Los hospitales son instalaciones muy necesarias, aunque uno desea que no existieran porque representan dolor, malestar, sufrimiento.
En Costa Rica, contamos con dos sistemas hospitalarios de alta calidad y capacidad de resolución; por un lado, los pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por otro, una serie de prestadores privados cada vez más numerosos, de mayor envergadura y penetración territorial.
Este último sistema es evidencia del incremento del gasto de los costarricenses en medicina privada. Las causas pueden estar en la incapacidad material de la CCSS para resolver en tiempo y forma los padecimientos de la población asegurada y la cubierta por el Estado, y por la creciente informalidad que deja a cientos de miles sin seguro de salud.
La CCSS ofrece una red de servicios en la que los hospitales desempeñan un papel central. Los periféricos ofrecen, según su ubicación, estratégicamente, algunas especialidades; los que no, son cubiertos por hospitales regionales situados en las cabeceras de provincia.
Cuando el caso lo amerita, se transfiere a los hospitales nacionales (generales o especializados) en la capital. La red es producto de décadas de trabajo visionario de cientos de personas de distintos estamentos y estructuras organizativas de la CCSS, con apoyo de gobiernos comprometidos.
Fue concebida gracias a una política pública stricto sensu, y no como fruto de ocurrencias de algunos o el pago de favores de otros. Ha imperado la “visión país”.
Hospital de Cartago
La comunidad cartaginesa lucha desde hace décadas por contar con un hospital que satisfaga sus crecientes necesidades de atención de sus problemas de salud.
Se requiere de más y mejor infraestructura y equipamiento tecnológico, de personal con capacidades técnicas, científicas y calidad humana.
No es para menos, las condiciones del hospital Max Peralta distan mucho de lo que se requiere; aunque los funcionarios se entregan a diario por cada paciente, es materialmente imposible atender a la totalidad de la población adscrita, por lo que las listas de espera crecen en número de pacientes y en días de resolución.
Además, referir a la gente a otros centros médicos afecta la atención de los propios pacientes de estos, un mal crónico de elevado costo personal, institucional y social.
La administración de Rodrigo Chaves, mediante ilegítimas acciones, perturbó el funcionamiento orgánico de la CCSS mediante la Junta Directiva. Perjudicó el portafolio de inversiones, especialmente, lo relativo a infraestructura.
En marzo, so pretexto de una CCSS quebrada, una junta espuria paralizó los planes institucionales en la materia. Luego, por fortuna, corrigieron el error.
El hospital de Cartago continuó con sus planes; sin embargo, el Ejecutivo y la presidenta Marta Esquivel, como su brazo operativo en la CCSS, sostienen el criterio de que el lote adquirido no es el adecuado, a contrapelo de los criterios expertos de las oficinas técnicas de la CCSS, de la Municipalidad de Cartago y de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y de Geólogos; más recientemente, también de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Criterios de la Dirección Regional de la Región Este del Ministerio de Salud indican que, aunque se reconocen una serie de condiciones del lote como riesgos debidos a químicos, inundaciones o sismos, son subsanables con un diseño y construcción adecuados, y no ven razones de peso para que no se construya el hospital.
Indican que, ante los riesgos existentes relativos a las industrias aledañas, el Ministerio deberá mantenerse especialmente atento y vigilar el cumplimiento de la normativa con el fin de minimizar los riesgos inherentes a las actividades productivas de la zona.
Además, los hospitales de la CCSS se diseñan y construyen siguiendo las guías de la Organización Panamericana de la Salud, que permiten que se mantengan trabajando todos sus servicios al máximo de su capacidad, en su misma infraestructura, inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural o accidentes.
Son seguros porque cuentan con la máxima protección posible, vías de acceso y servicios básicos operando para garantizar su funcionamiento continuo y absorber la demanda adicional de atención médica producto del desastre.
En manos de expertos
Ahora, Mary Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, pone la cereza que faltaba en el pastel del Ejecutivo y de la presidenta de la CCSS al amenazar con no habilitar los servicios del nuevo hospital.
Introduce presión innecesaria en la CCSS y a su propia gente en el Ministerio, quienes van a sentirse entre la espada y la pared, pues su jefa estará esperando cualquier disconformidad para emitir una inhabilitación.
No obstante, la responsabilidad recae en profesionales específicos del área de regulación del Ministerio. No es un asunto de decisión antojadiza o caprichosa.
Un hospital no es un capricho de una población que decidió enfermar o sobrellevar alguna condición que afecta su calidad de vida. De acuerdo con la determinación social de la salud, las poblaciones enfermas son víctimas de sistemas que los desprotegen y no les han ofrecido las condiciones idóneas para la prevención. Así, una forma de resarcirlas es proveerles centros de atención óptimos.
La construcción de un hospital urgente para cientos de miles de personas de Cartago y una parte de San José no puede quedar a expensas de un capricho. Las autoridades aludidas deberían leer los artículos 11 y 194 de la Constitución Política; quizás, les recuerde aquello con lo que se comprometieron.
El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.