Buena noticia: después de un largo proceso, contamos con guías claras para la clasificación, el acceso o restricción de datos personales acumulados en registros o “bases” del país. Es un gran avance hacia el indispensable equilibrio entre el derecho a la intimidad o privacidad, esencial para el ser humano, y el derecho a obtener información útil, esencial para la sociedad.
En nuestro caso, ese balance debe articularlo la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, con base en la ley sobre la materia aprobada en el 2011. Tras su “paulatina” aplicación, dice La Nación del 31 de diciembre, ya está en plena vigencia, y uno de sus mayores aportes es definir tres categorías de datos: públicos, como la cédula (de acceso irrestricto); restringidos, como el salario (de acceso limitado); y sensibles, como expedientes médicos (de dominio privado).
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La falta de regulación ha permitido obtener sin filtros información personal de registros institucionales y unos pocos empresariales. Al agregarla, se generan “perfiles” humanos mucho más invasivos –y apetecidos– que los datos sueltos y, por ende, con valor económico transable. Este ha sido, en esencia, el modelo de negocio de algunas empresas.
Sin embargo, como la tecnología avanza con más rapidez que las leyes, la del 2011 se quedó atrás. Su eje son los datos acumulados, esencialmente pasivos. Pero el gran desafío de hoy surge de los datos dinámicos, que se generan en flujos constantes desde nuestros celulares, tarjetas de crédito, redes sociales y cualquier otra transacción digital, que son acumulados y procesados en tiempo real, y permiten hurgar en lo más profundo de nuestras preferencias y predecir patrones de conductas individuales o sociales.
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¡Bienvenidos al big data! ¿O no? Por un lado, es una herramienta clave para impulsar buenas políticas públicas y reaccionar ante emergencias; por otro, facilita la invasión visceral de la intimidad y la manipulación de decisiones, a partir de fórmulas vedadas al escrutinio público. Equilibrar ambas corrientes impone un esfuerzo monumental y trasciende fronteras. La Unión Europea trabaja afanosamente en ello. Debemos aprender de ella y de otros y, mientras lo hacemos, generar discusión pública y aplicar la legislación actual con estricto apego a los derechos individuales.
Correo: eduardoulibarri@gmail.com
Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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