En julio de 2003, una reforma modificó el artículo 9 de la Constitución Política, disposición esencial en materia de organización del Estado y ejercicio del gobierno. Como resultado, el texto modificado dice que el gobierno lo ejercen los tres poderes consabidos, pero, además, en primer lugar: «el pueblo».
La explicación de la finalidad de la reforma radicaba en la conveniencia de armonizar ese artículo con otros de la Constitución que se habían enmendado poco antes a fin de crear vías directas de participación: el referéndum y la iniciativa popular. Ambos ampliaron el espacio para la participación popular en la práctica del gobierno, que en adelante podría expresarse tanto mediante elecciones como por votaciones.
Hay quien piensa que la reforma era redundante. Ya de por sí, el mismo artículo dice que el Gobierno es «popular», de donde se deduce que todo poder estatal emana del pueblo, aunque sea ejercido por intermediarios legítimos. La primera es una regla alusiva al origen del poder público, la segunda, una concerniente a su modo de ejercicio.
Pero, si la enmienda del artículo 9 está limitada simplemente a apaciguar un problema de falta de correspondencia entre este y otros de la Constitución, la reforma apenas parece necesaria y es relativamente inocua. El referéndum y la iniciativa popular, creados en mayo de 2002, son causes congruentes con el carácter popular y participativo del gobierno que ya predicaba el mencionado artículo. Por consiguiente, el problema no existía o era irrelevante.
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Fuere como fuere, el caso es que, en el mediano y largo plazo, la voluntad del legislador constitucional solo impone leves límites al significado de los
cambios textuales que introduce; el sentido de esos cambios suele mutar y desbordarse de la mano de la evolución de los acontecimientos, de los fluctuantes ejercicios y relaciones de poder.
En el caso del artículo 9, la inserción de la palabra «pueblo» junto a los tres poderes del Estado puede alcanzar significados que excedan, con mucho, la finalidad formal de la reforma de julio de 2003. El texto puede abrirse a ingeniosas vías de participación popular que refuercen el contexto democrático liberal, pero también validar, por ejemplo, experimentos populistas que vayan en otra dirección.
El autor es exmagistrado.