EscucharNo pretendo con este artículo resolver un dilema bioético. Haré, sin embargo, mi mejor esfuerzo por interpretar la realidad de nuestro país: ¿Debe ser obligatoria la vacunación contra la covid-19? O, más específicamente: ¿Quién tiene la razón al respecto: el Gobierno Central, que dice que no por medio de su representante ante la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), o el resto de los miembros del grupo que dicen que sí?
El dilema ético, o bioético más bien, sería: ¿Debe ser respetada la autonomía del individuo a toda costa, de decidir si se aplica la vacuna contra la covid-19 o no, toda vez que se ha puesto a su disposición abundante información sobre eficacia, beneficios y efectos secundarios? ¿O debería ser obligado, en beneficio de la mayoría —que es el bien mayor—, con base en el principio de la justicia y los datos disponibles del costo-beneficio social? Según mi forma de ver las cosas, este es un caso típico de dilema entre la autonomía y la justicia.
El juramento hipocrático, en su forma actualizada por la Asociación Médica Mundial, conocido como Declaración de Ginebra (2017), toca, de manera muy directa, uno de los dos aspectos que conformarían el problema expuesto: el respeto máximo a la autonomía y la dignidad del individuo.
De hecho, reduce al mínimo el paternalismo, o sea, la posibilidad de que profesionales en medicina decidan por el paciente por encima de la voluntad informada de este. Poco menciona directamente acerca del deber de prevenir la enfermedad.
Tal juramento no me gusta porque habla siempre del paciente, ergo, enfermo que busca ayuda médica. Quizás, la versión propuesta en 1964 por el Dr. Louis Lasagna sea más apropiada, pues sí se refiere a prevenir la enfermedad, aspecto trascendental de la medicina preventiva y la salud pública. Pareciera, entonces, que el juramento hipocrático no es la herramienta más sólida para decidir cuáles médicos de la CNVE tienen razón, pues no resuelve nuestro dilema.
Contagios al alza
Si nos vamos a los fríos datos, la respuesta podría ser muy evidente para unos y otros, a pesar de que sean divergentes aun usando ambos la misma información. Costa Rica atraviesa por su quinta —o sexta— ola de contagios de covid-19.
Datos bastante subestimados, por cierto, muestran casi 3.000 casos diarios entre nuevas infecciones y reinfecciones, y 50 fallecimientos durante la semana del 17 al 23 de julio. La cantidad tiende al alza.
Al mismo tiempo, se reportan cerca de 400 personas internadas en hospitales, la mayoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); cerca del 16% ocupan una UCI. Para algunos, dentro de los que me incluyo, tales cifras son preocupantes; para otros, no.
Probablemente, las altas autoridades del Gobierno Central se ubiquen en el segundo grupo; al menos, esa es la idea que me transmiten sus posiciones abiertamente en contra de la obligatoriedad del uso de las mascarillas y el asunto que nos trae aquí: la vacunación obligatoria. A lo anterior faltaría sumar las dificultades en los servicios de emergencias, llenos de personas que asisten para descartar covid-19, los costos de todo tipo debidos a las pruebas de laboratorio, el agravamiento de las listas de espera, el agotamiento del personal de Salud, los días perdidos por incapacidad o muerte prematura, los efectos a largo plazo en los infectados con el SARS-CoV-2 y el agravamiento de las secuelas por reinfección, entre otros.
Los datos que nos llegan de casi todo el mundo, sea en revistas especializadas de gran prestigio, en las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre otros, nos hablan de la necesidad de, cuando menos, una dosis de refuerzo luego de un esquema primario de dos dosis de vacunas, no importa la combinación de tecnologías o marcas.
Todos los hallazgos apuntan en la misma dirección: la eficacia de las vacunas, cuando se tiene solo el esquema primario, se reduce después de seis meses, y no es suficiente para evitar los efectos graves de la infección por las distintas subvariantes de ómicron, como sí ocurre en aquellas personas con una dosis de refuerzo (tercera dosis).
Muchas personas dicen que no requieren la tercera dosis porque ya sufrieron la infección, y eso les confiere inmunidad híbrida, lo cual puede ser cierto; sin embargo, en varios casos, es muy difícil saber si la infección fue por SARS-CoV-2 o cuán apropiada fue la respuesta inmune de la persona infectada.
La recomendación general es aplicarse la tercera dosis, y, para las personas adultas o de cualquier edad que presenten algún factor de riesgo de gravedad en caso de enfermar de covid-19, administrarse un segundo refuerzo (cuarta dosis).
Qué dice la OMS
Como argumento final, para que cada uno saque su propia conclusión, la OMS puso a disposición pública un documento donde expone seis elementos que deben ser considerados para recurrir a la vacunación obligatoria contra la covid-19. Tomaré cada punto y algunas frases para iluminar nuestro juicio.
1) Necesidad y proporcionalidad: “Debe considerarse solo si es necesario, y es debidamente proporcional, para el logro de una meta importante de salud pública (incluidas las socioeconómicas) determinadas por una autoridad de salud pública legítima... Si puede alcanzarse esa meta… con intervenciones de política menos coercitivas o intrusivas… no se justificaría un mandato desde el punto de vista ético”.
2) Evidencia suficiente de la seguridad de las vacunas: “Debe disponerse de datos que demuestren que la vacuna que se va a aplicar por mandato sea segura en la población para la cual se hará obligatoria... En ausencia de evidencia suficiente de su seguridad, no habría garantía de que la obligatoriedad de la vacunación logre el objetivo de proteger la salud pública”.
3) Evidencia suficiente de la eficacia de las vacunas: “Debe disponerse de datos que demuestren que la vacuna es eficaz en la población para la cual será obligatoria la vacunación y que es un medio efectivo para alcanzar una importante meta de salud pública”.
4) Abastecimiento suficiente: “El abastecimiento de la vacuna autorizada debe ser suficiente y confiable, con un acceso razonable y gratuito para quienes será obligatorio vacunarse”.
5) Confianza pública: “Los responsables… tienen el deber de considerar cuidadosamente el efecto que la obligatoriedad de la vacunación podría tener en la confianza pública, en particular, en la confianza en la comunidad científica y en la vacunación en general”.
6) Procesos éticos de toma de decisiones: “La transparencia y la toma de decisiones gradual por parte de las autoridades legítimas de salud pública deben ser elementos fundamentales para el análisis y la toma de decisiones de índole ética sobre la vacunación obligatoria”.
Mi posición
El elemento medular aquí posiblemente sea el desarrollado en el primero de los seis. Desde mi punto de vista, en nuestro país, ha fallado el proceso de convencer a la población para que se aplique las vacunas y los respectivos refuerzos.
Datos publicados en este medio el 23 de julio indican que más de millón y medio de personas mayores de 12 años que han cumplido el tiempo para ir por la tercera dosis no lo han hecho, además de casi 51.000 niños de entre 5 y 11 años. Más grave aún son las casi 206.000 personas que no han recibido una sola dosis.
Bajo este escenario, con una marcada ausencia de datos duros y constantes, aunque los pocos que hay nos muestran un escenario aún frágil y de grandes perjuicios, así como una peligrosa —y engañosa— tendencia a “gripalizar” la covid-19, juzgo que existe la necesidad de inclinarse por mantener la vacunación obligatoria de la forma en que lo ha indicado la CNVE, aun a contrapelo de los deseos del Ejecutivo. Esa es mi respuesta al dilema ético planteado.
El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.
