EscucharLa destitución de Nogui Acosta del viceministerio que ocupó en la administración anterior fue causada porque un negocio de sus familiares no estaba al día con el pago de impuestos. Fue un castigo injusto, dado que los datos conocidos mostraban que no tuvo que ver directamente en el asunto. Además, siempre, desde la buena fe, no había malas impresiones de este funcionario, quien también fue asesor del PUSC en la Asamblea Legislativa y hoy es ministro de Hacienda.
A Mario Ramos, director general de Tributación, quien lo acompañó en la aventura de acusar de supuesto “mega fraude fiscal” al empresario Leonel Baruch, lo antecede una verdadera ordalía judicial, que bien podría caracterizarse como una persecución protagonizada por Alcatel, que ya no opera en el país, debido a que él logró documentar con rigor —al menos parecía, ahora ya no sé qué pensar— un caso de posible fraude fiscal, que el Ministerio llevó a los tribunales. Hasta donde hice el seguimiento, el caso contra Ramos seguía abierto, lo mismo que el de la denuncia contra la empresa.
Por eso, me asombró conocer que nunca hubo un informe técnicamente documentado del “megacaso”, que el amago de denuncia ya había sido desestimado por la Fiscalía y que desde siempre los funcionarios se basaron en un posteo anónimo en TikTok.
Acosta y Ramos pasaron de perseguidos a perseguidores y, con el transcurso de los días, particularmente Acosta se vio cada vez más cómodo sosteniendo la ficción, pues Ramos se mantiene de bajo perfil.
Y si bien es una vergüenza que algunos diputados del PUSC hayan salvado al ministro de la censura formal de la Asamblea Legislativa, lo más preocupante es el escalamiento descarado de la posverdad en el que aceptaron participar ambos funcionarios, sumándose de lleno, así, a la aventura malévola del grupo que hoy nos gobierna.
El odio se construye
El país no había terminado de dilucidar esta “absolución” del ministro de Hacienda cuando Gloriana López Fuscaldo, exdirectora del PANI, iluminó facetas aún más sórdidas de una aparente persecución oficial contra Baruch, banquero y también propietario de CRHoy, uno de los medios críticos de las prepotencias de la actual administración.
Antes que López Fuscaldo, Baruch había denunciado supuestas invitaciones de doble moral —escondidas de la mirada pública— usadas por este gobierno para, al parecer, “comprar” su complicidad a cambio de darle una ventaja en el mercado de los medios de comunicación mediante la eliminación de la competencia, en este caso, del también perseguido periódico La Nación.
Pero este estilo de hacer política fue rechazado por Baruch y, como castigo, la administración trató de instrumentalizar sus relaciones familiares, preguntándole innecesariamente por su proceso de divorcio durante una comparecencia ante la Asamblea Legislativa.
Expuesta la doble conducta del gobierno en la escena pública, pues se transmitía en directo, Baruch pasó súbitamente de ser uno de los barones de la “prensa canalla” —según el oficialismo— a la condición de caballero. “Yo creí que era usted un caballero”, le dijo la diputada Cisneros, lo cual solo confirmó la hipocresía oficial: o era un caballero o era un canalla. Pónganse de acuerdo.
Posteriormente, la veracidad de lo denunciado por la exjerarca del PANI, acerca de que “el jefe”, es decir el presidente, le pidió poner una atención especial al expediente familiar de Baruch, se reforzó cuando este diario comprobó los registros de ingresos a la oficina presidencial. Baruch, por su parte, presentó ya una denuncia contra el presidente Chaves por tráfico de influencias.
Pero el nuevo estilo político, propio del bully o matonismo de las organizaciones mafiosas, en realidad se inició con la amenazas proferidas durante la campaña electoral contra la prensa independiente y después con el cierre del Parque Viva.
Ahora, las denuncias de la señora López tratan de ser estigmatizadas como un acto de “locura” por el Ejecutivo, primero por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación (”son fantasiosas y absurdas”, dijo), y después por el propio mandatario.
