Cada vez que leo una noticia sobre un tema de interés en el que está implicada una institución, noto, con una frecuencia que me alarma, la siguiente oración: “Se enviaron preguntas, pero al momento de cierre de la edición, no se había recibido respuesta”. Que ocurra un par de veces, pasa, pues la oficina de prensa podría haber estado celebrando el día de la secretaria y el ministro o la presidencia ejecutiva andaban indispuestos; digamos que les cayeron mal los camarones y no pudieron contestar.
Pero no, vieran que no. Si ustedes se ponen a contar las veces en las que tal coletilla aparece en las noticias, rápido concluirán que no puede ser que todos los días, en el sector público, todo el mundo ande con pringapié. Esos mudos e imposibles de localizar alternan esa mudez con declaraciones en tiktoks o en conferencias de prensa, eso sí, en espacios controlados y coreografiados.
Tampoco es que se trate de una negativa con un periódico en particular, por ejemplo, La Nación, aunque es un virus selectivo. Cuando reviso una paleta de medios, la falta de respuesta parece acotada –apropiándonos del pintoresco lenguaje oficial– a las interrogantes provenientes de la prensa canalla. A esta, la línea oficial parece ser que es no admitirle o negarle nada, sino hacerse el que no importa o cansarla con el silencio. O, corrijo, retrasar cualquier respuesta hasta que ya no se pueda.
Por supuesto que los periodistas joden. Mandan preguntas para ya, como si todo el mundo estuviera sentado, esperándolas, sin otra cosa que hacer. Y, muchas veces, son preguntas que vienen con la patada al hocico. Estamos claros, aquí no hay angelitos. La relación adversarial entre Estado y prensa es una parte consustancial de la vida en democracia, que muchas veces se asemeja al juego del gato y el ratón. Siempre hubo los que hicieron todo lo posible para no rendir cuentas. El problema es que ahora pareciera ser una epidemia que acogota a todo el Estado.
El tema de fondo es el acceso ciudadano a la información y la obligación constitucional de las y los funcionarios públicos, como simples depositarios de la autoridad, de responder a un sistema de escrutinio, pues la Administración Pública está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas (Art. 11). A este y a los gobiernos que sigan, la ciudadanía no puede permitirles que entronicen el silencio.
vargascullell@icloud.com
Jorge Vargas Cullell es sociólogo.
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