EscucharSegún Daniel Calderón, viceministro de Seguridad Pública, “algo hay que hacer diferente y adicional” para enfrentar la ola de homicidios que amenaza con superar en el 2023 la marca histórica del año pasado. Ese “algo” también urge para afrontar otros tipos de delincuencia en pronunciado ascenso.
Hasta ahora, el gobierno insiste en desplazar la responsabilidad hacia jueces, fiscales y legisladores, como si la labor de la policía preventiva y la política penitenciaria fueran resorte de esos actores. Por eso, las declaraciones de Calderón avivan esperanzas de planteamientos más útiles y realistas.
El experimentado jefe policial comienza por reconocer el incumplimiento de la meta de contener la criminalidad y en el “algo diferente y adicional” incluye un incremento del patrullaje, con énfasis en las zonas más afectadas y orientado por el análisis de las estructuras criminales, en asociación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
El propósito es desarrollar esfuerzos sistemáticos para desarticular bandas ya identificadas y privarlas de sus armas, drogas y otros recursos. Las operaciones guiadas por el análisis y la inteligencia prometen mejores resultados que los súbitos despliegues, de corta duración, como los ejecutados recientemente en Puntarenas.
Para incrementar la eficacia de esas operaciones, jueces, fiscales, legisladores y policías deben atender los señalamientos de Calderón sobre la tenencia de armas. La posesión de armas ilícitas y la portación ilegal son delitos de extrema gravedad a tenor de sus consecuencias, pero no siempre reciben ese trato.
Aunque el arma no esté vinculada con un crimen, las autoridades en todos los ámbitos no deben conformarse con su decomiso. La policía está obligada a presentar informes detallados y custodiar la prueba con celo. A los fiscales, corresponde una diligente tramitación de las acusaciones y los jueces deben dar prioridad a la resolución expedita de los casos de tenencia ilícita.
De la posesión ilícita de armas surgen las alarmantes estadísticas de asesinatos. Más del 70 % de los homicidios dolosos son cometidos con armas de fuego, la mayoría como consecuencia del crimen organizado. Perseguir las armas y las estructuras delictivas, tanto las conocidas como las descubiertas mediante labores de inteligencia, es un buen paso para reducir el número de homicidios.
Según Calderón, las denuncias relacionadas con armas ilícitas no rinden frutos en los tribunales y es necesario corregir los errores ya identificados. Por eso, el Ministerio está en conversaciones con la Fiscalía para mejorar la calidad de los informes rendidos por la policía. Los datos erróneos y la mala custodia de la prueba figuran entre las razones de la impunidad en general, pero, por las razones apuntadas, es particularmente grave cuando se trata de personas acusadas de portación ilegal de armas.
Las armas prohibidas, como los fusiles AK-47 y AR-15, similares a los utilizados el 26 de febrero, cuando un proyectil mató a un escolar dentro de su casa en Zapote, no deben ser el único blanco de persecución. En un país demasiado permisivo de la posesión lícita, no hay motivo para tener un arma sin inscripción. Muchas de esas armas, al fin y al cabo, terminan nutriendo el mercado clandestino, donde se abastece la delincuencia y son difíciles de rastrear cuando son utilizadas para cometer un homicidio. No obstante, el fin de semana pasado, la policía decomisó 30 armas de fuego no inscritas. Ojalá haya un número parecido de condenas.
Hay muchas otras enmiendas urgentes, varias de ellas en la esfera del Poder Ejecutivo, como el entrenamiento de los policías para mejorar los informes y manejar la prueba. También, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa pueden hacer aportaciones trascendentales. La colaboración de buena fe, partiendo del reconocimiento de las propias limitaciones, es el único camino para avanzar.
