Comenzó señalando que hay 16 nuevas carreras técnicas, lo cual es cierto. Pero tal vez pasó por alto el hecho de que fue en la administración anterior cuando se diseñaron y presentaron esos programas de estudio al Consejo Superior de Educación (CSE) para su análisis, incluidas, por ejemplo, la de Desarrollo de Aplicaciones de Software y la de Inteligencia Artificial, y cuya aprobación final sí ocurrió durante su mandato, en noviembre del 2022, por lo que a esta administración le correspondió la ejecución.
Luego, mencionó “que a ningún niño que no sabe leer ni escribir lo pasan como antes”, refiriéndose a la decisión tomada por el CSE de retroceder diez años a la época en la cual si un niño no aprendía a leer en primer grado, se le imponía la sanción de repetir el grado.
Al respecto, no pocos expertos han criticado esta decisión desde el punto de vista pedagógico, pero, especialmente, por el hecho de que tal decisión no fue respaldada por evidencia científica ni fueron consultadas entidades externas al MEP o expertos en la materia, y la deliberación (acta) del CSE sigue sin ser de conocimiento público.
El presupuesto de infraestructura “es un 130% más”, añadió. Los datos, sin embargo, señalan que mientras en el 2020 el MEP ejecutó ¢90.000 millones en gastos de capital, en el período 2022-2024 solamente se han presupuestado ¢25.000 millones al año para el mismo fin.
Finalizó afirmando que el 93% de las escuelas tienen internet, pero desde el 2021 el 90% de los centros educativos cuentan con conectividad. Por tanto, más importante aún que la cantidad es conocer sobre la calidad de dichos servicios y el aprovechamiento que se les esté dando en las escuelas.
Nada de esto es irrelevante, pues una falencia de la cartera de Educación ha sido la falta de transparencia y la confiabilidad de los datos y la información que ponen a disposición de la ciudadanía.
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El autor es economista.
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