Con gran satisfacción y complacencia, he recibido como costarricense interesado, en los temas de nuestra historia patria, la noticia acerca de la acertada y necesaria solicitud parlamentaria, planteada por el diputado Marco Tulio Mora del PUSC, en colocar de nuevo, el retrato del exmandatario Federico Tinoco Granados (1917-1919), en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
Ello por cuanto, en una tristemente célebre decisión del Directorio Legislativo del período 1994-1995, se decidió por acuerdo No. 113 - 94 del 9 de julio de ese año, retirar el cuadro de la imagen de don Federico, con base en una serie de apreciaciones y conjeturas subjetivas, absolutamente ayunas de fundamento histórico, político o jurídico que las respaldase, dirigidas y estructuradas, por parte del entonces presidente del Congreso, diputado Alberto Cañas, el cual esgrimió, como única tesis de sustento, la idea de que el gobierno de Tinoco había constituido una dictadura, decisión que tiene variados planteamientos refutables, pero entre los que destacan dos.
En primera instancia, si se tomara como válida la justificación de "dictatorial" de un mandato, para retirar las efigies de exgobernantes, tendríamos un verdadero problema de ausencias, en el recinto legislativo, pues bajo esa tesitura, deberían desprenderse las imágenes de quién con todo mérito y razón es el "arquitecto del Estado Nacional", don Braulio Carrillo, quién asume el poder por segunda vez en 1838, después de derrocar a don Manuel Aguilar. Asimismo, la figura de don Francisco Morazán, quien, por una invasión militar a nuestro suelo, derroca a Carrillo en 1842, asumiendo la presidencia, así como con su sucesor, Don José M. Alfaro, quién ejerció dos veces la Jefatura de Gobierno, a raíz de dos golpes de Estado, primero contra Morazán, en 1842 ,y segundo contra Don José R. de Gallegos, en 1846.
Igual situación se da con don José M. Montealegre, quién accede a la presidencia, después del golpe de estado contra don Juanito Mora en 1859, hechos que se repiten en 1868, cuando el presidente Castro Madriz, es derrocado de su segundo mandato, asumiendo la presidencia por segunda vez don Jesús Jiménez, quién a su vez es derrocado, en 1870, por el general Tomás Guardia, el cual ejerce las riendas presidenciales por 12 años. Para el siglo XX y después de una serie de convenios y arreglos, asume el poder don Alfredo González, quien, a su vez, es desplazado del cargo en 1917, por el citado Tinoco, y a la renuncia de este en 1919, la presidencia es ejercida por el tercer designado, don Francisco Aguilar, quien, a su vez, no estaba legitimado jurídicamente para ello pues su cargo había expirado en 1918.
Legitimidad. En segundo término, no debe olvidarse que una vez derrocado González Flores, Tinoco convoca para el 1.° de abril de 1917 a elecciones generales con los objetivos de elegir tanto diputados a una Asamblea Nacional Constituyente que decretare una nueva Carta Magna, como al presidente de la República. Ambos hechos se verificaron ese año, ganando Tinoco las elecciones y entrando a regir, legítimamente, el nuevo estatuto constitucional en junio, pero cuyos dos actos han sido criticados y desvalorizados, por haberse fraguado en derredor del golpe contra don Alfredo, pero cuyos hechos plantean el mismo cuestionamiento anterior pues, del análisis detallado de nuestra historia, se permite colegir que el proceso electoral ha sido muchas veces manipulado y desvirtuado, con lo que otra gran cantidad de retratos presidenciales también tendrían que ser retirados.
Por todo lo anterior, es claro que la calificación de dictadura, como argumento para el caso Tinoco no posee la mínima justificación para su desprendimiento y que, por el contrario, es imperioso dejar de lado cualquier cuestión u opinión personal y enmendar un acto que lo único que origina por parte de los costarricenses, al perpetuarse en el tiempo y no corregir ese desacertado actuar, es hacer cierta esa máxima del derecho romano de que "error non corrigitur per errorem" (Un error no se corrige con otro error).