EscucharLas pruebas de idoneidad exigidas por ley para nombrar a los docentes en propiedad parecían estar al alcance del sistema educativo luego de su incorporación al Estatuto de Servicio Civil en el 2020 y la conformación del grupo de trabajo integrado por el MEP y el Servicio Civil para elaborar y aplicar la evaluación. La promesa de la administración Alvarado era tenerla lista a finales del 2022, a juzgar por el avance de la mesa de trabajo hasta el pasado mes de abril, pero, desde entonces, el proceso se sumió en el misterio.
“El tema de la prueba de idoneidad está en fase de definición. En cuanto se tenga definido se comunicará la respuesta”, dijo el 18 de octubre la oficina de prensa de Ministerio de Educación Pública (MEP) ante reiteradas consultas de este diario. Ninguno de los encargados de elaborar las pruebas aceptó ser entrevistado. La críptica respuesta impide siquiera imaginar la fecha de aplicación de la ley aprobada después de prolongados e intensos debates.
Las organizaciones gremiales de la educación están tan desinformadas como los demás interesados. Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), también ha solicitado información en varias oportunidades, pero no la ha recibido. “No se nos ha presentado ninguna propuesta. Esto debe ser analizado y aprobado por el Consejo Superior de Educación y, de acuerdo con lo que conocemos, no hay ninguna propuesta elaborada ni presentada. No sabemos nada”, afirmó.
LEA MÁS: MEP relega examen de idoneidad para maestros
En la Dirección General del Servicio Civil, contraparte del MEP en la elaboración del planteamiento, tampoco es posible encontrar siquiera una clave: “solo quedaron correos de lo trabajado, pues no ha habido convocatoria para discutir el documento propuesto”, informó Olman Jiménez, director de Carrera Docente del Servicio Civil. El último encuentro del grupo de trabajo creado en conjunto con el MEP fue el 7 de abril.
La aplicación del examen urge. Si la necesidad se hacía evidente antes del apagón educativo causado por la pandemia, con mayor razón ahora que los efectos de ese fenómeno se muestran con alarmante claridad. Bien elaborada, la prueba contribuiría a asegurar la calidad de los docentes, sus conocimientos y sus destrezas.
La queja por la mala formación de los educadores es persistente. Los propios dirigentes sindicales describen a algunas universidades como “de garaje”, en alusión a la pobreza de sus instalaciones y oferta académica. En el 2021, el 90% de las carreras ofrecidas en el campo de la educación cumplía más de una década sin actualizar programas de estudio pese a las reformas curriculares ejecutadas por el MEP.
La prueba de idoneidad fungiría también como una evaluación de esas carreras y ojalá se hicieran públicos los resultados, clasificados según la universidad de procedencia del examinado. El mecanismo ha comenzado a aplicarse con éxito en algunos colegios profesionales bajo el nombre de examen de incorporación.
El segundo motivo de urgencia es la obligación de cumplir la ley. Para ingresar a la carrera docente se requiere “aprobar el examen de idoneidad que al efecto establezca el MEP, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, el cual será el encargado de aplicar dicho examen”, dice la ley N.° 9871. Es una obligación ineludible de las autoridades del sector.
Sin embargo, la falta de avance en la elaboración de las pruebas de idoneidad obligó al Servicio Civil a hacer a un lado el mandato y autorizar el otorgamiento de plazas a los 1.200 participantes en el concurso docente del 2019, sin cumplir el requisito. “Estamos a la espera de que las nuevas autoridades convoquen y activen la comisión interinstitucional que se tenía habilitada en la anterior administración. Hasta ahora no se ha recibido convocatoria al efecto”, afirmó Jiménez. Ojalá su espera termine pronto.
