Por tales motivos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) resolvió poner en vigor la parte de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a esa materia. En cambio, la Conferencia Episcopal censuró la medida a partir de mala información, desconocimiento normativo e interpretaciones de dogmática religiosa ajenas a la dinámica del Estado.
Nuestros obispos estaban tan urgidos por manifestarse, que no leyeron la resolución completa del TSE y presumieron que la indicación de sexo desaparecería tanto de la cédula como del registro de nacimientos. Sin embargo, el Tribunal dispuso todo lo contrario: mantener el “sexo del nacimiento” inscrito en el asiento respectivo. Desde ese inaceptable error plantearon una serie de argumentos que murieron sin haber nacido; por ello, no tiene sentido considerarlos.
Del resto, el más riesgoso es decir que, al aplicar directamente la opinión consultiva, el TSE impuso “una serie de normas sin la mediación del legislador costarricense”. No es cierto, por dos razones: 1) fueron los legisladores quienes, en su oportunidad, ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, base para la acción de la Corte, y 2) la potestad del TSE para interpretar las leyes o disposiciones electorales y registrales emanadas de la Constitución.
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Los obispos tienen derecho a descuidar la lectura de los textos y a hacer públicos sus criterios doctrinales. Sin embargo, cuando intentan deslegitimar las decisiones de órganos que, como el TSE, poseen el mandato de actuar ante lo que les compete, cruzan una peligrosa línea. Sin duda, desearían que decisiones de esta índole –y en particular sobre el matrimonio igualitario– se ventilen en la Asamblea Legislativa, donde un contingente de diputados fundamentalistas las frenaría. Pero nuestra institucionalidad va por otro camino. Deben entenderlo y respetarlo.
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Twitter: eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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