EscucharEl gobierno interpreta como una amenaza la investigación de un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la contratación de cooperativas para administrar 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, también calificó las detenciones y allanamientos practicados por el Organismo de Investigación Judicial bajo la dirección del Ministerio Público como “un abuso de poder”.
“No debemos tolerar abusos de poder. Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista, legal y moral, abusivas”, reafirmó en un video divulgado por la Casa Presidencial. Según su criterio, todo responde a un “show”, pues la adjudicación apenas está sometida a revisión de la Contraloría General de la República (CGR) y no se ha pagado un solo colón.
“¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación ni está en firme? ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún Tribunal Contencioso-Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?”, reclamó. También cuestionó al Ministerio Público por moverse “tan rápido”.
Para no dejar duda de su decisión de respaldar a los directivos de la Caja, añadió: “El gobierno no va a aflojar, esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”. Las declaraciones de la ministra, además de inusitadas, dejan flotar muchas interrogantes. Nadie amenaza sin razón u objetivo, pero la ministra no explica el propósito del Ministerio Público. ¿Es una amenaza sin motivo o conoce la funcionaria razones que no quiso compartir con la opinión pública?
La acusación de abuso de poder es todavía más difícil de comprender, porque los allanamientos se practican bajo rigurosa supervisión de la autoridad judicial. Al amparo de esas órdenes, la Fiscalía actuó a derecho, pero si la ministra sospecha la comisión del delito, puede presentarse a denunciarlo, con las precauciones necesarias para no incurrir en responsabilidad.
Por otra parte, la Fiscalía aclaró que no investiga un posible prevaricato, sino influencia contra la Hacienda pública y tráfico de influencias. Ninguno de esos delitos exige declaratoria previa de una ilegalidad. En el caso del prevaricato, para insistir en la figura erróneamente citada por la ministra, “se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos…”. Como es obvio, el delito se consuma sin necesidad de declaratoria alguna de otro tribunal y mucho menos se requiere del pago de “un solo colón”.
La ministra que aseguró al país que la llamada ley jaguar estaba “blindada”, celebró la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos como una victoria y aseguró que el Tribunal Supremo de Elecciones estaba conforme con partes de la normativa que poco después cuestionó, demuestra, una vez más, estar mal asesorada.
Pero más allá de los despropósitos jurídicos, vale señalar la cadena de contradicciones e inconsistencias en tan breves declaraciones. Para comenzar, la confianza depositada en la Contraloría General de la República no tiene paralelo en un gobierno dedicado a recortar las funciones de ese órgano de control.
Por otra parte, el llamado a no tolerar supuestos abusos de poder no le va bien a un gobierno acusado de cometerlos y ya señalado por la Sala Constitucional como autor de una desviación de poder en el caso de Parque Viva. Tampoco le sienta el reclamo de actuar demasiado rápido a la administración cuestionada por denunciar un supuesto megafraude a partir de un tiktok, o la que cuestionó a la fiscala Criss González por trabajar en días feriados (dicho sea de paso, la decisión de los directivos de la Caja fue tomada un sábado, en sesión extraordinaria).
Se trata de la misma administración que denunció por nombramiento ilegal a tres directivos del Instituto Costarricense de Electricidad, quienes pronto fueron sobreseídos, o la que acusó a un grupo de directivos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por supuestas anomalías de hace más de una década.
Pero lo más significativo de las declaraciones de la ministra es que “el gobierno no va a aflojar”. ¿En qué promete persistir? ¿Es la contratación de los Ebáis un programa del gobierno? ¿Participó el Poder Ejecutivo en el proceso? Dependiendo de la respuesta a estas incógnitas, las declaraciones de doña Laura podrían cobrar una trascendencia que quizá ella no tenga del todo clara.
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