derecho de nuestro país están siendo socavadas, de manera sistemática, por fuerzas políticas que ignoran la historia costarricense y, que solo buscan oprobiosos beneficios particulares a costa del resto de la sociedad, considero fundamental que, desde el sistema educativo, se forme a los ciudadanos sobre nuestra institucionalidad. Hablo de una educación cívica verdadera, basada en el conocimiento sustentado en la práctica de la vivencia diaria de su existencia, sus beneficios y, claro, del posible perjuicio de su inexistencia.
No deja de preocupar que sea, irónicamente, desde el mismo Ejecutivo que se estén minando esas bases de nuestra institucionalidad. Pero hasta eso debería ser parte de esa educación para la vida cívica: el respecto por orden social y la estructura que da forma y sustento a nuestra vida democrática.
Desde esa perspectiva, el sistema educativo costarricense deberá enfrentar el reto fundamental de formar a ciudadanos capaces de comprender las bases sobre las cuales se ha construido nuestra sociedad. Poco importarán las ciencias, las matemáticas, el español o los estudios sociales si somos ignorantes de nuestro país, y del mundo. Abogo por una educación cívica moderna, basada en la historia explicada y aplicada, contextual.
En un escenario global de desinformación y polarización, es imprescindible que desde las aulas se cultive un conocimiento profundo sobre las instituciones que han forjado la paz social y el Estado social de derecho que nos distingue: el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Poder Legislativo, la Universidades Públicas, el ICE, por citar algunos de los más relevantes. De manera destacada, la Caja. Estas instituciones representan pilares de nuestra democracia y garantía de nuestros derechos fundamentales.
El papel de la Caja
Entre todas las instituciones, la Caja ocupa un lugar preeminente en la construcción de nuestra identidad nacional. Fundada en 1941, simboliza el logro de una sociedad capaz de lograr grandes acuerdos, de tener visión prospectiva de largo plazo, colocando al ciudadano como eje central de su propósito institucional. Ha sido, sin duda, un motor del bienestar de millones de costarricenses. Su historia, estructura, financiamiento y funciones deberían ser parte obligatoria del currículo en todos los niveles educativos.
Es preciso conocer, por ejemplo, cómo el seguro de salud cubre atención primaria, servicios hospitalarios y programas preventivos. Asimismo, que su red de Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebáis), clínicas y hospitales ha permitido la descentralización de los servicios, procurando atención médica en las comunidades más remotas. Y que los hospitales ofrecen servicios especializados de primer mundo por su infraestructura y equipamiento, pero, especialmente, por su equipo humano altamente calificado.
Por otro lado, el seguro de pensiones, conocido como el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), asegura la protección económica en la tercera edad o ante eventualidades que, lamentablemente, dejan a la persona en condición de invalidez permanente.
Pero nada de eso es gratis, y se debe educar para conocerlo.
Es necesario saber conocer ese sistema tripartito de financiamiento, visionario para aquella época, en que trabajadores, empleadores y el Estado contribuyen para garantizar su funcionamiento. Un modelo basado en la solidaridad, proporcionalidad, equidad y universalidad, que no solo redistribuye recursos, sino que también refleja un compromiso colectivo con el bienestar común. Sin embargo, ese sistema ha debido ser modificado, pues las circunstancias cambiaron entre aquel 1941 y la actualidad.
Hoy, la existencia de un amplio sector de trabajadores independientes ha requerido idear formas para asegurarlos y captar recursos de ellos. Asimismo, la necesidad de cubrir a las personas que realizan empleos injustamente invisibilizados e ilegalmente informalizados, como el de las trabajadoras domésticas o el de los operarios en pequeñas y medianas empresas. Falta aún más, se necesitan realistas opciones para atraer a estas personas a la formalidad.
Es necesario que todos sepamos, desde pequeños, y según nuestro nivel de entendimiento, qué es eso a lo que llamamos “la Caja”. Ese lugar común donde la mayor parte de la gente va cuando se enferma; donde la mayoría de nosotros ha nacido o ve nacer a sus hijos. Ese lugar donde se nos atendió hasta la extenuación extrema durante la pandemia por la covid-19, incluso, pagando con la vida de algunos de sus funcionarios. Donde se atienden los padecimientos más graves de nuestra población, algo que sería imposible sin su existencia y su forma de funcionar.
Precisamente, atiende a la población más vulnerable a pesar de no contar con un seguro de salud porque, en teoría, el Estado pagará por ellos. Digo en teoría, porque es ese dinero el que varios gobiernos han dejado de girar a la CCSS, y que hoy consolidan una deuda de más de ¢4 billones que atenta contra su sostenibilidad, pero, más importante aún, que socava su capacidad de atender, de la mejor manera, a las personas que lo requieren.
Educar para el futuro
Un riesgo creciente es que muchas personas, por desconocimiento o desinformación, opten por no cotizar al sistema de la CCSS. Aunque puede parecer económicamente conveniente a corto plazo, tiene consecuencias graves para el individuo y la sociedad. Quienes no cotizan se ven desprotegidos frente a enfermedades que podrían requerir atenciones médicas costosas, poniendo en riesgo su salud y su estabilidad financiera. Además, quedan sin acceso a una pensión en su vejez, perpetuando ciclos de pobreza y dependencia. Educar sobre estos riesgos y sobre los beneficios de cotizar no es solo una tarea informativa, sino una inversión en la sostenibilidad del modelo solidario.
Quizás el enfoque CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, aplicado de manera transversal en el sistema educativo, desde el prescolar hasta la universidad, ayude a ofrecer ese conocimiento, propiciar actitudes sanas y positivas hacia la institución, y a desarrollar prácticas que favorezcan la sostenibilidad de la Caja, haciéndola verdaderamente eficiente, oportuna, universal y solidaria.
Cada estudiante obtiene un conocimiento profundo de cómo funcionan y por qué son esenciales. Esto fomentaría una ciudadanía crítica, capaz de participar en el debate público y de defender las conquistas sociales que hoy damos por sentadas.
Pienso en prospectiva, soy optimista a pesar de la insensata e insalubre decisión de eliminar los Programa de Afectividad y Sexualidad Integral de los planes de estudios del MEP.
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.
