EscucharWilliam Barr, secretario de justicia designado por el presidente Donald Trump, se distinguió como fiel entre los fieles al mandatario estadounidense, pero no pudo dejar de reconocer la corrección del proceso electoral celebrado el 3 de noviembre. Sus investigaciones no lograron el menor indicio de irregularidad.
Christopher Krebs, jefe de seguridad informática del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) desacreditó las teorías conspirativas sobre el robo de votos mediante sistemas de cómputo. No hay mejor testigo, porque a él le correspondió la supervisión.
Decenas de jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han rechazado las pantomimas de un extraño equipo de abogados al servicio del presidente. Una exintegrante de ese equipo, ahora desconocida por la Casa Blanca, hizo el ridículo ante el mundo cuando atribuyó la propiedad de una empresa suplidora de sistemas utilizados en los comicios a intereses venezolanos manejados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La empresa es estadounidense y sus servicios fueron prestados a entera satisfacciones de autoridades electorales alineadas con el partido Republicano.
La lección de los comicios estadounidenses debería resultar obvia: las falsas acusaciones de fraude debilitan el sistema democrático y profundizan las diferencias sociales y políticas. Hay estadounidenses sumidos en la ignorancia a quienes nadie logrará convencer de la pureza de las elecciones ni eliminarles la indignación por el «robo».
En Costa Rica, el mal ejemplo no se ha desperdiciado y las redes sociales ya difunden un torrente de falsedades sobre las próximas elecciones. La misma empresa cuestionada por los abogados de Trump sin prueba de irregularidad alguna, dicen las redes sociales, instalará un sistema de votación electrónica en nuestro país. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) descarta la posibilidad de variar el sistema de votación para las elecciones del 2022, pero eso no frena a los difusores de la conspiración. Por el contrario, el TSE es para ellos el principal sospechoso de promover el fraude y es natural que lo niegue.
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Para dar credibilidad a la teoría, inventan simpatías partidistas al presidente del órgano electoral y le atribuyen poderes omnímodos, como si fuera el único magistrado y pudiera decidir cambios con solo bajar el dedo. Sin detenerse a examinar la contradicción, porque nada en esta materia es racional, acusan al TSE de promover fraudes en las dos últimas elecciones. ¿Si el propósito fuera seguir alterando votaciones, para qué cambiar el sistema?
En Estados Unidos, el movimiento QAnon difunde «noticias» sobre la existencia de una red satánica de pedófilos instalada en el partido Demócrata contra la cual lucha, secretamente, el presidente Trump. Ya existe QAnon Costa Rica. Promueve medicamentos ineficaces contra la covid-19 e invita a deponer al gobierno, todo aderezado con gran cantidad de noticias falsas. Sin duda se manifestará en las elecciones.
Según los romanos, el número de tontos es infinito. La sentencia es exagerada, pero las redes sociales parecen empeñadas en demostrarlo. No todos los promotores de teorías de la conspiración creen en ellas, pero se saben capaces de convencer a otros de su autenticidad. Con eso avivan sentimientos partidarios, manipulan a los convencidos y corroen las instituciones democráticas.
La concentración de los ataques sobre el TSE no es casualidad. La institución es un sólido pilar de la República y es difícil imaginarla en su ausencia. El Tribunal canaliza y resuelve en las urnas las pugnas por el poder, para no llevarlas a terrenos donde tanto sufrimiento causan. La ciudadanía del siglo XXI, interconectada y digital, nunca podrá dejar de estar alerta.
