EscucharSe acercan las elecciones municipales del 4 de febrero. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) nos invita a ser parte activa de la fiesta democrática y a votar por nuestro pedacito de Costa Rica. Aunque sencilla, la frase encierra una gran realidad: hay que velar por el bienestar propio, en primera instancia, y por el de los más próximos.
Propongo votar por la opción que nos ofrezca las mejores oportunidades de tener un cantón donde la salud de sus habitantes sea abordada de manera integral y de forma prioritaria.
Ha quedado en evidencia que el gobierno relegó la buena salud ciudadana, comenzando por un escueto plan de gobierno donde se refirió a ella de forma tangencial.
El nombramiento de una ministra advenediza al principio y su reemplazo por otra que no estaba contemplada en los planes originales para el puesto —peor aún, dárselo como recargo— da el mensaje de que es una cartera de poca monta.
El Ministerio de Salud, por ende, se sumió en una etapa de grandes confusiones que, de no ser por sus estructuras intermedias y basales, ofrecería peores resultados.
A lo anterior se suma el desastre en la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ejercida por una presidenta ejecutiva que no tiene idea de cómo es la institución, desconoce sus principios fundacionales y muestra incompresibles deseos de dañarla. Los ejemplos son numerosos y sorprendentes.
Volver los ojos a los gobiernos locales en busca de soluciones más próximas a uno pareciera ser una elección razonable, y quizás obligatoria. Posiblemente, cuando pensamos en el papel de las municipalidades en la salud pública, nos vienen a la mente la recolección de residuos sólidos, el alcantarillado sanitario, la provisión de agua potable y espacios públicos para la práctica de actividad física, la recreación y los deportes. Sin embargo, sus posibilidades de incidencia en la salud van mucho más allá.
Cumplir a cabalidad con acciones suficientes en cantidad y calidad de acuerdo con las funciones indicadas sería una enorme ganancia, pero aún insuficiente.
Acto justo local
La cobertura de los servicios debe ser la máxima, sin discriminaciones ni desventajas; no hacerlo constituye un acto injusto que pone a la población no cubierta en una condición de desigualdad y claro riesgo de sufrir enfermedades prevenibles.
Esto implica que, por ejemplo, desde la infancia, las personas tengan acceso a sitios de esparcimiento que fortalezcan su salud mental y que fomenten el tejido social mediante prácticas de socialización. Además, tales espacios u otros deben promover la actividad física de la gente de toda edad y condición.
No se trata nada más de construir un parque o una plaza, o de instalar máquinas para ejercicios al aire libre. No; implica darles mantenimiento y asegurar su correcto funcionamiento. Lo mismo vale para las plazas de fútbol, gimnasios, canchas multiuso, piscinas, pistas de atletismo y otras instalaciones deportivas. No se trata de construirlas y dejarlas al garete. También se debe velar por el acceso igualitario y equitativo.
Es bien conocido que los espacios de socialización para los adultos mayores mejoran los índices de salud física, mental y emocional. Redundan en niveles altos de autonomía, seguridad, confianza y un mejor control de los problemas crónicos, o propician una más baja incidencia cuando no se padecen aún.
Ni que decir de los sitios necesarios para arrebatar a nuestros jóvenes de las garras de las adicciones y la delincuencia, o para que madres jefas de hogar tengan el apoyo integral que les ayude a insertarse en el mercado laboral.
Hasta ahora, los gobiernos locales han tenido poca participación en el diseño de políticas públicas sanitarias, incluso a escala local, a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo y, con ello, responder a las exigencias —por necesarias— de la población.
Trabajo coordinado
Hay espacio para desempeñar un papel determinante en coordinación con las juntas de salud de la CCSS, los consejos cantonales de coordinación interinstitucional (CCCI), los comités interinstitucionales locales de vigilancia de la salud (Cilovis), las juntas de educación del Ministerio de Educación, las asociaciones de pensionados y de desarrollo comunales, las organizaciones deportivas y cuanta organización procure el bienestar de la población.
Deben, además, tener el músculo político suficiente y la fuerza necesaria para luchar contra la inoperancia, la negligencia y los atropellos caprichosos de las autoridades del Ministerio o de la CCSS, como en los casos de Cartago, Limón o Golfito, para mencionar los más notorios, en que se juega con el dolor y la vida de miles en los cantones.
La Ley General de Salud indica que la salud es un bien tutelado por el Estado y que es una función esencial del Estado velar por ella; sin embargo, si el Ministerio como ente rector y la CCSS como principal proveedora de servicios de medicina preventiva y de atención de la enfermedad fallan, los gobiernos locales deben tomar el protagonismo. Idealmente, ambos sistemas deberían funcionar en coadyuvancia.
No debemos olvidar que un pueblo sano produce más y mejor, que la salud es el mejor negocio para todos, mientras que la enfermedad lo es solo para unos pocos, entre estos, el sector privado. La enfermedad significa un alto costo personal, familiar y social.
Aún hay tiempo de revisar las propuestas de los candidatos, su hoja de vida, su capacidad de compromiso y de resolución de problemas. Sumemos la salud a la inversión social y en infraestructura, usuales en sus propuestas.
El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.
