Si hay algo que no se puede ocultar es la realidad con la que tropezamos a diario. Por eso, el artículo de la doctora Giselle Amador, directora del IAFA (Foro, 2/9/06), es preocupante ante sus confesiones de que “en los últimos 10 años no existió en el país una política de apoyo fuerte para disminuir el consumo de drogas, se debilitaron los esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales y la inte- gralidad necesaria para enfrentar el problema disminuyó”. ¿Dónde estuvo el IAFA levantando su voz? ¿Cuándo pidió más presupuesto? ¿Cuándo exigió coordinación interinstitucional? ¿Cuándo incidió de forma efectiva en las tareas que le asigna la ley? ¿Acaso la “sobrevivencia del IAFA”, de la que habla su directora, fue simplemente el cobro del cheque a fin de mes por parte de su planilla?
El problema de la drogadicción tiene múltiples factores asociados a su génesis. Pero no por ello IAFA se exime de su falta de acción efectiva para afrontar debidamente este flagelo social. Por fortuna, nos cuenta su directora, en el actual gobierno si existe compromiso prioritario en la lucha contra las drogas, que esperamos que se manifieste en una significativa rehabilitación de las personas drogadictas y en una disminución importante de la incidencia de esta adicción en jóvenes.
Solo me resta hacer una aclaración: en cuanto al albergue para menores infractores, fue una sentencia de la Sala Constitucional la que obligó al PANI, al IAFA y a la CCSS a construir un espacio para el tratamiento de menores en drogadicción, esfuerzo del que –conforme a los deseos de la doctora Amador– seré parte activa en el marco de las responsabilidades que la ley me confiere por ser, desde hace dos meses, miembro de la junta directiva del PANI, y desde donde oportunamente rendiremos cuentas al país.
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