EscucharLa brutal y cínica arremetida contra la voluntad popular en Guatemala no se detiene. Ante cada fracaso en sus burdos intentos por impedir que el 14 de enero Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, ocupen la Presidencia a la que fueron elegidos por contundente mayoría, las tenebrosas fuerzas antidemocráticas del país inventan una nueva maniobra. La que han puesto en marcha ahora, como otras anteriores, se vale de instituciones capturadas por los peores intereses para impulsar un golpe de Estado desde el poder. Debe ser rechazada con toda energía, dentro y fuera del país.
El principal instrumento golpista es, de nuevo, el Ministerio Público, encabezado por la cuestionada e internacionalmente sancionada fiscal general, Consuelo Porras. Sin embargo, para dar mayor fuerza a sus espurias pretensiones, el Congreso guatemalteco, dominado por diputados afines al gobierno actual y vinculados con los sectores más inmovilistas y corruptos, se ha sumado a la maniobra.
El jueves, la Fiscalía anunció que pediría a la Corte Suprema de Justicia despojar de impunidad a Arévalo y Herrera, para procesarlos por su presunta participación en una toma de la Universidad de San Carlos, la principal del país, en el 2022. Los delitos que se les imputan, junto a seis legisladores electos de su partido Semilla, son tan ridículos como truculentos: “Depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”. La evidencia en su contra no existe.
Si la Corte actuara de forma independiente, sin duda rechazaría la petición, por vacía, extemporánea y sesgada. No obstante, el Congreso aprobó el miércoles, de manera súbita, la nueva integración de ese órgano, pendiente desde el 2019. Para sorpresa de nadie, prácticamente la totalidad de los 13 magistrados seleccionados son cómplices o están sometidos a lo que, acertadamente, los guatemaltecos llaman el “pacto de los corruptos”: una amalgama de empresarios inmovilistas, funcionarios venales, políticos sin escrúpulos, sectores de seguridad arbitrarios, y hasta grupos de la delincuencia organizada.
Son estos sectores los que, en su empeño por mantener un statu quo impulsor de sus intereses, privilegios e impunidad, están empeñados en impedir un cambio político, por muy moderado que este sea. Acostumbrados a tratar el país como un feudo, y manipular importantes sectores del Estado a su favor, la ofensiva antidemocrática ha sido brutal, y con absoluto desdén por el rechazo mayoritario de la población y las múltiples condenas internacionales.
El viernes, Estados Unidos amenazó con nuevas sanciones económicas y restricciones de visados contra autoridades estatales si al presidente electo se le impide asumir el cargo. Por su parte, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” las gestiones para despojar de su immunidad a Arévalo y Herrera, y calificó las decisiones del Ministerio Público como “acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.
Estas condenas y sanciones, más otras que podrían venir, están muy bien. Sin embargo, la gravedad de la situación, y los oídos sordos ante esas presiones prestados por el “pacto de los corruptos”, obligan a una acción internacional más robusta y a un amparo decidido a los sectores que, dentro de Guatemala, luchan con grandes riesgos y valentía en pro de la democracia. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea deberían aplicar sanciones no solo a funcionarios, sino a conspicuos empresarios guatemaltecos que manipulan los hilos de la ofensiva autoritaria. La OEA debería, al menos, activar con urgencia la Carta Democrática, como exigieron el viernes las autoridades indígenas guatemaltecas, que también repudiaron las acciones de la fiscal Porras.
Lo que está de por medio es mucho. Los guatemaltecos no solo merecen simpatía, sino un apoyo militante. Las acciones deben aplicarse de inmediato, cuando aún es posible impedir que se consume el golpe. El jueves, en una publicación en la red social X (antes Twitter), la expresidenta Laura Chinchilla se quejó de que “las condenas por parte de la comunidad abundan, igual que abundaron en el caso de Nicaragua, sin consecuencia alguna”. Es hora de que las consecuencias se sientan, para que esta lucha por la democracia no sea ahogada ante los ojos del mundo.
