EscucharEn cuatro meses el ICE ha sido presidido por tres personas distintas con un mismo dilema. Don Pablo Cob ,sucedido por don Jorge Gutiérrez, sustituido por don Pedro Pablo Quirós. La cuestión es ¿cómo debe evolucionar el operador estatal de electricidad y telecomunicaciones?
Esta situación recuerda el minicuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
Respetado académico, la salud del ingeniero Gutiérrez se afectó por el ácido de la política. Experimentado técnico, don Pedro Pablo afronta un rompecabezas político.
Es ineludible el consenso para definir objetivos nacionales en telecomunicaciones. Si se comparten los fines, será menos dificultoso acordar los medios.
Veintitrés años atrás se estableció la primera comisión gubernamental, con asistencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para estructurar el sector, enmarcado en una legislación moderna. Desde hace una década hay una discusión abierta sobre el papel del operador estatal en la provisión de servicios, ahora presionada por el compromiso aperturista del TLC.
Metas nacionales. Casi no se habla, sin embargo, sobre metas nacionales. Con más o menos acierto, según lo vea cada cual, a su hora la empresa privada propuso “una solución costarricense, dentro de un vigoroso régimen competitivo de economía mixta auténtica, con fidelidad al más legítimo interés nacional”.
Las metas sugeridas entonces: elevar la teledensidad de 28 a 100 líneas fijas de telefonía por cada cien hogares; aumentar el acceso a Internet de 130.000 a 1.000.000 de hogares; pasar de 340 (14%) a 4.100 (100%) escuelas y colegios oficiales dotados de laboratorios de computación en red; cada familia debe tener acceso permanente en banda ancha a servicios razonables de infocomunicación; en cinco años, la sociedad debe destinar al menos el 2% del PIB al desarrollo de tan estratégico sector.
Además de lo dicho, el principio constitucional de solidaridad, la obligación de servicio universal y el reconocimiento jurídico del derecho a la comunicación –como nuevo derecho humano fundamental– deben constituir el sustento del empeño por elevar el país al primer escalón mundial de infocomunicación.
El intríngulis es: ¿cuánto Estado y cuánto mercado, para llegar adónde? ¿Qué alforjas se necesitan para el viaje?
Mucha suerte a los nuevos funcionarios en esta etapa de la travesía.