Los estereotipos y estigmas son dispositivos utilizados para deshumanizar a las personas, algo estudiado por distintas disciplinas. También son parte de los procedimientos que facilitan y anticipan el escalamiento de la violencia contra el otro, por eso se convierten en señales de alerta social.
La habituación al uso de la violencia verbal en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, desde el tradicional choteo hasta la difusión pública de suposiciones mitómanas y de otras ficciones, en vez de verdades corroboradas, son las que sostienen la misoginia, el racismo, el antisemitismo, la fobia a la homosexualidad, la xenofobia, por mencionar algunos, y que permiten a las personas comunes y corrientes “justificar” ante sí mismas desde el desprecio hasta formas más extremas de violencia.
Al reflexionar sobre cómo operaron estos mecanismos para hacer posible el Holocausto, en su conocida investigación Eichmann en Jerusalén, la filósofa alemana Hannah Arendt encontró que fue precisamente la banalización de estos mecanismos por las autoridades y la burocracia, y su consiguiente legitimación por las personas comunes, que el ser humano llegó a organizar la ingeniería de ese genocidio.
El largo proceso histórico de deshumanización de poblaciones como los judíos, comunistas, gitanos y homosexuales encontró así, en el gobierno nazi, el momento cúspide para dar el paso de los discursos de odio a los hechos.
El caso Dreyfus tico
Mucho antes de que existieran el nazismo, el fascismo o el estalinismo, el caso Dreyfus francés también fue uno de esos momentos de intensa confrontación política, en esa ocasión, entre monárquicos y liberales, que encontró salida en la creación de un chivo expiatorio.
El capitán Alfred Dreyfus, judío y, por tanto, portador del estigma asociado al “rico”, al cobro de intereses, al “banquero” o al “usurero”, fue acusado, sin pruebas, pero sí con deseo y suposiciones, de espiar para Alemania. Fue condenado por “alta traición” y desterrado a la colonia penal —muy decidora— de la isla del Diablo, en la Guayana Francesa.
Los prejuicios antijudíos y nacionalistas de la derecha y de la izquierda francesas —como analizó Arendt en Los orígenes del totalitarismo—facilitaron al país no ver la verdad que eximía a Dreyfus.
Sin embargo, doce años después tuvieron que absolverlo, gracias a que la lucha en el debate público de intelectuales como Émile Zola logró impedir que la mala voluntad insertada en el sistema se apropiara de la opinión pública.
Finalmente, ya no se pudieron obviar las pruebas que existían desde muy temprano y que culpaban a un mayor del Ejército francés.
Hoy, aquí, también, a pesar de ser considerado en privado como “un caballero” por las autoridades con mayor responsabilidad en la creación y sostenimiento de los discursos de odio, al señor Baruch le marcaron despiadadamente las cartas: convirtieron su oficio de banquero en un estigma al que le agregaron los “cargos” de ser propietario de un medio de comunicación independiente —”prensa canalla” para este gobierno— y de “megaevasor de impuestos”, sin prueba alguna.
Y si bien estos desafortunados discursos fueron construidos a lo largo de un proceso de varios años, hasta hoy las autoridades de un gobierno costarricense se permiten tal nivel de ligereza y violencia.
Diálogo y acuerdos
Contrariamente a las generalizaciones que suele hacer el gobierno, Costa Rica es de las naciones de América Latina que más se ocupan por buscar la igualdad y la equidad mediante una alta inversión social —si bien hoy no alcanza el promedio de la OCDE—. La lucha contra la pobreza es una característica definitoria de su Estado. Por tanto, es simplista y malintencionado atribuir los problemas actuales a la corrupción y a los errores de algunos.
Además, existe un consenso bastante amplio en cuanto a la necesidad de hacer cambios a la Administración Pública para mejorar el país, en el desafiante contexto del calentamiento global y la cuarta revolución técnico-científica.
Pero si la administración Chaves insiste en “incendiar la pradera”, Baruch, López, exfuncionarias y exfuncionarios del MOPT y del INS e inclusive instituciones como el INEC, que también sufre el acoso del gobierno, indican qué hacer.
La autora es doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora. Twitter @MafloEs.
