El hecho, por desgracia, tiene precedentes en América Latina. Un candidato presidencial se convierte en cruzado contra la corrupción y el crimen organizado. Identifica y señala a algunos de sus impulsores. Denuncia las amenazas con que lo asedian, pero se mantiene en campaña. Logra avanzar en las preferencias de voto, con el lema “Es tiempo de valientes”, y hasta se atreve a lanzar un desafío: “Aquí estoy dando la cara, no les tengo miedo”. Pero su valentía, decisión y mensaje, y las esperanzas que puedan suscitar, son acallados mediante el acto más censurable, extremo y definitivo posible: el asesinato a sangre fría.
Esta es la suerte que corrió, el miércoles a primeras horas de la noche, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador por los movimientos Construye y Gente Buena, al concluir una actividad proselitista en Quito. El informe de las autoridades indica que un sicario le disparó cerca de 40 disparos. Tres le impactaron en la cabeza; el resto, en otras partes del cuerpo, y también alcanzaron a algunos acompañantes, que resultaron heridos.
En un país afectado por la peor ola de inseguridad y violencia en décadas, abatido por carteles del narcotráfico con vínculos internacionales y envuelto en gran inestabilidad política, este magnicidio, además de su monstruosidad como hecho puntual y del dolor íntimo que genera entre familiares y allegados, constituye un grave atentado contra la democracia. En tal sentido, como dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es un “crimen político”. Sin embargo, no se origina en el dogmatismo o la ceguera ideológica extrema, sino en las redes criminales que quieren doblegar el Estado de derecho y actuar impunemente.
El antecedente más célebre en nuestro hemisferio, y con características muy similares, fue el asesinato del candidato liberal colombiano Luis Carlos Galán. Encabezaba las preferencias para las elecciones de 1990 y se había convertido en un claro enemigo del narcotráfico, que entonces asolaba como nunca a su país. Resultado: el 18 de agosto de 1989 fue abatido en un acto de campaña por sicarios que actuaban bajo instrucciones del capo Pablo Escobar. También en Colombia, el conservador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, en circunstancias que aún no han sido aclaradas totalmente, y que provocaron, como el de Galán, una gran convulsión nacional.
Un año antes, el 23 de marzo de 1994, el mexicano Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también fue blanco, en plena campaña, de asesinos con intenciones y patrones nunca determinados con exactitud, pero que probablemente estuvieron relacionados con sus ímpetus de limpieza partidaria. Y el magnicidio con mayores consecuencias históricas, del también candidato y casi seguro triunfador liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 8 de abril de 1948, desató el trágico bogotazo, que marcó la política colombiana desde entonces.
Para Ecuador, el momento de este brutal homicidio no podía ser más delicado. Los ciudadanos acudirán a las urnas en pocos días —el domingo 20 de este mes— a unas elecciones anticipadas, tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo. Con una campaña ya en extremo crispada, ocho candidatos y una segunda vuelta casi inevitable, el impacto de este crimen es difícil de precisar. Lo más relevante es si favorecerá o perjudicará a Luisa González, aliada del expresidente autocrático Rafael Correa, quien encabeza las preferencias y a quien Villavicencio (de segundo en los últimos sondeos) tenía posibilidades de derrotar en la segunda ronda.
Que la respuesta se dé en las urnas, con libertad, aunque inevitable miedo, será la mejor forma de honrar la memoria del asesinado y de rendir tributo a la institucionalidad democrática.
Por lo pronto, todas las instituciones han cerrado filas, y el estado de excepción decretado por Lasso y apoyado por los principales actores cívicos y políticos busca garantizar la integridad del proceso: los candidatos podrán seguir haciendo campaña, aunque la suspendieron de manera temporal por respeto a Villavicencio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, órgano independiente, aseguró la normalidad de los comicios.
Pero de poco valdrá lo anterior si quien resulte elegido no es capaz de emprender las iniciativas que logren frenar la ola de violencia, reducir la confrontación política y detener el ímpetu del crimen organizado, que se ha constituido en el principal reto de Ecuador.