No solo ella y el presidente, Carlos Alvarado, quien le brindó sólido apoyo, están en desacuerdo con la suspensión de un mes recomendada por la Contraloría, como sanción por pagar obligaciones crediticias urgentes y heredadas sin contar con el aval legislativo. Muchos compartimos esa opinión. Pero también compartimos, como ellos, el respeto por la institucionalidad, que en este caso se manifestó —con errores o sin ellos— desde la independencia necesaria en un Estado de derecho.
Una visión optimista me lleva a decir, entonces, que con el impulso de Aguilar a la reforma fiscal ganó nuestra estabilidad económica, y con su renuncia ha ganado nuestra estabilidad institucional, aunque el costo sea perder lo más parecido a una persona indispensable en el gabinete. La gran pregunta es qué seguirá tras ella y qué pasará con la tarea de estabilizar las finanzas públicas y generar crecimiento.
La clave de la respuesta estará en quién la sustituya: no solo nos dará una idea de la profundidad (o no) del compromiso presidencial con la seriedad fiscal, la mejora en los ingresos, la contención del gasto, el manejo responsable de la deuda y la conversión del presupuesto en verdadera herramienta de política pública; también, revelará su disposición a seguir impulsando otras reformas clave de las que doña Rocío ha sido abanderada.
Su renuncia la engrandece, aunque a muchos nos haga sentir desamparados, y coloca al presidente ante la responsabilidad tanto de escoger un sustituto o una sustituta de similar nivel como de enviar una señal clara sobre el rumbo del gobierno. Espero que el mensaje sea de continuidad por un rumbo reformista riguroso y responsable, es decir, una virtual renovación del liderazgo presidencial. El país lo necesita. Será la mejor vía para agradecer el aporte de esta mujer ejemplar.
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El autor es periodista.