La póliza de ¢248 millones anuales que el gobierno intenta comprar con dinero público para proteger a su gabinete de responsabilidades civiles no es más que un indicio del miedo que, a dos años y medio de mandato, comienza a invadir a los altos funcionarios por cuestionadas o controvertidas decisiones. Tarde, cayeron en cuenta de que meterse a gobernar acarrea riesgos reales en su patrimonio —tanto ahora, como cuando dejen sus cargos— si llegara a comprobarse negligencia o dolo.
El pretexto de que el seguro que se quiere contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) es vital para que el gabinete “trabaje con tranquilidad" es, más bien, señal de intranquilidad. Refleja temor a las implicaciones legales, cuando lo correcto es que desde el 8 de mayo del 2022, cuando asumieron sus funciones, tomaran decisiones justas, responsables y, sobre todo, apegadas a la ley. Si así fuera, trabajarían con serenidad.
Excusarse con que ganan menos que los diputados es vergonzoso. Desde que aceptaron los cargos eran harto conocidas las condiciones en que supuestamente iban a servir al pueblo y, si no se informaron antes, fueron muy irresponsables. Es sabido que figuras que ocuparon sus cargos en el pasado pagaron, de su bolsillo, pólizas por responsabilidades civiles, pues la legislación impide hacerlo con fondos públicos.
Esta póliza es de lujo porque beneficia a una élite de gobierno y cubre los pagos de indemnizaciones por hasta $500.000, gastos de abogados, fianzas, multas y asesorías de relaciones públicas. Otros cientos de funcionarios, con menores salarios, pero que también administran fondos públicos o firman acuerdos administrativos que les suponen riesgos legales, resultan claramente discriminados.
Sin duda, quien tomó la decisión de contratar el millonario seguro se percibe privilegiado. Craso error, máxime si se ideó que la póliza hasta respondería por algo tan específico como daños ambientales, campo en el cual este gobierno ha sido bastante descuidado.
Evidentemente, hay miedo por las responsabilidades civiles, aunque no todo es desesperanzador: en lo que resta del mandato, es previsible que el gabinete sea cauteloso y se ajuste a los criterios técnicos y las leyes.
amayorga@nacion.com
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el vicepresidente Stephan Brunner y la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, el día que justificaron la póliza. Foto: John Durán.
Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.
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