El abuso de medicamentos por quienes los consumen, recetan o comercializan es un problema sanitario de importantes proporciones en nuestro país. La complejidad del fenómeno comienza por la cantidad y variedad de responsables, algunos autores de excesos en el marco de la ley y otros, simplemente, delincuentes.
En el 2011, cuando el país debatía sobre la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Médicos y Cirujanos publicó un anuncio para señalar el abuso de los servicios como una de las causas del problema institucional. La publicación hablaba de las consultas innecesarias y el abuso de la atención de emergencia, pero no dejaba de mencionar el desperdicio de medicamentos.
El fenómeno se debe en parte al paciente, que no ingiere el tratamiento completo o presiona para salir del consultorio con una receta, pero también hay médicos complacientes o inclinados a recetar con largueza. En miles de hogares costarricenses hay gavetas con medicamentos vencidos o cuya utilidad ya ha sido olvidada. Esas medicinas se convierten en un importante riesgo para la salud, como lo atestiguan, en otros hechos, las intoxicaciones de niños.
Pero también hay abusos al margen de la ley o contra ella, como es la distribución de fármacos falsificados o irregulares. En el marco de la Operación Pangea, ejecutada en todo el mundo bajo coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades nacionales decomisaron el año pasado 222.000 medicamentos valorados en $312 millones, muchos de ellos adquiridos en la Internet, sin los registros adecuados y al impulso de publicidad engañosa.
A menudo, el supuesto medicamento carece de toda propiedad curativa y su ingestión, en el mejor de los casos, permite el desarrollo de la enfermedad. También hay falsificaciones con déficit del componente activo y, por tanto, incapaces de surtir un efecto completo. Peor aún, se han detectado casos de falsificaciones con exceso del componente activo o con ingredientes no consignados en la etiqueta que pueden causar una intoxicación o reacción alérgica.
Los efectos de los medicamentos irregulares se han hecho sentir en todo el mundo. Según la Universidad de Edimburgo, Escocia, entre 72.000 y 169.000 niños podrían morir de neumonía cada año porque el tratamiento consiste en antibióticos falsos o adulterados. Hay estimaciones similares para los casos de muerte por malaria y, en Paraguay, 44 niños fueron atendidos con dificultades respiratorios luego de consumir un jarabe para la tos. En Costa Rica, un paciente de cáncer adquirió, por la sétima parte del precio, un medicamento falsificado, totalmente inútil para su condición.
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También hay una tendencia a abusar de los medicamentos naturales. Existe la creencia de que esa condición los hace inocuos pero, en su caso, también es importante respetar las indicaciones, las dosis y la duración del tratamiento, así como conocer los efectos secundarios. Más peligrosa aún es la inclinación a automedicarse con estas sustancias, siempre con la idea de que si no curan, tampoco matan. En sí mismo, cualquier medicamento puede producir efectos negativos, pero es igualmente peligroso confiar en sus propiedades curativas sin recabar un criterio médico, porque las enfermedades progresan en ausencia del tratamiento adecuado.
Las acciones sanitarias y policiales, como las ejecutadas en el marco de la Operación Pangea, son tan importantes como el rigor de los controles ejercidos sobre los fármacos traídos, fabricados y comercializados en el país. Sin embargo, los esfuerzos informativos y educativos resultan indispensables, porque el abuso por lo general se da en la intimidad.