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La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para sacarle las castañas del fuego al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), cuyas finanzas no dan para para pagar aguinaldos y cargas sociales. La decisión de los diputados merece apoyo. Los trabajadores no tienen por qué sufrir los manejos irresponsables ni las consecuencias de apartar a la institución de su cometido.
Los ¢380 millones aprobados en el sexto presupuesto extraordinario del 2024 se destinarán al pago de salarios (¢114 millones) y aguinaldos (¢156 millones). Otros ¢110 millones servirán para enfrentar las cargas sociales de noviembre y diciembre. La diputada oficialista Ada Acuña describió la situación como crítica. La incapacidad para hacer frente a gastos tan básicos no deja duda sobre la precisión del diagnóstico.
La crisis, según la legisladora, nace de la suspensión de cuantiosos contratos a la agencia de publicidad creada para allegar recursos a la institución. La agencia quedó en evidencia como un peligro latente para la gobernanza democrática cuando el Ejecutivo decidió concentrar en ella miles de millones de presupuesto para publicidad estatal.
Con esos recursos, el Sinart estaba en camino de convertirse en repartidor de la pauta estatal con desmedida influencia sobre los medios contratados. Esa es la tesis de la comisión legislativa integrada para investigar el caso a lo largo de nueve meses. El informe califica como método “perverso” las contrataciones por demanda y las considera “una forma de control para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar los recursos a aquellos medios que no ejerzan una crítica al Ejecutivo”.
Según la actual administración, la crisis financiera se viene gestando desde hace una década, pero el informe la responsabiliza de comprometer y someter a la entidad a una crisis sin precedentes para cumplir fines políticos también inusitados. No hace mucho, la Contraloría General de la República (CGR) aprobó un presupuesto extraordinario de ¢1.000 millones para liquidar a 78 funcionarios, cesados de mutuo acuerdo, con el propósito de reducir los gastos operativos.
Las circunstancias apuntan a la urgencia de decidir para qué se quiere un sistema de radio y televisión estatal y cómo mantenerlo fiel a sus fines. La lección aprendida sobre la agencia de publicidad y el manejo de la pauta estatal conduce a pensar en otras fuentes de financiamiento o, cuando menos, limitar la pauta de las instituciones estatales a un 10 % del presupuesto de publicidad e información.
Mejor sería destinar directamente al Sinart el 10 % del presupuesto estatal de publicidad e información y confiar en que el ahorro por la desaparición de la agencia compense los irrelevantes ingresos comerciales del sistema.
La búsqueda de fuentes de financiamiento más sanas solo tiene sentido si la reforma del Sinart se hace con la intención de recuperar los fines establecidos en el artículo 5 de la ley rectora de la entidad, creada para ofrecer “programas culturales, musicales, artísticos y deportivos, así como todos aquellos de interés académico, social, político y económico”, cuyo objetivo sea promover una serie de altos principios consagrados en la propia ley.
Para lograrlo es preciso garantizar a los medios del sistema independencia editorial. Solo así se erradicará la transmisión de programas propagandísticos, espacios de alabanza a las iniciativas gubernamentales, entrevistas complacientes con los jerarcas y muchas otras prácticas incompatibles con el buen ejercicio informativo y la legítima difusión de opinión y cultura.
La Asamblea Legislativa podría aprovechar el momento crítico de la institución para ir más allá de sacarle las castañas del fuego y hacer una reforma profunda, no solo para dar solución permanente al problema financiero, sino también para garantizar la fidelidad de la institución a los fines que justifican su existencia.
