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«Honrar, honra», escribió José Martí, y nuestros siete expresidentes proponen al país honrarse con la concesión de la ciudadanía honoraria al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes y figura cumbre de la literatura centroamericana de nuestros días.
El escritor es también un destacado actor en la política de su país, donde integró la Junta de Reconstrucción Nacional tras la caída de Anastasio Somoza y fue vicepresidente de 1985 a 1990. En el siguiente período legislativo, ejerció el cargo de diputado a la Asamblea Nacional.
Las convicciones democráticas lo llevaron a romper con Daniel Ortega y el Frente Sandinista para aceptar la candidatura presidencial del Movimiento Renovador Sandinista en 1996. A partir de entonces, ha sido constante en la defensa de los valores democráticos y, en vísperas de la farsa electoral preparada para reelegir a Ortega en noviembre, se le inscribió en la creciente lista de perseguidos por el régimen.
«La vida del escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha implicado una constante lucha por la defensa y por la promoción de la libertad, en todas sus formas: la libertad de expresión, la libertad cultural, las libertades políticas y civiles esenciales para la convivencia democrática y el ejercicio de los derechos humanos. Valores que exaltamos, particularmente, al conmemorar los países de Centroamérica el bicentenario de su independencia”, escribieron los expresidentes para justificar su propuesta.
La ciudadanía honoraria sería una afirmación más de nuestra larga tradición democrática y disposición a acoger al perseguido por razones políticas. Con ella reafirmaríamos el compromiso con los valores enumerados por los exmandatarios y exhibiríamos la naturaleza represiva y totalitaria del régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Las amenazas, acusaciones y órdenes de captura obligaron al escritor a abandonar su país y trasladarse al nuestro. Está en Costa Rica por segunda ocasión. La primera, por los mismos motivos, fue en la época de la dictadura somocista. Las similitudes entre los dos autoritarismos aumentan en una por estas circunstancias, pero ya son muchas. El asesinato, la persecución y el inexplicable enriquecimiento de los gobernantes destacan en la lista de características compartidas.
Los cargos contra el escritor fluyen de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a instancia de Ortega para dar visos de legalidad a la represión y el fraude electoral. Son cargos vagos, como la ejecución de «actos que fomentan e incitan al odio y la violencia» y «conspirar» contra la soberanía.
También lo acusan de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cuyos directivos se les imputa lavado de bienes y activos a tenor de recientes leyes destinadas a impedir la cooperación internacional en materia de derechos humanos y formación política.
Para ejercer la persecución, Ortega cuenta con la Fiscalía, que en las últimas semanas ha encarcelado o procesado a todos sus opositores de importancia, tanto en la política como en el periodismo o el empresariado. Cuenta, también, con una judicatura obsecuente, incapaz de apartarse de sus dictados.
Confiamos en que la Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa atienda la petición de los expresidentes y recomiende al plenario la concesión de la ciudadanía honoraria de conformidad con el artículo 121, inciso 16, de la Constitución Política. Por su parte, el Ministerio de Cultura debe ofrecer al escritor las facilidades necesarias para celebrar el prestigioso encuentro literario Centroamérica Cuenta, fundado por Ramírez en el 2012, mientras no sea posible hacerlo en Nicaragua.
