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La respuesta del magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, no tiene precedente. En otras ocasiones, especialmente al inicio de la actual administración, hubo roces entre la judicatura y el Ejecutivo, pero nunca fue necesario afirmar la independencia del Poder Judicial como un valor innegociable porque los principios democráticos y la arquitectura constitucional tienen ese valor como punto de partida.
Tampoco tiene precedentes el obligado rechazo al amedrentamiento ejercido por el mandatario contra el Poder Judicial. Nunca antes fue necesario y el estreno es motivo de honda preocupación. El Ejecutivo ha dado claras muestras, desde el comienzo de la administración, de un alarmante desconocimiento de los límites impuestos a sus facultades. Ni la Asamblea Legislativa, ni los órganos de control, ni el Tribunal Supremo de Elecciones, valorado por su contribución a la convivencia pacífica desde el último conflicto fratricida en nuestro país, se han salvado de ataques, presiones veladas y críticas infundadas del gobierno y sus aliados.
El Poder Judicial no podría estar exento, y más bien, comparte con el Congreso la condición de blanco preferido. Los magistrados se han venido conteniendo, pero las últimas andanadas presidenciales obligaron al magistrado Aguirre a hablar con claridad. “El populismo, la polarización y los ataques sistemáticos no solo desvían la atención de los problemas reales, sino que también atentan contra la estabilidad democrática de nuestra nación”, afirmó, en buena hora, el presidente de la Corte.
La independencia judicial no es negociable, añadió, porque no existe para satisfacer intereses políticos o particulares, sino para garantizar justicia y proteger los derechos de toda la ciudadanía aunque las decisiones no agraden a otros poderes. No pudo haberlo dicho mejor ni en forma más oportuna.
Los constantes ataques desde el podio presidencial procuran culpar a los jueces de la ola de delincuencia que azota al país. Las soluciones están en manos del Poder Ejecutivo, pero no se ha mostrado capaz de encontrarlas. A lo largo de la campaña electoral, Chaves habló del freno a la delincuencia como si se tratara de una tarea sencilla que no tardaría en ejecutar. Todavía resuena el pasaje del discurso inaugural donde dio un ultimátum a los narcotraficantes para que abandonaran el país.
“El populismo, la polarización y los ataques sistemáticos no solo desvían la atención de los problemas reales, sino que también atentan contra la estabilidad democrática de nuestra nación”
— Orlando Aguirre
Como tantas otras promesas, la rápida y eficaz ejecución de obras públicas, la rebaja del precio de las medicinas, el fin de las filas en la Caja Costarricense de Seguro Social, el gobierno por decreto y, en su defecto, por referéndum, el arroz barato y una larga lista de fantasías adicionales, la seguridad ciudadana resultó elusiva.
En lugar de los progresos prometidos, la situación empeoró y el país estableció un nuevo récord de homicidios. Contrario al discurso de campaña, el presidente comenzó a insistir en que la solución no está en sus manos y se ha empeñado en desplazar la responsabilidad hacia la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. En ese afán, hasta llegó a renunciar a promover cambios en la lucha contra el crimen y depositó la iniciativa a las puertas de los diputados.
Los últimos ataques contra la judicatura han llegado a extremos absurdos, siempre con la intención de acusar a los jueces de complacer a la delincuencia. “No es aceptable institucionalmente que se busque desacreditar o exponer públicamente a quienes trabajan en el Poder Judicial y cumplen su deber con profesionalismo e integridad”, dijo Aguirre poco después del ataque contra un juez limonense que cuestionó el fundamento técnico de una circular del Ministerio de Justicia para prohibir la venta en las pulperías de las cárceles de productos de aseo personal, higiene, medicamentos de venta libre y hielo, entre otros. El juez también señaló la incongruencia de la orden de impedir la venta sin prohibir el uso de los productos.
La venta de desodorantes en la cárcel no decidirá la lucha contra el narcotráfico, pero Chaves denunció al juez al tiempo que anunció el desacato a su fallo y advirtió a la Corte contra la apertura de un proceso para responsabilizar al ministro de Justicia por la desobediencia. Como bien dice Aguirre, la independencia de la función judicial no es negociable.
