La humanidad llegó a los 8.000 millones. Es un hito de grandes avances y desafíos para nuestra generación. Hay menos muertes infantiles, más niños van a la escuela, la esperanza de vida aumentó una década en los últimos 30 años y la tasa de fecundidad promedio en el mundo pasó de cinco hijos por mujer en edad reproductiva a 2,3 en la actualidad.
En nuestros tiempos de polarización, proliferan nuevas voces y viejos argumentos distópicos de sociedades sin seres humanos o de colapsos climáticos maltusianos causados por la evolución demográfica. El denominador común de esas voces es aprovechar la ansiedad poblacional para exigir políticas que promuevan familias más amplias o controles demográficos drásticos, según crean que somos muy pocos o muchos. De esto se alimenta el etnonacionalismo, como retórica que permea las sociedades bajo las figuras de discriminación, racismo, xenofobia, aporofobia y discursos de odio.
Costa Rica no es inmune, y el Informe estado de la población mundial 2023 alerta sobre las peligrosas ideas de influenciar la tasa de fecundidad y hace énfasis en que la planificación familiar no debe ser utilizada como instrumento para alcanzar metas poblacionales, sino para empoderar a cada persona, priorizando el empoderamiento del 44 % de las mujeres en el mundo que no pueden ejercer autonomía sobre sus cuerpos para elegir si quieren tener hijos o no, cuántos, con quién o en cuál momento de su vida.
En nuestro país, los dolorosos hechos en torno a la violación de una niña y el secuestro de su hijita deberían bastarnos. Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica (UNFPA) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que, en promedio, en el 2021, cuatro menores de 14 años o menos dieron a luz cada semana, y persiste una brecha de acceso a métodos anticonceptivos del 13,7 % de mujeres en edad reproductiva, la cual es mucho mayor en adolescentes y mujeres migrantes. En un sistema de seguridad social que presume de su universalización, las migrantes adultas pueden acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva únicamente si están embarazadas.
Se trata de poner la mirada más en las personas que en los números. La evidencia es necesaria para la toma de decisiones, pero el reporte recalca que los datos no son un fin, sino que su valor potencial descansa en la medida que preparen y orienten a los países hacia el cumplimiento de los derechos humanos.
En nuestro país, la protección universalista, la educación de calidad, la inclusión social y la igualdad de género seguirán siendo prioridad ante cualquier dato de población que emane del censo 2022. Tomemos en cuenta que el país registró 54.288 nacimientos en el 2021, uno de cada tres de ellos en un hogar en situación de pobreza. Desde la gestación, todos esos nacimientos fueron identificables por los servicios de salud y el sector social y todavía un 9 % corresponden a madres adolescentes.
Por su parte, 7 de cada 10 cuidadores son mujeres y el 90 % no son remuneradas, mientras el país registra más de un millón de mujeres fuera de la fuerza laboral. Su formación y la inclusión laboral femenina podría reducir la pobreza en un 50 % y preparar al país con mayores niveles de ahorro y menor presión en los programas sociales para cuando en dos décadas lleguemos a tener un 20 % de adultos mayores.
El UNFPA aboga para que las mujeres y su autonomía corporal no sean rehenes para fines demográficos, y a ello sumamos que tampoco deben ser víctimas de la indiferencia social. Las políticas públicas deben garantizar que cada niño que nace en el país y cada una de las mujeres —sin discriminación alguna— cuenten con la protección, los cuidados, la nutrición, la estimulación y las oportunidades para garantizar que Costa Rica sea una sociedad más justa para todos sus ciudadanos.
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