EscucharEn junio, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció un aumento del 10,25 % en las tarifas eléctricas, pero el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se apresuró a negar haberlo solicitado. El intento de emular el juego de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que no solicita aumentos, se limita a enviar los datos que los justifican y luego anuncia el alza decretada por la Aresep, no le salió bien al ICE.
La Aresep está obligada a aplicar la metodología trimestral del costo variable de la generación (CVG) y, como el ICE aumentó el uso de la energía térmica y las importaciones del Mercado Eléctrico Regional (MER), el alza era obligatoria sin necesidad de una solicitud de la empresa estatal.
“La actualización del factor de costo variable de generación (CVG) es conforme a la metodología vigente, la cual se viene aplicando desde finales del 2019 cada trimestre. Esa actualización no es a solicitud de parte, es decir, el ICE no decide si la quiere aplicar o no”, explicó la Aresep en esa oportunidad.
En retrospectiva, el mecanismo previsto es una bendición porque, al parecer, la voluntad de la empresa estatal era mantener el precio y absorber la pérdida, lo cual, tarde o temprano, se reflejaría en un fuerte ajuste a cargo de los consumidores. Además, poco tardamos en enterarnos de la magnitud del aumento requerido durante el próximo trimestre.
En esta oportunidad, en lugar de jugar a “yo no lo pedí”, el ICE solicitó a la Aresep no aplicar el alza de golpe. No había tiempo que perder en juegos, porque un aumento del 27,6 % habría tenido fuerte repercusiones económicas y políticas. El tono de la empresa estatal cambió radicalmente. En una comunicación oficial, el presidente ejecutivo, Marco Acuña Mora, instó a la Aresep a considerar la suspensión de la metodología de costo variable de generación (CVG) en el último trimestre del año y escalonar el aumento a lo largo del 2024. La Aresep aceptó y nadie negó haber hecho la petición de diferir el aumento.
Los usuarios lo pagarán de cualquier forma, pero no recibirán el fuerte golpe de una sola vez. Esto no debe hacernos perder de vista el monto del alza y su origen en el uso intensivo de generación térmica con diésel o búnker y las importaciones de energía de Centroamérica. Es decir, las justificaciones del aumento brotan, directamente, de la gestión del monopolio estatal.
Durante la polémica del trimestre anterior, la Aresep recordó al ICE que la eficiencia en las importaciones de energía y los beneficios por las exportaciones al MER están en función de las gestiones y estrategias comerciales de la empresa. “Es decir, cuanto más eficiente sea el ICE con sus estrategias de comercialización, mayor será el beneficio social reflejado en montos menores de facturación eléctrica para los abonados”, dijeron los reguladores.
Las alzas citadas guardan relación, precisamente, con la gestión del Instituto. El ICE calculó mal la demanda energética del 2023 y no puso suficiente atención a la necesidad de conservar el agua de sus represas en vísperas del arribo del fenómeno de El Niño y sus perturbaciones climáticas.
El año pasado, el ICE fue el principal exportador de energía en Centroamérica. La mayor parte de esas ventas salieron de las plantas hidroeléctricas y se reflejaron en una mejora de los resultados financieros, pero ahora enfrentamos las consecuencias. Una empresa como esta debe gobernarse con sentido estratégico. El corto plazo es mal consejero, como la negación de la petición de un alza en el trimestre pasado o el anuncio de la venta de una parte de las plantas térmicas el año pasado.
