EscucharPara comprender la gravedad de la revancha que parece querer cobrar el gobierno al diario La Nación, mediante el cierre del Parque Viva, es interesante considerar varias dimensiones.
A cierta perspectiva le alcanzaría con decir que las acciones del Gobierno de Chaves representan a un grupo de la burguesía distinto del que habría representado la administración anterior y que su elección es tan solo el resultado lógico de los conflictos inter-burgueses, inter-«neoliberales», etcétera.
Pero un análisis más integral mostraría que estos conflictos se motivan y apoyan también en factores subjetivos y culturales, más que solo económicos.
Para aquella perspectiva, siendo el gobierno actual de «derecha», estaría atacando ahora a un grupo empresarial porque necesita favorecer a otro sector de la burguesía y para ello requiere erradicar a la prensa crítica (es decir, «canalla»).
Datos a favor de este modo de analizar, hay: la candidatura de Chaves fue financiada por un empresario del gremio de importadores de arroz y el Gobierno ahora toma medidas que favorecen la libre importación del producto.
Su campaña también fue financiada por un empresario del oligopolio privado del transporte y el Gobierno viene preparando el terreno para favorecer a este gremio (decreto para reinventar la regla fiscal, satanización del tren eléctrico público, subsidio directo a los transportistas).
Del mismo modo, la administración ignora las consideraciones reiteradas de la Contraloría sobre la modernización de puerto Caldera y anuncia una salida que podría beneficiar directamente al principal financista de su campaña.
Pero, el análisis ha de ser más complejo porque, dicho lo anterior, también es cierto que el proteccionismo que tradicionalmente se ha tenido con el gremio arrocero eleva el precio de un producto que es de alto consumo entre las personas de menores ingresos. De bajar el precio al consumidor, en el imaginario social y en los bolsillos, el Gobierno de Chaves se confirmaría como una suerte de «redentor».
Lo mismo puede decirse de la poca capacidad de servicio del puerto de Caldera y del pésimo servicio privado de transporte público: ambos también son problemas reales que encarecen el costo de la vida, los costos de producción y maltratan el uso del tiempo vital y la salud mental de las personas.
Sin embargo, esto todavía resulta insuficiente para interpretar lo que está ocurriendo.
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Imagen con fines ilustrativos. Foto: shutterstock (Shutterstock)
Cosechando malestares
El impacto de dos años de encierro por la pandemia llevó al límite la impaciencia de la población con respecto a los problemas nacionales de larga data y nutrió el apoyo —bajo, de todos modos, pues fue de 28,75% del padrón electoral— que permitió a Chaves ganar los pasados comicios.
Y, en esta particular coyuntura, lo peor que pudo pasarle a la democracia costarricense —como ya ocurrió en otras democracias del continente—, fue el ascenso de un gobierno de vocación autoritaria y machista, que aparenta estar abordando, por fin, viejos problemas, cuando, en realidad, está sustituyendo unos actores por otros y creando problemas nuevos.
Tampoco es ya inusual que un gobierno con vocación autoritaria recurra al uso sistemático de redes sociales populares, como Tik Tok, así como a escogidos medios de comunicación, para producir simpatías mal informadas y fomentar irresponsablemente el odio y el miedo, con el fin de socavar las instituciones públicas y los poderes de la sociedad civil (otros ejemplos son la utilización de las plataformas de Russian TV (RT) por Putin y de Twitter por Trump, hasta su exclusión de esta red).
Igual que ocurre hoy en los Estados Unidos, para la democracia costarricense la amenaza que esta clase de autoritarismo implica es particularmente onerosa por inesperada: pone en riesgo los derechos individuales y democráticos de toda la población, algo impensable en la historia moderna de nuestro país.
El presidente Chaves, por ejemplo, tampoco se cuida de ser «más papista que el papa» cuando descarta la discusión sobre el Estado laico —que un representante del propio Vaticano había apoyado durante una conferencia en nuestra capital—, con tal de contentar al autoritarismo religioso local, que también le dio una parte de sus votos y que hoy parece dispuesto a cogobernar.
El Gobierno también socava el reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres cuando trata con menosprecio la designación de la persona encargada del ministerio respectivo, quien, además, recientemente dio confusas declaraciones acerca de la conducta machista de los agresores, que tuvieron que ser refutadas por las organizaciones de mujeres.
Por si faltara, su Ministerio de Salud somete a «revisión» la norma técnica sobre el aborto, un derecho de las mujeres que está consagrado desde hace décadas en la legislación costarricense.
Precisamente del despacho del más alto nivel de ese ministerio, que también ha menospreciado el conocimiento científico y la experiencia acumulada y que parece pagar así los votos recibidos de los movimientos antivacunas, salió la orden sanitaria de cerrar el Parque Viva en tiempo récord, a partir de una «denuncia anónima».
La emisión de esa orden ocurrió poco después de que los directivos de ese grupo empresarial —dueño también del diario La Nación—, salieron al paso a declaraciones temerarias del presidente Chaves y explicaron con transparencia que las cuentas sí les cerrarán para pagar a quienes adquirieron sus bonos —incluidas algunas instituciones públicas—, específicamente porque la reactivación económica del Parque Viva, tras el impacto de los cierres por la pandemia, forma parte de su plan financiero.
En política, no hay coincidencias. Sea con el afán de intimidar o con el objetivo deliberado de socavar la capacidad de pago del grupo empresarial para poder eventualmente cobrarse una deuda silenciando al periódico La Nación, el comportamiento del Gobierno es un ataque directo a Costa Rica, un país que aún ha de demostrar que no es la aldea que el recién llegado presidente parece creer que es.
Se equivocan quienes de modo sistemático atacan a ciertos medios de comunicación, como La Nación, por el hecho de que es propiedad de un grupo empresarial, pues de eso se trata, precisamente, el derecho a la información, al libre pensamiento y a su difusión pública.
Un medio de prensa público puede, por ejemplo, ufanarse de ser independiente de grupos empresariales y; sin embargo, estar cooptado por intereses gremiales. Pero nada de esto justificaría buscar su cierre, pues, sin diversidad de enfoques, no hay libertad de prensa sino tan solo propaganda.
Si no «trazamos la raya» desde ahora, manifestando nuestro rechazo a este modo de autoritario de gobernar, el socavamiento de la democracia costarricense terminará afectando cada una de nuestras libertades personales y políticas.
Doctora en Estudios Sociales y Culturales, es profesora e investigadora de la UCR.
Twitter: @MafloEs
